Madagascar se ha convertido en el primer y único país en aprobar una ley que impone la castración quirúrgica a violadores de niños menores de 10 años. La normativa, que entró en vigor en febrero de 2024, ha generado un intenso debate tanto dentro del país como en la comunidad internacional. Mientras que algunos sectores la defienden como un mecanismo disuasorio, otros la critican por considerarla inhumana y contraria a los derechos humanos.
El contexto de una ley extrema
El gobierno de Madagascar justificó la medida como respuesta al alarmante aumento de casos de abuso infantil. Según datos recientes, la mayoría de las víctimas son niños prepubescentes, incluidos bebés, y en el 92 % de los casos los agresores identificados son hombres. Estas cifras han generado una gran preocupación en la sociedad malgache, que exige sanciones más severas contra los violadores.
El presidente Andry Rajoelina impulsó la ley como una prioridad de su nuevo mandato, enfatizando la necesidad de una acción contundente contra los agresores sexuales de menores. Sin embargo, la medida no estuvo exenta de controversia, con una fuerte oposición por parte de la comunidad médica y organismos de derechos humanos.
El malestar de los médicos ante la castración quirúrgica
Uno de los puntos más polémicos de la ley es la imposición de la castración quirúrgica, lo que ha generado rechazo dentro del gremio médico. Varios cirujanos han manifestado su negativa a realizar estas intervenciones, argumentando que no deben ocupar «el lugar del verdugo». Desde un punto de vista ético, sostienen que la castración solo debe realizarse con fines médicos y no como un castigo legal.
Una ley con varios niveles de aplicación
La normativa establece diferentes niveles de castración según la edad de la víctima:
- Para violadores de niños menores de 10 años, la castración es quirúrgica y obligatoria.
- Para víctimas entre 10 y 13 años, se puede optar por castración quirúrgica o química.
- En el caso de víctimas entre 13 y 18 años, se impone la castración química.
Esta diferenciación refleja la intención del gobierno de aplicar un castigo proporcional a la gravedad del delito, aunque los críticos argumentan que la medida no soluciona el problema de fondo del abuso infantil.
Rechazo internacional y argumentos en contra de la castración quirúrgica
Desde su aprobación, la ley ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Francia, Chile y España expresaron sus reservas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuestionando la compatibilidad de la normativa con los tratados internacionales firmados por Madagascar.
Amnistía Internacional calificó la castración obligatoria como un «trato cruel, inhumano y degradante», señalando que no existen pruebas de que estas medidas reduzcan los delitos sexuales. Además, alertaron sobre el riesgo de que la ley se utilice de manera arbitraria o discriminatoria en el sistema judicial malgache.
Por otro lado, la Iglesia Católica de Madagascar se pronunció en contra de la medida, comparándola con la tortura y argumentando que atenta contra la dignidad humana.
Otros países y la castración quirúrgica
Si bien Madagascar es el primer país en imponer la castración quirúrgica de manera obligatoria, otras naciones han adoptado leyes que permiten la castración química para agresores sexuales reincidentes. Estados Unidos, Corea del Sur, Polonia y Rusia tienen legislaciones que contemplan la administración de medicamentos para reducir la libido en condenados por delitos sexuales graves.
A diferencia de la castración quirúrgica, la química es reversible en algunos casos y su aplicación suele ser voluntaria o como parte de una reducción de condena. Sin embargo, sigue siendo una medida controvertida en el ámbito de los derechos humanos.
¿Solución o síntoma de un problema más profundo?
Los defensores de la ley en Madagascar argumentan que las penas previas no eran suficientes para frenar el incremento de los abusos infantiles y que los agresores merecen castigos ejemplares.
No obstante, los críticos advierten que la castración quirúrgica no aborda las causas estructurales del abuso infantil, como la pobreza, la falta de educación sexual y la deficiencia del sistema judicial. Además, alertan sobre los riesgos de aplicar castigos irreversibles en sistemas judiciales con fallos e irregularidades.
Mientras la ley sigue generando polémica, Madagascar ha trazado una línea clara entre el abuso infantil y el abuso a menores en general, imponiendo la pena más dura a los violadores de niños más pequeños. La discusión está lejos de terminar y plantea un dilema fundamental: ¿es la castración una solución efectiva o simplemente una reacción extrema ante un problema social que requiere respuestas más integrales?
