El Ministerio de Comercio Interior (Mincin) publicó la Resolución 56/2024, una normativa que redefine el comercio mayorista en la isla y establece restricciones significativas para las mipymes en Cuba, las cooperativas no agropecuarias (CNA) y los trabajadores por cuenta propia (TCP). Aunque presentada como una medida para «ordenar» el comercio, esta disposición ha generado preocupación en diversos sectores de la economía y ha sido ampliamente criticada por expertos y empresarios. ¿Es esta una solución a los problemas económicos de Cuba o un paso más hacia el colapso del sector privado?
El fin del comercio mayorista privado de las mipymes en Cuba
La Resolución 56/2024 cancela todas las licencias de comercio mayorista otorgadas como actividad secundaria a mipymes, CNA y TCP. Además, establece que las actividades de comercio mayorista solo podrán llevarse a cabo con participación directa del Estado, eliminando la posibilidad de que los privados negocien entre sí o con otros actores no estatales.
El impacto es inmediato: los empresarios afectados tienen 120 días hábiles para liquidar inventarios relacionados con esta actividad, y quienes deseen continuar operando bajo las nuevas reglas deberán firmar contratos obligatorios con entidades estatales.
Participación estatal obligatoria en las mipymes en Cuba
Uno de los elementos más polémicos de la normativa es la intermediación estatal forzosa. Las mipymes que deseen seguir en el comercio mayorista deben hacerlo exclusivamente con entidades estatales, las cuales actuarán como intermediarios monopólicos. Según el gobierno, esta medida busca reducir la inflación al limitar lo que consideran un «ánimo desenfrenado de lucro» en el sector privado.
Justificación oficial del gobierno
El gobierno cubano ha argumentado que las mipymes y otros actores privados, debido a su acceso al mercado informal de divisas y su capacidad para importar, han generado distorsiones en la economía. Según el primer ministro Manuel Marrero, estas prácticas han contribuido al aumento de la inflación, en lugar de reducirla.
La normativa también se presenta como una oportunidad para que los privados aprovechen la infraestructura estatal, como transporte y almacenamiento, supuestamente para disminuir costos y beneficiar a la población.
Promesas difíciles de cumplir con las mipymes en Cuba
La Resolución también busca consolidar el control estatal sobre el comercio, lo que, según sus promotores, permitirá mayor regulación de precios y garantizará una mayor equidad en el acceso a productos esenciales.
El retroceso del emprendimiento
Lejos de incentivar el desarrollo económico, esta medida representa un claro retroceso para el sector privado en Cuba. Las mipymes en Cuba y los TCP han sido actores clave en la economía, abasteciendo alimentos, bienes y servicios que el Estado no ha podido garantizar. Al limitar su capacidad de operar de forma autónoma, el gobierno está reduciendo su efectividad como motor económico.
La intermediación estatal obligatoria genera desconfianza entre los empresarios, quienes han señalado la falta de eficiencia del sector estatal, conocido por sus problemas logísticos, burocráticos y de impago.
Impacto en los precios
Aunque la medida busca frenar la inflación, los expertos advierten que podría tener el efecto contrario. Al eliminar la flexibilidad del sector privado y restringir la oferta de bienes, es probable que los precios aumenten debido a la falta de competencia y las ineficiencias del modelo estatal.
El economista Pedro Monreal ha señalado que esta resolución no solo discrimina al sector privado, sino que también asfixia su capacidad para operar en igualdad de condiciones con los actores estatales.
Riesgos financieros y logísticos para las mipymes en Cuba
Los empresarios enfrentan riesgos significativos al depender de un sistema estatal que históricamente ha demostrado fallas. Las demoras en la logística, la falta de combustible y los problemas de pago son solo algunos de los desafíos que agravan las preocupaciones.
Además, las reglas fiscales actuales, como la tasa de cambio oficial, complican aún más las operaciones de los privados, quienes no pueden competir bajo condiciones tan desfavorables.
Cierres masivos de negocios
Más de 100,000 licencias comerciales serán canceladas, según datos oficiales, lo que podría provocar el cierre de miles de negocios. Esto no solo afecta a los empresarios, sino también a los trabajadores y consumidores que dependen de estos servicios.
Mayor dependencia estatal
En un contexto donde el Estado enfrenta serias limitaciones financieras y logísticas, depender del sector privado para abastecer su propia infraestructura parece una estrategia riesgosa. Sin embargo, este modelo limita la innovación y autonomía empresarial, y perpetúa una economía ineficiente y centralizada.
La medida ha sido interpretada como un intento de reforzar el control estatal a costa del sector privado. Esto podría generar un aumento en la frustración social, especialmente en un momento donde los cubanos ya enfrentan graves dificultades económicas.
¿Dónde están los Pros para las mipymes en Cuba?
Aunque el gobierno asegura que esta medida permitirá una mayor coordinación entre el sector estatal y el privado, la falta de claridad sobre los mecanismos de implementación y los antecedentes de ineficiencia estatal generan serias dudas. Algunos empresarios reconocen que la colaboración con el Estado podría, en teoría, facilitar el acceso a infraestructura y logística. Sin embargo, esta «alianza» no debería ser obligatoria, sino fruto de acuerdos voluntarios y mutuamente beneficiosos.
Otra medida negativa para las mipymes en Cuba
La Resolución 56/2024 es un claro ejemplo de cómo una política pública mal diseñada puede tener consecuencias devastadoras. Al restringir el comercio mayorista privado y reforzar el control estatal, esta medida limita la capacidad de innovación, eficiencia y resiliencia del sector privado en Cuba.
Lejos de resolver los problemas económicos de la isla, esta normativa podría agravar la inflación, reducir la oferta de bienes y provocar el cierre de negocios esenciales. Además, pone en riesgo la confianza de los emprendedores en un sistema que no ofrece garantías de equidad ni estabilidad.
Si bien la economía cubana enfrenta desafíos estructurales que requieren soluciones urgentes, medidas como esta solo parecen perpetuar el estancamiento, profundizar las desigualdades y reforzar un modelo económico que no ha demostrado ser sostenible. En lugar de cerrar puertas, el gobierno debería buscar políticas que fomenten la cooperación, el crecimiento y la inclusión económica.
