En cuestión de días, Estados Unidos convirtió las aguas del Caribe en escenario de dos masacres. Catorce personas fueron asesinadas por misiles lanzados desde naves militares bajo la justificación de la “guerra contra el narcotráfico”. Ni pruebas, ni juicios, ni resistencia armada. Solo la palabra de Washington para presentar a las víctimas como “narcotraficantes” y “terroristas”. Una versión que, hasta ahora, carece de evidencias concretas.

La pregunta es inevitable: ¿qué ley internacional otorga a un país la licencia de ejecutar a personas bajo sospecha? La respuesta es clara. Ninguna. Los propios expertos de la ONU lo han dicho: el derecho internacional prohíbe las ejecuciones extrajudiciales, incluso si existiera la sospecha de tráfico de drogas. Sin embargo, Washington actúa como juez y verdugo en mares que no le pertenecen.

La ficción de la “pena de muerte preventiva”

El cinismo llega al extremo de aplicar, de facto, una pena de muerte preventiva. Preventiva porque ni siquiera se comprueba que haya drogas a bordo. ¿Cómo puede un satélite determinar si en una lancha hay cocaína? ¿Y si la embarcación solo transportaba pescadores, comerciantes o migrantes? Nadie lo sabe, porque los misiles no dejan testigos.

Lo más grave es que se normaliza la idea de que basta con etiquetar a alguien como “narcoterrorista” para justificar su eliminación física. ¿Qué diferencia hay entre esto y el sicariato que Washington dice combatir? En ambos casos se asesina sin juicio y sin pruebas.

Voces de la región en alerta

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no dudó en calificar los ataques de “asesinato”. Incluso admitiendo que pudiera haber drogas, subrayó que matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada jamás puede considerarse una operación legítima. Nicolás Maduro, por su parte, advirtió que la verdadera intención de Estados Unidos es fabricar un escenario de guerra que justifique un ataque directo contra Venezuela.

Ambos coinciden en algo: el Caribe, proclamado en 2014 como zona de paz, está siendo militarizado de manera unilateral, a espaldas de los países que deberían decidir sobre su propio destino.

Violaciones múltiples al derecho internacional

Las acciones del Comando Sur violan la Carta de la ONU, el derecho internacional del mar y los tratados de derechos humanos que consagran el derecho a la vida y al debido proceso. La fuerza letal solo se justifica en defensa propia frente a una amenaza inminente. Y aquí no hubo tal amenaza. Ni ataques contra Estados Unidos ni pruebas de que las embarcaciones fueran parte de carteles.

La desproporción es evidente. Mientras otros países incautan cargamentos sin matar a los tripulantes, Washington dispara proyectiles de largo alcance contra botes de pesca artesanal. La imagen de un destructor misilístico persiguiendo una lancha de madera resume mejor que nada el desequilibrio de poder y de ética.

¿Narcotráfico o excusa geopolítica?

El discurso del narcoterrorismo se convierte en un cheque en blanco para la intervención. Hoy son lanchas acusadas de transportar cocaína, mañana podría ser un barco venezolano, mexicano o colombiano, bajo el mismo pretexto. No es casual que Trump firmara una orden clasificada en agosto autorizando el uso de la fuerza contra carteles latinoamericanos en aguas internacionales.

En realidad, el narcotráfico es solo un disfraz. La estrategia apunta a consolidar presencia militar en una región rica en petróleo, gas y biodiversidad. El caso de Venezuela, acusada sin pruebas de ser un “narcoestado”, es una señal clara de que Washington utiliza la narrativa antidroga como antes usó la antiterrorista: para justificar cambios de régimen.

La gran contradicción

Mientras tanto, en Estados Unidos el consumo de fentanilo y otras drogas causa cerca de un millón de muertes. Los mismos que lanzan misiles en el Caribe son incapaces de controlar sus barrios devastados por la adicción. ¿No sería más lógico invertir en prevención y salud pública antes que en bombas? Pero es más fácil culpar al sur global y trasladar la guerra a territorios ajenos.

El verdadero liderazgo del narcotráfico lo tienen ellos, como recordó Petro, porque sin su demanda insaciable no existiría la oferta. Sin embargo, prefieren externalizar la culpa y presentarse como víctimas, mientras se erigen en verdugos.

Un precedente peligroso

El problema no es solo lo ocurrido en estas dos masacres. El verdadero riesgo es el precedente. Si un país puede bombardear sin pruebas a supuestos criminales en aguas internacionales, ¿qué impide que mañana se haga lo mismo contra líderes políticos incómodos, generales opositores o simples ciudadanos etiquetados como amenazas?

Hoy son “narcos”. Mañana, ¿quién decide quién merece morir? ¿Quién firma la licencia de matar?