En pocos lugares del mundo se repite con tanta frecuencia el mismo patrón: mandatarios que ascienden al poder como figuras mesiánicas, símbolos de cambio, y que años después acaban tras los barrotes de una cárcel o bajo la sombra de condenas que los excluyen de la política. América Latina, con sus transiciones democráticas incompletas, sus instituciones frágiles y una cultura política marcada por el caudillismo, lidera el listado mundial de presidentes presos.
El caso más reciente, el del brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado tras desconocer su derrota electoral en 2022, confirma una tendencia que atraviesa la región. Desde la prisión de Barbadillo en Perú —que ya es apodada la “cárcel de los presidentes”— hasta las celdas de Curitiba donde estuvo Luiz Inácio Lula da Silva, América Latina muestra una colección de líderes que en algún momento tocaron el poder y luego fueron procesados por corrupción, abuso de poder o intentos de perpetuarse en el cargo.
Perú, el epicentro del fenómeno de presidentes presos
Presidentes peruanos juzgados y encarcelados
Quizás ningún país represente mejor esta dinámica que Perú. Desde Alberto Fujimori, extraditado desde Chile y sentenciado a 25 años por violaciones de derechos humanos y corrupción, hasta los más recientes Pedro Castillo y Martín Vizcarra, todos han pasado por Barbadillo. A ellos se suman Alejandro Toledo y Ollanta Humala, también condenados en procesos vinculados a la red de sobornos de Odebrecht.
La cárcel limeña se ha convertido en un símbolo de la inestabilidad política: cinco expresidentes en menos de tres décadas han sido juzgados, encarcelados o mantenidos en prisión preventiva. En el Perú contemporáneo, la figura presidencial parece más cercana a la puerta giratoria de tribunales que al retiro solemne de un estadista.
Brasil, de la gloria al desprestigio
En Brasil, los giros son dramáticos. Lula da Silva, que salió de prisión tras una condena anulada por defectos procesales, regresó al poder en 2023. Michel Temer y Fernando Collor de Mello también enfrentaron juicios y condenas. Y ahora Jair Bolsonaro, primer expresidente brasileño condenado por golpismo, enfrenta una sentencia que podría marcar el final de su carrera política.
El bolsonarismo, sin embargo, no ha desaparecido. Como ocurre a menudo en América Latina, la prisión no siempre significa la muerte política de un líder. Puede, incluso, fortalecer su narrativa de víctima de persecución.
Bolivia, la caída de Jeanine Áñez
El caso boliviano muestra otro matiz. Jeanine Áñez, quien asumió la presidencia tras la salida de Evo Morales en 2019, fue condenada en 2022 a diez años de prisión por decisiones tomadas durante su gobierno interino. Sus defensores alegan persecución política, mientras que sus críticos señalan que violó normas constitucionales y facilitó la represión en protestas que dejaron decenas de muertos.
El caso de Áñez refleja cómo en Bolivia las disputas políticas terminan en tribunales. A diferencia de otros países donde las condenas se centran en corrupción, en La Paz la narrativa gira en torno a la legitimidad misma del acceso al poder.
Ecuador, entre el correísmo y la revancha judicial
En Ecuador, el expresidente Rafael Correa fue condenado en ausencia a ocho años de prisión por corrupción en el caso conocido como Sobornos 2012-2016. La sentencia, que él denuncia como un montaje político, lo mantiene exiliado en Bélgica y fuera de la vida electoral.
Correa es quizá el ejemplo más claro del lawfare en el imaginario regional. Para unos, fue un proceso legítimo contra un líder que tejió redes clientelares en torno a contratos estatales. Para otros, se trató de un juicio acelerado, con fines de impedirle volver al poder en un país polarizado.
A esto se suma el caso de Abdalá Bucaram, investigado por corrupción y tráfico de influencias, que también forma parte de la larga lista de presidentes ecuatorianos enfrentados con la justicia.
Centroamérica y el Caribe, el turno de las islas y los istmos
Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala que estuvo en prisión
En El Salvador, Antonio Saca fue condenado por corrupción. En Guatemala, Otto Pérez Molina cayó por un escándalo de fraude aduanero que indignó al país entero. En Panamá, Ricardo Martinelli enfrenta procesos judiciales que lo han marginado de las boletas presidenciales.
