El Código de las Familias, incluyendo los matrimonios igualitarios, será sometido el 25 de septiembre a un referendo popular

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) de Cuba aprobó por unanimidad la versión definitiva del denominado Código de las Familias.

Los diputados respaldaron la versión 25 de este paquete legislativo para regular las relaciones interpersonales y que incluye el matrimonio igualitario. También la adopción por parejas homosexuales y la gestación subrogada.

La normativa pasó por una amplia consulta popular entre febrero y abril, en la que participaron 6,4 millones de personas. Así lo indicó el ministro cubano de Justicia, Oscar Silvera. Esto ante el pleno de la ANPP, entre los que se encontraban el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y su antecesor, Raúl Castro.

Silvera explicó que a raíz de esta consulta popular «fue modificado el 47,93 % del texto general y el 49,15 % del total de sus artículos».

De aprobarse en septiembre, el Código de las Familias sustituirá a la norma vigente desde 1975.

El código es la única norma sometida a referendo entre las 70 actualizadas tras la entrada en vigor en 2019 de la nueva Constitución. Entre las que se encuentran instrumentos legales tan sensibles como el nuevo Código Penal.

Durante la consulta se registraron 336.595 intervenciones de los electores, y fueron recogidas 434.000 propuestas. Silvera indicó que el 61,9 % de las opiniones ciudadanas se pronunciaron a favor de la norma.

El Gobierno ha desplegado una importante campaña mediática que desborda las pantallas, los periódicos e incluso a los programas especiales. Todos dedicados a explicar cada detalle de los 471 artículos de la normativa, buscando un respaldo mayoritario.

El proyecto ha generado polémica entre quienes no aceptan el matrimonio gay y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Así como aun sucede entre algunos grupos religiosos.

También lo rechazan algunos grupos feministas que reclaman una ley específica de violencia de género y la tipificación específica del feminicidio como delito. Aunque el Gobierno considera que ya existen instrumentos para castigar este tipo de delitos. Algunos opositores y activistas también se han posicionado en contra de esta normativa, por provenir del gobierno.