Estados Unidos ha intensificado una vez más su estrategia de asfixia económica al reimponer sanciones a Venezuela, en el sector petrolero, la principal fuente de ingresos del país. Esta medida deja en evidencia el doble discurso de Washington y su uso de medidas coercitivas unilaterales como instrumento de presión política.
Las sanciones a Venezuela, un arma de doble filo
La decisión de no renovar la Licencia General 44, que durante seis meses había permitido a Venezuela vender parcialmente su petróleo en los mercados internacionales, se justifica, según Washington, por el supuesto incumplimiento del gobierno venezolano de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Barbados para la celebración de elecciones presidenciales “libres”.
Sin embargo, diversos analistas advierten de las potenciales consecuencias negativas de esta medida, tanto para la economía global como para los propios intereses estadounidenses. En un contexto de alta volatilidad en los mercados energéticos, la reimposición de sanciones podría profundizar la crisis energética en Estados Unidos y Europa, sometidos a una escalada de precios que amenaza con disparar aún más la inflación.
Acusaciones contra los opositores venezolanos
Uno de los principales argumentos esgrimidos por Washington para justificar la reimposición de sanciones a Venezuela es la supuesta persecución y hostigamiento de la oposición venezolana por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Se denuncia la inhabilitación de líderes opositores como María Corina Machado y Corina Yoris, así como la detención de miembros de sus equipos de campaña.
Desde Caracas, las autoridades han rechazado las acusaciones de Washington. Denuncian que la verdadera intención de las sanciones a Venezuela es desestabilizar al país e intentar un cambio de régimen a través de un «golpe económico».
El propio Maduro ha acusado a la oposición venezolana de actuar como instrumento de esta estrategia desestabilizadora. El mandatario señaló que la inhabilitación de candidatos opositores responde a su vinculación con los intentos de derrocarlo por la vía insurreccional en 2019 y 2020. Además, el gobierno ha intensificado la lucha contra la corrupción de políticos.
Un diálogo de sordos
A pesar de los intentos de diálogo impulsados por Maduro, la reimposición de sanciones evidencia la profunda desconfianza que persiste entre Washington y Caracas. Mientras Estados Unidos insiste en exigir elecciones libres e inclusivas, el gobierno venezolano denuncia la pretensión colonialista de controlar su industria petrolera a través de un sistema de licencias condicionadas.
En este contexto, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ha rechazado enérgicamente la «extorsión» que supone la utilización de las licencias petroleras como mecanismo de presión, exigiendo el levantamiento de las «criminales, ilegales e injustas medidas coercitivas unilaterales» contra Venezuela.
Con un plazo de 45 días para el cierre ordenado de operaciones, la reimposición de sanciones a Venezuela deja abierta la posibilidad de una futura renegociación. Sin embargo, las posturas de ambas partes parecen cada vez más irreconciliables, augurando un prolongado estancamiento en las relaciones bilaterales y una mayor erosión de la confianza en el diálogo como vía de solución.
