El gobierno cubano anunció una serie de nuevas regulaciones para el sector privado que entrarán en vigor el próximo 19 de septiembre. Estas medidas, que afectan tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) como a los trabajadores por cuenta propia (TCP), imponen nuevas restricciones y amplían el listado de actividades prohibidas para los privados en Cuba. No son pocos los que creen que este nuevo escenario, como fue vaticinado antes, podría acabar con el emprendimiento privado en el país caribeño.
Cambios clave para las mipymes
Una de las medidas más polémicas es la obligación de las mipymes de registrar todas sus operaciones en una cuenta bancaria corriente. Esta política de bancarización se extiende también a la comercialización de bienes y servicios, que deberá realizarse principalmente en pesos cubanos, con algunas excepciones.
«El no emplear canales digitales de pago o no utilizar la cuenta fiscal constituyen delitos previstos en la nueva legislación», explicó un funcionario del recién creado Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales. Esta institución, presidida por la exvicepresidenta cubana Mercedes López Acea, será la encargada de dirigir y controlar la política estatal para el desarrollo del sector no estatal.
Regulación de precios y actividades
Las mipymes deberán establecer sus precios siguiendo las reglas del Ministerio de Finanzas y Precios, una medida que busca evitar la especulación y mantener cierto control sobre la inflación. Además, se les prohíbe explícitamente involucrarse en actividades que puedan atentar contra la Seguridad del Estado.
Nuevos requisitos para socios
Ahora, los socios de las mipymes deberán ser cubanos con «residencia efectiva» o extranjeros con residencia permanente en el país. Este requisito podría afectar a empresarios cubanos que pasan largos períodos fuera de la isla.
Cambios para los trabajadores por cuenta propia
Los TCP enfrentan nuevas restricciones, incluyendo un límite de tres empleados en total, sean familiares o no. Además, se les prohíbe asociarse entre sí mediante contratos para actividades permanentes, una práctica que era común anteriormente.
Se elimina la facultad de importar y exportar para los TCP, quienes ahora deben comercializar exclusivamente en pesos cubanos y utilizar canales de pago electrónicos. También se les prohíbe la venta al por mayor, limitando así su capacidad de crecimiento.
Actividades prohibidas para los privados en Cuba
A pesar de la supuesta apertura económica, en realidad crece el total de actividades prohibidas para los privados en Cuba. Estas restricciones abarcan diversos sectores:
Recursos naturales y energía
La explotación de minas y canteras, incluyendo la extracción de petróleo y gas natural, sigue siendo dominio exclusivo del Estado. Lo mismo ocurre con la generación y distribución de energía eléctrica de origen fósil.
Industria y manufactura
Se mantienen prohibiciones en la fabricación de productos farmacéuticos, armas, municiones, explosivos, vehículos automotores, buques y aeronaves.
Salud y educación
Los servicios de salud, incluyendo actividades médicas, odontológicas y farmacéuticas, siguen siendo prerrogativa del Estado. Lo mismo aplica para la mayoría de las actividades educativas.
Comunicaciones y medios
La edición de libros, periódicos y revistas, así como las transmisiones de radio y televisión y los servicios de telecomunicaciones, permanecen bajo control estatal.
Finanzas y seguros
Las actividades bancarias, de seguros y reaseguros continúan siendo áreas restringidas para el sector privado.
Implicaciones y reacciones de las actividades prohibidas para privados en Cuba
Estas nuevas regulaciones han generado reacciones mixtas en la comunidad empresarial cubana. Mientras algunos ven las medidas como un paso hacia una mayor formalización y control del sector privado, otros temen que las restricciones puedan sofocar el crecimiento y la innovación.
Perspectivas futuras
El gobierno cubano ha presentado estas medidas como un paso necesario para integrar el sector privado en la economía planificada del país. Sin embargo, el éxito de esta política dependerá en gran medida de cómo se implemente y de la capacidad de adaptación de los empresarios cubanos.
