El buque N35, una embarcación dedicada la exploración subacuática de objetos de valor permanece retenida en Isla Margarita desde el pasado 13 de junio, tras ser interceptado por la Armada Bolivariana. La detención se produjo luego de que las autoridades militares detectaran que el navío navegaba en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Venezuela sin autorización oficial.

Según el almirante José Rafael Hernández Abchi, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular, la embarcación fue identificada el 28 de mayo a 50 millas náuticas del estado Delta Amacuro. El patrón de navegación registrado indicaba una posible operación de exploración submarina o científica, lo que motivó su seguimiento durante doce días antes de proceder al abordaje.

Sospechas de exploración subacuática cerca de un yacimiento en disputa

El gobierno venezolano sostiene que el buque podría haber estado recopilando información en una zona especialmente sensible: el área próxima al bloque petrolero Stabroek, en la región del Esequibo, territorio disputado entre Venezuela y Guyana. Las autoridades militares no descartan que el N35 estuviera explorando sin permiso en una zona que consideran estratégica por la reciente actividad de la petrolera ExxonMobil en la región.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó al N35 como una nave “sospechosa”, debido a su apariencia militar —está pintado de gris y lleva siglas al estilo de embarcaciones oficiales— a pesar de tratarse de un buque civil con bandera panameña.

Por el momento, no se ha presentado una acusación formal, pero tanto la tripulación como la embarcación permanecen bajo custodia preventiva en el puerto de El Guamache, en Isla Margarita. Diversos organismos estatales venezolanos han realizado inspecciones técnicas y administrativas a bordo.

Una tripulación multinacional bajo investigación

A bordo del N35 viajan nueve personas de nacionalidades española, panameña, húngara y holandesa. Entre ellos se encuentra Miguel Moreno Dapena, natural de Las Palmas de Gran Canaria, quien además de marinero es periodista y uno de los rostros más visibles del equipo. La tripulación ha mantenido la calma mientras espera una resolución por parte de las autoridades venezolanas.

La situación ha generado preocupación tanto por las implicaciones diplomáticas del caso como por el impacto económico. Cada día de retención representa una pérdida operativa significativa para los propietarios del buque, una empresa con sede en Europa que se dedica a recuperar metales valiosos y restos históricos del fondo del mar.

Un barco especializado en exploración subacuática

Aunque la detención es el punto central del caso, el N35 no es una embarcación común. Se trata de un antiguo buque de apoyo offshore reconvertido para tareas de rastreo submarino. Opera principalmente en aguas internacionales y zonas económicas exclusivas, evitando siempre aguas territoriales, y suele descargar sus hallazgos en puertos como el de Las Palmas de Gran Canaria.

Entre sus equipos cuenta con grúas capaces de descender hasta los 1.000 metros, retroexcavadoras, escáneres de alta resolución, robots sumergibles y tecnología de posicionamiento dinámico, que permite situar el barco con precisión sobre un objetivo sumergido.

La tripulación emplea mapas históricos, diarios navales y registros de la Segunda Guerra Mundial para localizar naufragios que puedan contener materiales valiosos como cobre, plomo, armamento en desuso o reliquias históricas. Sus operaciones han despertado recelo en varios países, que temen posibles actividades ilegales o de contrabando.

La exploración subacuática, una industria con vacíos legales y tensiones crecientes

La detención del N35 pone en evidencia los vacíos regulatorios que rodean la actividad de exploración subacuática. Si bien se trata de una industria en crecimiento, las operaciones en zonas económicas exclusivas requieren autorizaciones específicas que no siempre son claras ni uniformes entre países. exploración subacuática

Además, la presencia de recursos estratégicos —como los yacimientos petroleros— convierte estas misiones en temas delicados desde el punto de vista geopolítico. La combinación de intereses económicos, tecnología avanzada y zonas en disputa hace que la línea entre la legalidad y la infracción sea difícil de trazar.

Mientras continúa la custodia del buque en Venezuela, el caso del N35 podría marcar un precedente sobre los límites de la exploración privada en mares donde la soberanía y los recursos naturales están en juego.