La implementación de la Ley GENIUS, el primer marco federal de Estados Unidos para regular las stablecoins, volvió a entrar en una zona de demora después de que la Asociación de Banqueros Estadounidenses pidiera 60 días adicionales para comentar las normas que definirán su aplicación.

La fecha clave está ahora en la Oficina del Contralor de la Moneda —conocida por sus siglas en inglés, OCC—, el regulador federal encargado de supervisar a los bancos nacionales en Estados Unidos. Esa oficina abrió el 25 de febrero una ventana de comentarios sobre una propuesta regulatoria de 376 páginas y tenía previsto cerrarla este próximo 1 de mayo.

Si el proceso se extiende, el mercado podría seguir sin reglas finales hasta 2027, justo cuando bancos, emisores cripto y empresas buscan claridad para usar stablecoins como infraestructura de pagos.

Una ley aprobada que todavía no puede operar plenamente

La Ley GENIUS fue aprobada en 2025 con la promesa concreta de ordenar el mercado de stablecoins en Estados Unidos después de años de incertidumbre. Su objetivo es establecer reglas federales para emisores, reservas, auditorías y supervisión. En teoría, eso debería dar mayor confianza a empresas, bancos, usuarios y reguladores.

Pero una ley no transforma el mercado por sí sola. Necesita normas de implementación. Y ahí está el conflicto. La propuesta de la OCC traduce la Ley GENIUS en requisitos operativos. Incluye estándares de reservas, reglas de custodia, umbrales de capital y facultades de supervisión. Es decir, define cómo deberán funcionar los emisores que quieran operar dentro del sistema estadounidense.

El punto central es el respaldo 1:1. Cada stablecoin deberá estar respaldada por activos líquidos de alta calidad. Esa exigencia busca evitar que el mercado repita episodios de fragilidad por reservas poco claras o insuficientes. También se prevén auditorías periódicas y control por parte de entidades autorizadas.

Para el ecosistema cripto, la claridad regulatoria podría ser una puerta de entrada a una adopción más amplia. Para la banca tradicional, en cambio, el mismo proceso abre la amenaza de que las stablecoins compitan con los depósitos y con los sistemas de pago que históricamente han controlado las instituciones financieras.

El pedido de los bancos cambia el calendario de la Ley GENIUS

La Asociación de Banqueros Estadounidenses no pidió una pausa general por simple cautela. El argumento del sector es que varias agencias federales están avanzando al mismo tiempo en reglas vinculadas a las stablecoins, pero muchas de esas propuestas dependen del marco final de la OCC.

Según los bancos, comentar reglas del Tesoro, la FDIC, FinCEN u OFAC sin conocer primero la versión definitiva de la OCC dificulta evaluar el impacto conjunto del nuevo sistema regulatorio. Por eso solicitan más tiempo para analizar cómo interactuarán todas las normas antes de fijar posición.

La solicitud puede parecer burocrática, pero tiene consecuencias concretas. La Ley GENIUS entraría en vigor 120 días después de emitidas las reglas finales o 18 meses después de su promulgación. Si el proceso regulatorio se estira, la aplicación completa podría moverse hacia enero de 2027.

Ese calendario importa porque las stablecoins se están desplazando del uso puramente cripto hacia funciones más amplias. Ya no son solo instrumentos para operar dentro de exchanges. También son vistas como vías de pago, herramientas de tesorería corporativa y mecanismos para mover valor de manera más rápida que en los rieles bancarios tradicionales.

La propuesta de la OCC introduce una estructura de licencias de dos niveles. Los emisores con más de 10.000 millones de dólares en stablecoins en circulación necesitarían una licencia federal. Las compañías más pequeñas podrían operar bajo regímenes estatales, siempre que esos marcos sean certificados por el Tesoro, la Reserva Federal y la FDIC.

Este diseño busca equilibrar dos objetivos. Por un lado, controlar a los grandes emisores con capacidad de impacto sistémico. Por otro, permitir que actores más pequeños sigan participando sin quedar atrapados en una carga regulatoria imposible de asumir.

También hay una decisión relevante para la adopción empresarial y es que el peso del cumplimiento recaería sobre los emisores, no sobre comerciantes ni operadores de infraestructura de pago. Para una empresa que evalúa aceptar stablecoins, esa diferencia es decisiva. Reduce el riesgo de quedar expuesta a una supervisión compleja solo por utilizar este tipo de activo como canal de pago.

La falta de claridad legal ha sido, precisamente, uno de los principales frenos. Muchas tesorerías corporativas han observado las stablecoins como una opción eficiente, pero sin una guía federal formal el salto a una adopción masiva sigue siendo difícil.

El debate más delicado está en el rendimiento. La Ley GENIUS prohíbe pagar intereses directos a los tenedores de stablecoins. Sin embargo, permite ciertas recompensas vinculadas al uso de plataformas, y esa zona de interpretación mantiene enfrentados a bancos y empresas cripto.

Para la banca, cualquier beneficio que se parezca a un rendimiento puede competir con los depósitos. Si una stablecoin ofrece incentivos atractivos, los usuarios podrían preferir mantener liquidez en plataformas digitales antes que en cuentas bancarias tradicionales.

La industria cripto defiende otra lectura. Sostiene que las recompensas por uso no son necesariamente intereses, sino incentivos comerciales para fomentar adopción, actividad y permanencia en una plataforma.

La diferencia no es menor. Si los reguladores aceptan una interpretación flexible, las stablecoins podrían ganar atractivo frente a productos financieros tradicionales. Si imponen límites estrictos, el mercado crecería bajo reglas mucho más parecidas a las de la banca convencional.

La Ley Clarity, que busca definir cómo se clasifican los activos digitales y cómo se reparten competencias entre la SEC y la CFTC, también está trabada por desacuerdos similares. Su retraso confirma que el problema no se limita a las stablecoins. Estados Unidos aún no ha cerrado una arquitectura regulatoria coherente para los activos digitales.

Lo que está en juego con la Ley GENIUS

Esta ley puede convertirse en el punto de partida de una nueva etapa para las stablecoins en Estados Unidos. Pero el retraso muestra que el verdadero debate no es solo técnico. Se está definiendo quién tendrá ventaja en el futuro del dinero digital.

Si las reglas finales ofrecen seguridad jurídica sin bloquear la innovación, las stablecoins podrían avanzar como infraestructura de pagos para empresas, usuarios y plataformas financieras. Si el proceso se alarga o termina capturado por el temor bancario, el mercado seguirá atrapado entre una ley aprobada y una aplicación incompleta.

La disputa es cripto-financiera en el sentido más amplio. No se trata únicamente de regular tokens estables, sino de decidir si las stablecoins serán una extensión vigilada del sistema bancario tradicional o una infraestructura capaz de competir con él desde fuera.