La Estafa de Andorra, el documental que narra el hundimiento del banco offshore BPA por parte de los gobierno de España y Estados Unidos
En 2015, el Banco Privado de Andorra (BPA) cayó en desgracia. Una investigación de lavado de dinero organizada por Estados Unidos y España estableció que esa institución financiera era culpable. El resultado fue la intervención.
Cinco años después, la intervención del BPA sigue siendo polémica. Así lo reflejó el cineasta Eric Merola, en el documental La Estafa de Andorra. En esta obra, que puede verse gratuitamente en YouTube, el realizador defiende una tesis de conspiración contra el BPA. Para sustentar sus criterios se basa en los testimonios de empleados del BPA, en el momento de la intervención.
Según Merola, su documental cuenta la historia de un “banco asesinado por los gobiernos españoles, americano y andorrano, entre las maniobras para destruir el movimiento independentista catalán”.
Una de los exempleados del BPA que aparece en el documental es Pablo Laplana, ex subdirector del banco quien aclaró que “el simple hecho de abrir una cuenta en un banco offshore no implica que se esté haciendo algo incorrecto”. En el audiovisual se aclara que la práctica de utilizar cuentas bancarias offshore está generalizada entre políticos, empresarios y celebridades del deporte y el espectáculo. Supuestamente el mundo offshore comenzó a ser mucho más vigilado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, contra las Torres Gemelas.
Este hecho impulsó la creación de la Ley Patriota en EE.UU. En la sección 311 de esa ley se otorga poder al Departamento del Tesoro para declarar non grato a un banco extranjero. Además, la ley contempla que EE.UU. exigirá a otros gobiernos medidas contra ese banco.
Una de las ideas defendidas en el documental es que la sección 311 ha sido utilizada por EE.UU. para reafirmar su hegemonía económica. Uno de los ejemplos analizados en La Estafa de Andorra es el del banco HSBC. Esta institución reconoció haber lavado 881 millones de dólares al Cártel de Sinaloa. No obstante, el Departamento del Tesoro nunca aplicó la 311 contra el HSBC, que continúa operando sin problemas.
En realidad, según Merola, EE.UU. “solo se ataca a los bancos pequeños, en países pequeños donde su cierre no causa problema disruptivo general financiero. Y en este sentido, los grandes bancos que actúan mal tienen permiso implícito, mientras que los pequeños, aunque no actúan mal, son acusados y no tienen forma de enderezar la situación”.
Los exempleados y exdirectivos del BPA entrevistados para el documental reconocen que nunca previeron el cierre abrupto del banco. El 10 de marzo de 2015, el Departamento del Tesoro emitió una nota de acusación contra el BPA.
Poco después, el presidente del Consejo General del Principado de Andorra y María Cosan, directora de la entidad nacional de supervisión financiera, intervinieron el banco y bloquearon los fondos de los clientes. Posteriormente solo permitieron la extracción de 2.500 euros por semana de cada cuenta.
Los directivos del BPA les aseguraron a las autoridades que con esas medidas estaban dañando a la mayoría de sus clientes. Según el BPA, esta mayoría estaba conformada por pequeños empresarios que depositaron en el BPA sus ahorros para la jubilación. Esta tesis fue confirmada también por el abogado Giovanni Caporaso Gottlieb que afirma que la mayoría de cuentahabientes en los bancos offshore son micro empresarios, aunque la mayor parte del capital es de grandes patrimonios.