Florida ha aprobado una ley que marca un antes y un después en sus relaciones con países considerados “hostiles”. El gobernador Ron DeSantis firmó la normativa CS/CS/SB 768, que entrará en vigor el 1 de julio, con el propósito declarado de proteger la seguridad del estado frente a posibles amenazas extranjeras. En ese afán, Cuba ha sido colocada en el centro del radar, junto a otras seis naciones.
“Países de preocupación”: un nuevo cerco geopolítico
La lista negra que establece la ley incluye a China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba. Esta clasificación implica que Florida no solo se distanciará políticamente, sino que implementará restricciones concretas en sectores clave como salud, ciencia, tecnología e infraestructura estatal.
La ley prohíbe expresamente que laboratorios públicos utilicen software de secuenciación genética desarrollado en esos países o por compañías domiciliadas en ellos. La disposición se extiende a cualquier empresa estatal o privada vinculada a esas jurisdicciones, lo que implica una exclusión total de tecnología genética de origen cubano del sistema científico y de salud pública floridano.
Ciencia con pasaporte vetado
Uno de los aspectos más polémicos de la legislación es su impacto en el mundo académico y tecnológico. Investigadores, científicos y emprendedores cubanos —incluso los cubanoamericanos— podrían quedar marginados de colaboraciones con instituciones de Florida. Aunque muchos desarrollos científicos de la isla no están presentes directamente en el mercado estadounidense, el simbolismo y la proyección de esta medida son contundentes: aislar tecnológicamente a Cuba.
Además, la ley refuerza la supervisión sobre inversiones, prohibiendo cualquier relación financiera o comercial con entidades relacionadas directa o indirectamente con los países en cuestión. Esto afecta también a hospitales, clínicas y proveedores de servicios médicos que deben garantizar que sus inversionistas no tengan vínculos con las naciones vetadas.
Contratos públicos bajo lupa
A partir del 15 de octubre, la administración pública de Florida no podrá firmar ni renovar contratos con empresas con participación o control por parte de los países en la lista. La medida se extiende incluso a subsidiarias o casas matrices, aunque no participen directamente en el contrato. Desde equipos médicos hasta sistemas informáticos, todo estará sujeto a esta nueva normativa, que busca eliminar cualquier posible “puerta trasera” a la influencia extranjera.
Registro obligatorio de agentes extranjeros
Como complemento, la ley incorpora una disposición que obliga a cualquier persona u organización que actúe como agente de un país de preocupación a registrarse ante el Departamento de Estado de Florida. Este registro —que debe actualizarse cada 90 días— incluye información detallada sobre fuentes de financiamiento, afiliaciones y actividades económicas o políticas. Se trata de un nivel de escrutinio que recuerda los mecanismos de vigilancia de la Guerra Fría.
La comunidad cubanoamericana en el epicentro
Florida, donde reside la mayor comunidad de origen cubano en Estados Unidos, se convierte así en terreno de tensión política e ideológica. La ley fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras legislativas, lo que evidencia un consenso político en torno a la desconfianza hacia Cuba. Sin embargo, las repercusiones pueden ser amplias y duraderas, afectando tanto a los vínculos científicos como a las oportunidades de negocios e investigación de decenas de profesionales con lazos con la isla.
