En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, los chips se han convertido en un componente crítico para la economía y la seguridad nacional de los países. Estados Unidos, consciente de su creciente dependencia de las importaciones de chips desde Asia, particularmente de China, con quien sostiene una guerra comercial, ahora apuesta por chips hechos en Costa Rica para su industria tecnológica.
La Ley CHIPS, la respuesta de Washington a Beijing
La Ley CHIPS y Ciencia, promulgada por el presidente Joe Biden en agosto de 2022, representa una respuesta a los desafíos que enfrenta Estados Unidos en el campo de la fabricación de semiconductores. Esta iniciativa no solo busca fortalecer la industria de los microchips en suelo estadounidense, sino que también tiene profundas implicaciones comerciales y estratégicas en el ámbito internacional.
Un fondo millonario para la reindustrialización
La ley liberó un fondo de 52.700 millones de dólares en subvenciones para impulsar la construcción y expansión de plantas de fabricación de chips en Estados Unidos. Además, se creó un Fondo de 500 millones de dólares asignados para fomentar la fabricación y la investigación en países socios estratégicos durante los próximos cinco años.
Chips hechos en Costa Rica, una nueva estrategia
En este contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos escogió a Costa Rica como uno de sus socios estratégicos en el mercado de los semiconductores. Este pequeño país centroamericano reúne una serie de factores que lo convierten en un aliado valioso para Washington en su objetivo de reducir la dependencia de Asia en la fabricación de chips.
Costa Rica se destaca por su estabilidad política, su trayectoria positiva con empresas como Intel, que tiene su única planta de ensamble y prueba de chips en Occidente en territorio costarricense, y sus atractivas políticas comerciales y de atracción de inversiones. Estos factores han sido determinantes para que Estados Unidos deposite su confianza en los chips hechos en Costa Rica como uno de los pilares de su nueva estrategia tecnológica.
Además, la cercanía geográfica de Costa Rica con respecto a Estados Unidos representa una ventaja significativa en términos de la cadena de suministro de semiconductores. Esta proximidad facilita el transporte y reduce los riesgos asociados con las disrupciones en la logística global, una lección aprendida durante la pandemia de COVID-19.
La colaboración con Estados Unidos en el marco de la Ley CHIPS no solo tiene implicaciones geopolíticas, sino que también representa un impulso económico y tecnológico para Costa Rica.
Creación de empleos y crecimiento económico
Los chips hechos en Costa Rica le permiten al país aumentar las inversiones extranjeras, el crecimiento económico y su competitividad en el sector de los semiconductores. Esto, a su vez, favorecerá la creación de más y mejores empleos en un área de alta demanda y con un gran potencial de desarrollo.
Además, el acceso a fondos destinados a la investigación y el desarrollo en el campo de los semiconductores contribuirá a fortalecer la capacidad tecnológica de Costa Rica. Esta inversión en capital humano y conocimiento científico sentará las bases para que el país se consolide como un actor relevante en la industria de los microchips a nivel regional y global.
Desafíos y oportunidades en el futuro para chips hechos en Costa Rica
Si bien la alianza entre Estados Unidos y Costa Rica en el ámbito de los semiconductores presenta oportunidades significativas, también conlleva desafíos que deberán abordarse de manera estratégica.
La creciente competencia con China en el sector tecnológico y las tensiones geopolíticas en torno a Taiwán, principal productor mundial de chips, son factores que podrían influir en la dinámica de esta colaboración. Los chips hechos en Costa Rica deberán navegar hábilmente entre estos intereses divergentes para mantener su posición como socio confiable de ambas potencias.
