El embargo de Estados Unidos contra Cuba no es una explicación suficiente para entender la crisis económica de la isla, pero tampoco puede reducirse a una excusa fabricada por el Gobierno cubano. Su impacto se manifiesta en combustible que no llega, bancos que bloquean pagos, navieras que abandonan rutas, piezas industriales detenidas y empresas extranjeras que prefieren retirarse antes que exponerse a sanciones.

Entre marzo de 2025 y febrero de 2026, las autoridades cubanas estimaron en 8.083 millones de dólares los daños ocasionados por esta política, un 7 % más que en el periodo anterior. El cálculo acumulado desde el inicio del embargo asciende a 178.700 millones de dólares a precios corrientes.

Esas cifras provienen del Gobierno cubano y no existe un mecanismo independiente que permita auditar cada componente. Pero su posible margen de discusión no invalida el problema central y es que Cuba opera dentro de una economía internacional en la que muchas empresas, bancos y aseguradoras consideran riesgoso cualquier vínculo con la isla.

El costo invisible de cada operación

El embargo no impide únicamente que Cuba compre determinados productos estadounidenses. Su efecto más dañino aparece en la extraterritorialidad. Una empresa de Europa, Canadá o Asia puede actuar bajo las leyes de su país y, aun así, evitar negocios con La Habana por temor a perder acceso al mercado estadounidense, enfrentar multas o quedar excluida del sistema financiero.

Ese riesgo obliga a Cuba a recurrir a intermediarios, pagar por adelantado, aceptar mayores costos de transporte y utilizar circuitos bancarios más complejos. Una mercancía que podría adquirirse directamente termina pasando por varios proveedores, mientras las transferencias deben fragmentarse o procesarse mediante instituciones dispuestas a asumir un riesgo adicional.

El resultado no siempre aparece como una prohibición formal. En muchos casos, se expresa como sobreprecio, demora o cancelación.

La retirada de grandes navieras internacionales como la alemana Hapag-Lloyd y la francesa CMA CGM ilustra ese efecto. Cuando disminuyen las compañías dispuestas a operar con Cuba, se reducen las rutas disponibles, aumentan los fletes y se encarece tanto la importación como la exportación. Piezas necesarias para reparar la termoeléctrica Antonio Guiteras quedaron varadas en Francia, mientras contenedores de ron destinados al mercado exterior no pudieron salir de la isla.

El cerco energético multiplica la crisis

La falta de combustible es uno de los puntos donde la presión externa se convierte con mayor rapidez en deterioro social. Cuba tiene aproximadamente 1.400 megavatios de generación distribuida que no pueden utilizarse plenamente porque los grupos electrógenos, motores y unidades flotantes requieren diésel o fuel oil.

Esta capacidad inutilizada es significativa en un país donde los apagones pueden superar las 20 horas diarias en amplias zonas. Pero el problema energético no termina en la electricidad. Sin corriente se dificulta bombear agua, conservar alimentos, producir bienes, mantener las telecomunicaciones y sostener servicios hospitalarios.

Sin combustible tampoco pueden moverse los productos ya disponibles. Unos 170 contenedores de bienes esenciales, valorados en 6,3 millones de dólares, quedaron sin distribuir por limitaciones logísticas. A la vez, 11.000 toneladas de alimentos del Programa Mundial de Alimentos avanzaban a un ritmo inferior al necesario debido a la falta de transporte.

El efecto económico es acumulativo. La escasez impide producir; la baja producción reduce los ingresos; la falta de ingresos limita nuevas compras de combustible y materias primas. El país queda atrapado en un ciclo en el que cada interrupción profundiza la siguiente.

Las restricciones también alcanzan la seguridad alimentaria. Las dificultades para adquirir trigo y distribuir harina provocaron que los territorios recibieran alrededor del 50 % de sus necesidades. El peso del pan racionado disminuyó de 80 a 60 gramos, una reducción especialmente significativa para familias que dependen de los alimentos subsidiados.

