El Reino Unido se suma a la creciente tendencia global de endurecer las regulaciones para confiscar criptomonedas, especialmente las utilizadas en actividades delictivas. La próxima entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa, el próximo 26 de abril, marca un hito significativo en este sentido.

Un mayor alcance para confiscar criptomonedas

Una de las disposiciones clave de esta nueva legislación es la capacidad de las autoridades británicas para congelar y confiscar criptomonedas vinculadas con actividades ilícitas, sin necesidad de una condena previa. Esto representa un cambio sustancial con respecto a los procedimientos actuales, que requieren una sentencia judicial o un arresto previo para proceder con la confiscación.

Esta medida busca agilizar los procesos de incautación y evitar que los delincuentes puedan mover u ocultar sus activos digitales antes de que las autoridades puedan actuar. En investigaciones sensibles al tiempo, una orden de congelamiento rápida podría marcar la diferencia entre recuperar o perder los fondos involucrados.

Aumenta el espectro de delitos

Además de los delitos ya contemplados, como el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y la ciberdelincuencia, la nueva ley también incluye disposiciones para abordar el uso de criptomonedas en actividades relacionadas con el terrorismo. Las autoridades tendrán la facultad de confiscar criptomonedas bajo las disposiciones de la lucha contra el terrorismo, así como la posibilidad de tomar posesión de otros activos que puedan ayudar en la localización de criptoactivos.

Otra novedad significativa es la introducción de órdenes civiles de recuperación, que permitirán a las autoridades confiscar criptomonedas relacionadas con actividades delictivas, independientemente de si se logra una condena penal. Esto es especialmente relevante en casos en los que los sospechosos se encuentran fuera del alcance de la justicia británica, ya sea por haber huido del país o por operar desde el extranjero.

Además, las autoridades podrán confiscar criptomonedas directamente de exchanges y proveedores de billeteras custodiadas, lo que podría facilitar el proceso de recuperación de activos digitales. En casos extremos, incluso se contempla la opción de destruir los criptoactivos, generalmente transfiriéndolos a una dirección de billetera de quema.

Reforzar la lucha contra el crimen económico

Estas nuevas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio del gobierno británico por combatir los delitos económicos y la opacidad financiera. El año pasado, el Reino Unido destinó aproximadamente 124 millones de dólares para fortalecer la lucha contra el crimen económico, pero según expertos, aún se requerirán más recursos para contar con un sistema robusto en este ámbito.

Es importante destacar que las autoridades británicas ya han confiscado cientos de millones de libras en criptomonedas vinculadas a actividades delictivas. Sin embargo, se espera que las nuevas facultades derivadas de la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa permitan incrementar significativamente estas cifras.

Retos y preocupaciones sobre ley para confiscar criptomonedas

No obstante, algunas voces han expresado preocupaciones sobre la capacidad de las autoridades británicas para abordar eficazmente los delitos relacionados con criptomonedas. Un ciudadano británico víctima de fraude cripto declaró recientemente que las autoridades del país podrían estar «mal equipadas» para manejar este tipo de casos contra residentes del Reino Unido.

Además, existe el riesgo de que los delincuentes simplemente trasladen sus activos a jurisdicciones con una regulación menos estricta en materia de criptomonedas, lo que podría socavar los esfuerzos de las autoridades británicas.

Un paso hacia una regulación más integral

La nueva ley forma parte de una estrategia más amplia del gobierno británico para regular el sector de las criptomonedas. Recientemente, el Secretario Económico del Tesoro, Bim Afolami, reveló que el gobierno tiene como objetivo completar la regulación sobre stablecoins y el staking de criptomonedas en los próximos seis meses, antes de las elecciones previstas para 2025.

Esta iniciativa refleja la creciente preocupación de las autoridades por los riesgos asociados a las criptomonedas, así como la necesidad de establecer un marco regulatorio sólido que proteja a los inversores y combata el uso indebido de estos activos digitales.