El Gobierno de Estados Unidos movió 12.267 bitcoins, valorados en unos 1.010 millones de dólares. El resultado en el mercado fue inmediato, porque la criptomoneda perdió aproximadamente un 3 % de su valor y cayó por debajo de 81.300 dólares. Los expertos consideran que la transferencia alimentó el temor a una venta de gran escala, aunque los fondos terminaron en direcciones nuevas sin identificar como plataformas de intercambio. Hasta ahora, no hay una liquidación confirmada.

La incertidumbre sobre el destino de esos mil millones de dólares en Bitcoin añadió preocupación a un mercado que ya retrocedía. El episodio muestra cómo los movimientos de un gran tenedor pueden alterar las expectativas incluso antes de que exista evidencia de una operación de compraventa.

Una transferencia en Bitcoins que deja preguntas abiertas

Los datos de Arkham situaron el origen de los fondos en una cartera vinculada con las autoridades estadounidenses y al decomiso del caso Bitfinex. El seguimiento de Lookonchain identificó dos nuevas direcciones con aproximadamente 6.000 y 6.267 BTC.

Esos registros permiten conocer cuánto se trasladó y dónde quedaron las monedas. Sin embargo, no aclaran quién controla finalmente los monederos receptores ni qué instrucciones acompañaron el movimiento.

La distinción resulta decisiva para interpretar su alcance. Una reorganización de custodia, una restitución o la preparación de otra transferencia son posibilidades compatibles con los datos disponibles. Presentar el envío como una venta consumada convertiría una sospecha del mercado en un hecho sin demostrar.

También se han reportado operaciones distintas hacia Coinbase Prime. Sus importes y períodos difieren, por lo que no corresponde sumarlas automáticamente al traslado de 12.267 BTC. Además, la plataforma ofrece servicios de custodia institucional; recibir activos tampoco prueba que se haya ejecutado una orden de venta.

En realidad, Bitcoin ya seguía una trayectoria descendente antes de la transferencia estadounidense. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y de los precios del petróleo presionaba a los activos de riesgo.

Por tanto, atribuir toda la caída del precio del Bitcoin al movimiento de Washington excedería la evidencia disponible. Los fondos se desplazaron durante una jornada bajista y despertaron temores, pero no existe información suficiente para calcular cuánto del retroceso respondió a ese episodio.

La preocupación tiene una lógica económica. Si un tenedor coloca miles de bitcoins en el mercado, los compradores deben absorber esa oferta adicional. Una liquidación considerable podría presionar el precio. El temor a que ocurra introduce incertidumbre, aunque su efecto concreto en esta jornada sigue sin cuantificarse.

Las estimaciones citadas sitúan las tenencias estadounidenses entre 319.000 y 325.000 BTC. Esa magnitud explica por qué sus movimientos reciben atención, pues cualquier decisión sobre una parte relevante de esos fondos podría modificar las expectativas de oferta.

El origen judicial condiciona el destino de esos Bitcoins

Los bitcoins trasladados proceden del hackeo de Bitfinex de 2016, cuando fueron robados casi 120.000 BTC. Los investigadores federales recuperaron más de 94.000 en 2022. Arkham identificó en septiembre de este año otra recuperación de aproximadamente 12.267 BTC, prácticamente la cantidad movilizada ahora.

Existe, además, una posible obligación de restitución. En enero de 2025, fiscales estadounidenses defendieron que los activos incautados debían devolverse a Bitfinex.

La orden ejecutiva de marzo de 2025 prohíbe vender los bitcoins incorporados a la Reserva Estratégica, pero contempla excepciones relacionadas con decisiones judiciales y compensaciones a víctimas. Tampoco permite asumir que cualquier moneda decomisada ya integre esa reserva.

El mercado tendrá que observar qué ocurre con las direcciones receptoras. Una nueva transferencia, una resolución judicial o una explicación oficial podrían aclarar el propósito del envío. Mientras tanto, interpretar cada movimiento multimillonario como una liquidación deja fuera información esencial sobre la custodia, la situación jurídica de los activos y su destino efectivo.