Ecuador y Colombia aplican, desde este 1 de febrero, aranceles recíprocos del 30 % a decenas de productos, dando inicio a una guerra comercial entre dos socios históricos de la región andina. La medida afecta un intercambio bilateral cercano a los 2.800 millones de dólares anuales y añade una nueva fuente de tensión económica en un contexto ya marcado por problemas de seguridad y energía.
El conflicto no surgió por disputas comerciales tradicionales, como subsidios, dumping o desequilibrios arancelarios. Su origen está vinculado a un desacuerdo político y de seguridad que terminó trasladándose al comercio exterior.
Cómo empezó la guerra comercial
El detonante fue la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel general del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia. El gobierno ecuatoriano calificó la medida como una “tasa de seguridad” y la justificó por lo que considera una falta de cooperación colombiana en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.
Según la posición oficial de Quito, Ecuador enfrenta directamente los efectos del crimen organizado transnacional mientras Colombia no adopta acciones suficientes para contenerlo en su territorio. Bajo ese argumento, el comercio fue utilizado como herramienta de presión política.
La reacción de Bogotá fue inmediata. El gobierno colombiano anunció aranceles recíprocos del 30 % a un grupo amplio de productos ecuatorianos y suspendió la exportación de energía eléctrica hacia Ecuador, que oscila entre 240 y 320 megavatios hora.
Colombia rechazó la acusación de falta de cooperación en seguridad y defendió su actuación conjunta con fuerzas ecuatorianas en operaciones contra el narcotráfico. Desde su perspectiva, la decisión ecuatoriana fue unilateral y rompió los mecanismos de diálogo existentes.
Qué productos y sectores están afectados por la guerra comercial
El intercambio comercial entre ambos países es asimétrico. Colombia exporta a Ecuador alrededor de 1.800 millones de dólares al año, mientras que las exportaciones ecuatorianas rondan los 900 millones. Los nuevos aranceles impactan directamente en ese flujo.
Ecuador importa desde Colombia medicamentos, insumos hospitalarios, cosméticos, plásticos y productos industriales clave para su cadena productiva. Con el arancel del 30 %, estos bienes se encarecen y afectan tanto a empresas como a consumidores.
Del lado colombiano, los aranceles golpean exportaciones ecuatorianas como arroz, aceites vegetales, azúcar, plátano, calzado, neumáticos y aluminio. Colombia es el segundo destino de las exportaciones no petroleras de Ecuador, por lo que la medida reduce el acceso a un mercado relevante.
La guerra comercial no se limita a los aranceles. La suspensión del suministro eléctrico colombiano tiene un impacto directo en Ecuador, que depende en parte de esa energía, especialmente en momentos de tensión en su sistema eléctrico.
Para compensar, Ecuador debe recurrir a generación térmica, una alternativa más costosa. Autoridades colombianas estiman que esta sustitución puede costar a Ecuador millones de dólares diarios.
Quito respondió elevando de forma abrupta la tarifa para el transporte de crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, utilizado por Ecopetrol para mover unos 12.000 barriles diarios. Esta decisión incrementa los costos de operación del petróleo colombiano.
Gremios empresariales y cámaras de comercio de ambos países han pedido retomar el diálogo. Advierten que la guerra comercial puede provocar alzas de precios, desabastecimiento, pérdida de competitividad y afectaciones al empleo, especialmente en zonas fronterizas.
También alertan sobre el riesgo de aumento del contrabando y la informalidad si el comercio formal se encarece o se vuelve inviable.
¿Cuál puede ser la posible solución del conflicto?
Las medidas adoptadas por ambos gobiernos chocan con los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones, que establecen un régimen de libre comercio entre sus miembros. De mantenerse el conflicto, la secretaría de la CAN podría intervenir y exigir el levantamiento de los aranceles.
Esto introduce un elemento de incertidumbre adicional, ya que una eventual resolución regional podría dejar sin efecto decisiones ya aplicadas, con costos económicos difíciles de revertir.
Más allá de los aranceles, el conflicto pone en tensión una relación comercial estratégica y afecta la previsibilidad que necesitan las empresas para invertir y operar. La guerra comercial añade presión a economías que ya enfrentan desafíos fiscales, energéticos y de seguridad.
Mientras no se restablezca el diálogo, el comercio entre Ecuador y Colombia seguirá condicionado por decisiones políticas que trascienden el ámbito económico y cuyos efectos recaen directamente sobre empresas y consumidores de ambos países.
