El conflicto en Gaza, marcado por una devastadora campaña militar, no solo ha provocado una crisis humanitaria de proporciones catastróficas, sino que también ha expuesto una red de intereses económicos que se beneficia directamente de la violencia.

Un reciente informe de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, puso al descubierto un entramado de empresas multinacionales de diversos sectores, desde el armamentístico hasta el energético y financiero, que ha contribuido de forma activa a lo que ella denomina una «economía de genocidio». La experta sostiene que este lucro corporativo no es un efecto secundario, sino un engranaje crucial que ha sostenido y legitimado durante décadas la ocupación y represión israelí.

Los hilos de un sistema lucrativo y destructivo en Gaza

La escalofriante tesis central del informe es que el sistema de ocupación de Israel en Gaza, basado en la explotación, ha mutado en una economía que se beneficia de la destrucción total. Esta dinámica se manifiesta de múltiples maneras. Albanese ha identificado a 48 empresas que han fallado en cumplir sus responsabilidades legales básicas.

La relatora subraya que, para algunos, el genocidio es rentabilidad. Esta afirmación se ve respaldada por un dato sorprendente: en los últimos 21 meses, la bolsa de Tel Aviv ha crecido más de doscientos por ciento. Las ganancias han sido multimillonarias. Esta prosperidad financiera se ha alcanzado mientras decenas de miles de vidas palestinas han sido arrasadas por la campaña militar.

Una de las áreas más críticas de esta red es el sector militar y tecnológico. El informe detalla cómo compañías de armas han suministrado tecnología esencial. Drones y sistemas coheteriles han facilitado el lanzamiento de una cantidad masiva de bombas sobre Gaza, seis veces la cantidad usada en Hiroshima.

En este contexto, gigantes de la defensa como Lockheed Martin y la empresa tecnológica Palantir han sido señaladas por su estrecha colaboración. El informe también hace hincapié en el papel de las empresas tecnológicas. Estas han utilizado datos de la población palestina para la guerra de inteligencia artificial. Expertos consideran esto un uso perverso de la tecnología en un entorno de conflicto.

La complicidad de otros sectores y la respuesta internacional

La economía de la guerra se extiende mucho más allá del ámbito militar. El reporte de la relatora de la ONU nombra a empresas de construcción que han provisto el equipo necesario para demoler barrios enteros en Gaza, reduciendo la infraestructura vital a escombros. De manera similar, empresas de energía han mantenido el bloqueo israelí. Esta decisión ha empeorado la crisis humanitaria. Incluso, empresas que a primera vista parecen neutrales, como las de turismo, son acusadas de normalizar el apartheid al operar en los territorios ocupados.

El informe también menciona a empresas latinoamericanas y españolas. Entre ellas están la mexicana Orbia, la brasileña Petrobras y el grupo español CAF. Orbia, a través de su filial Netafim, es señalada por contribuir a la explotación de recursos hídricos en Cisjordania. Por su parte, la constructora CAF es acusada de participar en proyectos de infraestructura que consolidan asentamientos ilegales y segregan a la población. Desde Colombia, las multinacionales Glencore y Drummond son mencionadas por continuar exportando carbón a Israel a pesar de la prohibición presidencial.

La comunidad internacional ha mostrado una respuesta dividida al informe de Albanese. Mientras que la relatora especial insta a los estados a implementar un embargo de armas completo y a sancionar a Israel, la administración de Donald Trump en EE.UU. ha reaccionado de forma contundente. Washington impuso sanciones contra Albanese y la acusó de antisemitismo. Israel, por su parte, ha rechazado de plano el informe, calificándolo de «infundado».

El llamado a la acción en Gaza y la rendición de cuentas

La financiación de la guerra también ha sido un componente clave para sostener la violencia. El informe argumenta que la compra de bonos del Tesoro israelí por parte de algunos de los bancos y fondos de inversión más grandes del mundo ha contribuido a mantener el conflicto. En este punto, el reporte cita a instituciones como BNP Paribas, Barclays y Vanguard.

El informe concluye con una dura advertencia y una serie de recomendaciones. Albanese sostiene que las empresas no pueden alegar neutralidad. Estas deben elegir si son parte de la maquinaria que permite los crímenes o si contribuyen a desmantelarla. El documento pide que se investigue y se procese a los ejecutivos de las corporaciones por su participación en crímenes internacionales.

La relatora advierte que el mundo se enfrenta a un momento decisivo: determinar si los mercados globales pueden operar sin promover o lucrarse de la injusticia y la impunidad. Es un espejo que refleja los fracasos morales y políticos de la comunidad global, y poner fin al genocidio, según el informe, requiere no solo indignación, sino la valentía de desmantelar lo que lo posibilita.