El gobierno de Bolivia ha comenzado 2025 con un paquete de medidas económicas que prometen ser el eje de su estrategia para enfrentar la prolongada crisis que atraviesa el país. Con la aprobación de cinco decretos en la primera reunión del gabinete de ministros, el ejecutivo busca no solo aliviar la presión sobre la economía nacional, sino también fomentar un sistema financiero más inclusivo y solidario. Estas iniciativas llegan en un contexto marcado por la inflación, la escasez de dólares y los conflictos sociales.
Un sistema financiero con impacto social
Uno de los decretos más destacados del nuevo paquete económico establece que el 6% de las utilidades netas de los bancos, que en 2024 sumaron aproximadamente 336 millones de dólares, se destinarán a funciones sociales. Esta medida, que equivale a una inyección de 20 millones de dólares, tiene como objetivo ampliar las oportunidades financieras para los sectores menos favorecidos.
El presidente Luis Arce defendió la medida como un paso hacia la construcción de un sistema financiero inclusivo que beneficie a todos los bolivianos. «Nuestro objetivo es promover un desarrollo equitativo que incluya a quienes más lo necesitan», señaló el mandatario en una publicación en redes sociales.
Esta decisión no es arbitraria, sino que se enmarca en la Ley de Servicios Financieros, que obliga a las entidades bancarias a destinar anualmente un porcentaje de sus utilidades a fines sociales, según lo determine un decreto. Además, el enfoque está alineado con las demandas de una población golpeada por la crisis económica y la creciente desigualdad.
Medidas para dinamizar sectores clave en Bolivia
El paquete de decretos no se limita al ámbito financiero. Otros cuatro decretos buscan incentivar el desarrollo económico en sectores estratégicos como la agroindustria, la construcción, la minería y la energía.
Uno de los decretos elimina los aranceles para la importación de bienes de capital destinados a sectores productivos, una medida que busca fortalecer la industria nacional y reducir costos operativos. Otro decreto suprime el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la importación de hidrocarburos como gasolina y diésel. Esta acción no solo beneficia a las empresas nacionales, sino también a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), aliviando la carga económica de importar combustibles.
Biodiésel y sostenibilidad energética
En línea con la diversificación energética, un tercer decreto elimina los aranceles para la importación de equipos destinados a la producción de biodiésel. Esta medida responde a la necesidad de avanzar hacia una matriz energética más sostenible, especialmente después de un año marcado por la escasez de combustibles que afectó gravemente al sector agrícola.
El último decreto aprobado reglamenta la Ley del Presupuesto General del Estado 2025, permitiendo a las empresas públicas el uso de activos virtuales o dólares en sus transacciones. Esto busca brindar mayor flexibilidad en el manejo de recursos en un contexto de crisis de liquidez.
Una crisis económica prolongada en Bolivia
Estas medidas llegan en un momento crítico para Bolivia. Desde hace dos años, el país enfrenta una aguda crisis económica, alimentada por la escasez de dólares y el colapso de la industria petrolera, que durante más de una década fue el pilar de su bonanza económica.
En 2024, Bolivia registró una inflación acumulada del 9,97%, la más alta en casi tres décadas. A esto se sumó la caída de las reservas internacionales netas, que pasaron de más de 15.000 millones de dólares en 2014 a menos de 2.000 millones en diciembre de 2024.
La crisis también generó desabastecimientos periódicos de combustible, lo que afectó la producción agrícola y otros sectores estratégicos. Además, la población sufrió un incremento sostenido en los precios de productos básicos, agravando la desigualdad social.
Un año marcado por los conflictos sociales
La situación económica también desencadenó un récord de 563 conflictos sociales en 2024, según la Defensoría del Pueblo. La mayoría de estos enfrentamientos estuvo vinculada a la escasez de dólares, la inflación y la falta de combustible.
Las protestas, que incluyeron bloqueos de caminos, huelgas y marchas, reflejan el creciente descontento social. Sectores como transportistas, amas de casa y comerciantes lideraron las movilizaciones, demandando soluciones inmediatas a la crisis.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo identificó violaciones a derechos fundamentales como el acceso al trabajo, la educación, la salud y los servicios básicos. Estas tensiones, según los expertos, podrían intensificarse en 2025 debido al clima electoral.
Mirando hacia el futuro
Pese a las dificultades, el presidente Arce se muestra optimista sobre la capacidad del país para recuperarse. En su balance de fin de año, calificó 2024 como uno de los más duros de la última década, pero aseguró que 2025 será el año del “restablecimiento de la estabilidad económica”.
Los nuevos decretos representan un esfuerzo por trazar una hoja de ruta hacia la recuperación. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad del gobierno para generar confianza en una población golpeada por la crisis.
Bolivia enfrenta un desafío titánico: equilibrar las demandas sociales con las limitaciones económicas. El enfoque en la inclusión financiera y el estímulo a sectores productivos es un paso en la dirección correcta, pero el camino hacia la estabilidad aún es largo y lleno de incertidumbres.