El Caribe no es ajeno. En Haití, varios exmandatarios enfrentaron juicios por desvío de fondos y abusos de poder. La fragilidad institucional ha sido un terreno fértil para que las denuncias se conviertan en cárcel.
¿Justicia o herramienta política?
La pregunta inevitable es si estos procesos responden a un genuino fortalecimiento del Estado de derecho o si, por el contrario, son mecanismos de lucha política para sacar de escena a competidores.
En América Latina abundan ejemplos de ambos fenómenos. Por un lado, los juicios contra Fujimori o Pérez Molina fueron producto de investigaciones sólidas, con pruebas documentadas de corrupción o violaciones graves. Por otro, casos como los de Lula o Cristina Fernández de Kirchner muestran cómo las acusaciones pueden convertirse en armas en una batalla política interminable, donde los tribunales terminan siendo parte del campo de juego.
El llamado lawfare, el uso estratégico de la justicia para inhabilitar a adversarios, se ha instalado en el vocabulario político regional. Para unos, representa un avance en la lucha contra la impunidad. Para otros, es la confirmación de que las elites utilizan las instituciones judiciales para perpetuar la polarización y decidir quién puede competir y quién no.
Comparación global, un récord latinoamericano
La lista mundial de expresidentes encarcelados revela la magnitud del fenómeno en el continente. Mientras en Europa o Norteamérica los casos son aislados, en América Latina suman decenas. África también muestra ejemplos, pero vinculados a golpes militares o dictaduras. En Asia, los juicios se concentran en países como Corea del Sur o Pakistán.
Ninguna región, sin embargo, acumula tantos presidentes tras las rejas en democracia como América Latina. El contraste habla de un doble rasgo: por un lado, un sistema judicial que en ocasiones logra procesar a las elites políticas; por otro, democracias frágiles, donde la cárcel se convierte en parte del guion de las transiciones de poder.
Los factores estructurales
Corrupción endémica
La corrupción sigue siendo el hilo conductor. Desde contratos inflados de Odebrecht hasta redes de sobornos aduaneros, la trama muestra cómo los presidentes se beneficiaron de sistemas diseñados para enriquecer a las élites.
Polarización política
La fragmentación social y el personalismo hacen que cada líder vea al adversario como enemigo. En ese contexto, la justicia se convierte en un campo más de batalla.
Instituciones débiles
Aunque las fiscalías y cortes se han fortalecido en algunos países, siguen siendo vulnerables a presiones políticas. La independencia judicial es aún un terreno en disputa.
La herencia del caudillismo
La cultura política latinoamericana, marcada por líderes fuertes y proyectos personalistas, facilita tanto los excesos en el poder como las reacciones drásticas cuando caen en desgracia.
¿Hacia una normalización del encarcelamiento presidencial?
Que un expresidente termine preso ya no sorprende en América Latina. El fenómeno parece haberse normalizado. En lugar de representar una anomalía, se ha vuelto un componente del ciclo político regional: llegar con promesas de cambio, gobernar en medio de crisis, enfrentar denuncias y acabar en tribunales.
Esa normalización, sin embargo, tiene un costo. Por un lado, puede enviar la señal de que la justicia alcanza incluso a los más poderosos. Pero también puede erosionar la confianza ciudadana en la política misma, al consolidar la percepción de que todos los presidentes son corruptos o autoritarios.
El dilema latinoamericano
América Latina encabeza la lista de presidentes tras las rejas porque combina dos factores: corrupción real y uso político de la justicia. Ni lo uno ni lo otro por sí solos explican el fenómeno. La región enfrenta el dilema de avanzar hacia una justicia independiente, capaz de sancionar sin favoritismos, o seguir atrapada en el ciclo de persecuciones y venganzas políticas.
El encarcelamiento de presidentes refleja, en última instancia, la dificultad latinoamericana para construir instituciones sólidas y democracias maduras. Mientras tanto, cada nuevo caso —de Lima a Brasilia— refuerza la imagen de un continente donde la cárcel y la presidencia se han vuelto, lamentablemente, destinos demasiado cercanos.