En salud, el impacto es todavía más sensible. De los 395 medicamentos producidos en Cuba, unos 300 se encontraban en falta por problemas para adquirir materias primas e insumos. Más de 100.000 personas esperaban cirugías electivas o reconstructivas, entre ellas 5.152 pacientes oncológicos y cerca de 12.000 niños.

Otros 2.888 pacientes de hemodiálisis enfrentaban dificultades en un tratamiento que depende de agua, electricidad, equipamiento y suministros importados. También estaba comprometido el programa de inmunización, integrado por 16 vacunas.

Los datos más graves se relacionan con la mortalidad infantil y el cáncer. La tasa de mortalidad infantil pasó de 4 a 9,9 por cada mil nacidos vivos, mientras la supervivencia de niños y jóvenes con cáncer cayó del 85 % al 65 %.

No obstante, presentar esa evolución como consecuencia exclusiva del embargo sería analíticamente débil. El deterioro hospitalario, la emigración de profesionales, la deficiente gestión, el envejecimiento tecnológico y la reducción de inversiones internas también forman parte del problema.

Menos inversiones, exportaciones y caída del turismo con el embargo

El endurecimiento de las sanciones reduce además las posibilidades de recuperación. Empresas mineras, petroleras y turísticas han limitado o abandonado operaciones en Cuba. La salida de socios extranjeros implica menos capital, menos acceso a tecnología y menores ingresos en divisas.

La minería ofrece un ejemplo claro. Las presiones sobre proyectos vinculados al níquel, el zinc y otros recursos afectan sectores con capacidad exportadora. Si las empresas extranjeras temen recibir sanciones por generar ingresos para el Estado cubano, el país pierde una de las pocas vías disponibles para captar financiamiento.

El turismo también ha recibido el impacto combinado de la escasez de combustible, la reducción de vuelos y la salida de administradoras hoteleras como la canadiense Blue Diamond, mientras las españolas Meliá e Iberostar redujeron notablemente su presencia en el país. Pero este sector expone igualmente las contradicciones de la política económica cubana. Durante años, el Gobierno destinó cuantiosos recursos a ampliar la planta hotelera mientras se deterioraban la generación eléctrica, la agricultura y la infraestructura hidráulica.

El embargo encarece y obstaculiza la actividad turística. La decisión de priorizar nuevas habitaciones en medio de una crisis de servicios básicos pertenece, sin embargo, a las autoridades cubanas.

La presión estadounidense es real y afecta principalmente a una población sin capacidad para modificarla. Pero el Gobierno cubano suele utilizarla como una explicación total, incluso para problemas derivados de decisiones nacionales.

La baja productividad agrícola, la falta de incentivos, los controles excesivos, la dualidad cambiaria, la burocracia y la ineficiencia empresarial no fueron creados por Washington. Tampoco lo fueron la lentitud de las reformas ni la desconfianza institucional hacia el sector privado.

El embargo actúa sobre una economía que ya era vulnerable. Amplifica cada falla, encarece cada error y reduce el margen para corregirlo. Pero no obliga al Gobierno a mantener estructuras improductivas ni a retrasar transformaciones.

La lectura más rigurosa evita las dos simplificaciones. No puede afirmarse que la crisis cubana sea únicamente consecuencia de una mala gestión interna, porque las sanciones generan costos concretos y restringen opciones de desarrollo. Tampoco puede sostenerse que toda carencia sea responsabilidad de Estados Unidos, porque décadas de políticas fallidas han debilitado la capacidad nacional para responder.

Cuba enfrenta una economía castigada desde fuera y mal administrada desde dentro. El embargo dificulta la recuperación. Las decisiones del Gobierno cubano impiden que el país aproveche plenamente los pocos espacios que todavía conserva. En esa combinación se encuentra una parte esencial de la crisis actual.