En la Amazonía boliviana, un bosque que durante generaciones ha proporcionado alimentos, recursos y sustento a sus habitantes tiene ahora el valor económico del carbono que almacena. Empresas e intermediarios pueden convertir la conservación de ese territorio en créditos comercializables en el mercado internacional, donde compradores buscan compensar parte de sus emisiones contaminantes.

El Gobierno de Bolivia pretende aprovechar ese potencial para atraer inversiones. La administración del presidente Rodrigo Paz ha planteado obtener entre 15.000 y 25.000 millones de dólares durante los próximos 25 años, mediante mecanismos vinculados con la conservación de los bosques amazónicos y de la Chiquitania.

La iniciativa podría abrir nuevas fuentes de financiación ambiental en un país afectado por la deforestación y los incendios forestales. Pero su desarrollo también ha provocado conflictos con pueblos indígenas que denuncian negociaciones poco transparentes y contratos que podrían limitar su capacidad de decidir sobre territorios protegidos durante décadas.

¿Qué es el mercado de créditos de carbono en Bolivia?

El mercado de carbono permite que empresas y, bajo determinadas reglas, gobiernos compren créditos asociados a proyectos que reducen emisiones de gases de efecto invernadero, evitan que se produzcan o retiran dióxido de carbono de la atmósfera.

Cada crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO₂e). Su precio depende del tipo de proyecto, la calidad de la certificación, la demanda internacional y las condiciones de negociación.

En el caso de Bolivia, buena parte del interés se concentra en sus extensos bosques amazónicos, capaces de almacenar grandes cantidades de carbono. Cuando un bosque se destruye, parte de ese carbono termina liberándose a la atmósfera. Por eso, evitar la deforestación puede generar beneficios climáticos susceptibles de certificarse y comercializarse.

El mecanismo funciona en varios pasos. Primero una comunidad indígena, una organización o una entidad pública desarrolla un proyecto para proteger una superficie forestal amenazada. Luego debe demostrar cuánta deforestación se produciría previsiblemente sin esa intervención y qué cantidad de emisiones podría evitarse gracias al proyecto.

Posteriormente, se realizan mediciones y verificaciones mediante metodologías reconocidas. Si las reducciones cumplen los requisitos establecidos, pueden convertirse en créditos de carbono negociables.

Esos créditos se ofrecen a compradores interesados en financiar reducciones de emisiones. Entre ellos pueden encontrarse empresas que buscan compensar parte de su huella climática o gobiernos que utilizan mecanismos internacionales de cooperación previstos en el Acuerdo de París.

Un ejemplo de cómo funcionaría el negocio en Bolivia

Supongamos que un proyecto de conservación forestal en la Amazonía boliviana logra demostrar y certificar que evitó la emisión de 100.000 toneladas de CO₂e.

Eso permitiría generar 100.000 créditos de carbono en Bolivia. Si cada crédito se comercializara a un precio hipotético de diez dólares, la operación produciría ingresos brutos de un millón de dólares.

El dinero podría destinarse a financiar la protección del bosque, la vigilancia ambiental, proyectos productivos o servicios comunitarios. Sin embargo, de ese ingreso también habría que descontar los costos de preparación, medición, certificación, administración e intermediación.

La cantidad que finalmente recibirían las comunidades dependería de los contratos y de las reglas de distribución de beneficios.

El Gobierno de Rodrigo Paz pretende transformar la conservación de sus recursos forestales en una fuente de financiamiento internacional que ayude a mejorar la maltrecha economía del país sudamericano. Sus proyecciones contemplan ingresos potenciales de miles de millones de dólares durante las próximas décadas, aunque esas estimaciones dependen de la capacidad para desarrollar proyectos certificados y encontrar compradores.

El Decreto Supremo 5264, aprobado en octubre de 2024, estableció una estructura institucional para registrar proyectos, verificar reducciones de emisiones y gestionar créditos de carbono. También asignó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas competencias para su negociación.

En este esquema, los ingresos no llegarían necesariamente de forma directa al presupuesto nacional. Dependiendo del proyecto y de las disposiciones aplicables, podrían beneficiar a entidades públicas, desarrolladores privados y comunidades participantes.

Precisamente ahí aparece uno de los principales conflictos.

En territorios indígenas como el TIM II, los bosques pertenecen colectivamente a comunidades que los han habitado y conservado durante generaciones. Empresas, fundaciones e intermediarios pueden ofrecerse a organizar proyectos, gestionar certificaciones y buscar compradores internacionales a cambio de participar en los ingresos.

El problema surge cuando los contratos no establecen con suficiente transparencia qué porcentaje recibirá cada parte, quién controlará la venta de los créditos o qué obligaciones asumirán las comunidades durante décadas.

Así, el mercado que Bolivia presenta como una oportunidad para financiar la conservación también plantea una pregunta sobre la distribución de sus beneficios ¿Quién ganará dinero con el carbono almacenado en los territorios indígenas y cuánto llegará a sus habitantes?