Veintinueve años después de su creación, la llamada Lista Clinton vuelve a ocupar el centro de la escena latinoamericana. Lo que nació en 1995 como un mecanismo para golpear las finanzas del narcotráfico colombiano, hoy se reconfigura como una herramienta de presión política. La amenaza del expresidente estadounidense Donald Trump de incluir al mandatario colombiano Gustavo Petro y a su familia en esa lista marca un giro peligroso: el uso de sanciones financieras para disciplinar gobiernos incómodos.

En Washington, sectores republicanos celebran la idea como una “medida de seguridad nacional”. Pero detrás de la retórica antinarcóticos hay un mensaje más claro dirigido a todo aquel que cuestione la hegemonía estadounidense será castigado, incluso sin pruebas judiciales.

De Clinton a Trump: el poder del veto financiero

La Lista Clinton —nombre coloquial de la “Specially Designated Nationals and Blocked Persons List” (SDN)— otorga a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. la capacidad de aislar a individuos y empresas del sistema financiero global. En su momento fue una innovación que buscaba atacar las estructuras económicas del narcotráfico cuando la guerra frontal había fracasado.

Pero con el paso del tiempo, esa lista se convirtió en una red de control geoeconómico, que va más allá del crimen organizado. Figuran en ella políticos, empresarios y hasta entidades estatales de países que desafían los intereses de Washington. Tras el 11 de septiembre de 2001, la lucha contra el terrorismo amplió aún más su alcance, y desde entonces, la frontera entre sanción criminal y castigo político se ha vuelto difusa.

Petro bajo la lupa

El senador colombo-estadounidense Bernie Moreno, cercano a Trump, fue quien encendió la mecha. Propuso incluir al presidente Petro, a sus familiares y colaboradores en la lista OFAC, alegando supuestos vínculos de su campaña con carteles de droga y dinero venezolano. Lo hizo sin presentar evidencias, pero con el objetivo político de erosionar a un líder incómodo para el trumpismo.

Trump, fiel a su estilo, escaló el conflicto calificando a Petro de “líder del narcotráfico” y “lunático con problemas mentales”. Sus palabras no solo tensan las relaciones entre Bogotá y Washington, sino que también vuelven a instrumentalizar la lucha antidrogas como pretexto geopolítico, un patrón que América Latina conoce demasiado bien.

Las grietas de una relación estratégica

Desde su llegada al poder, Petro ha intentado redefinir el vínculo con Estados Unidos. Su política antidrogas propone reducir los cultivos de coca mediante desarrollo rural y sustitución voluntaria, lo que choca con la lógica represiva impulsada por la Casa Blanca desde los años ochenta. También ha denunciado la “doble moral” de un país que consume la mayoría de la cocaína del mundo mientras impone sanciones a productores del Sur.

Trump interpreta esa postura como una amenaza. No se trata solo de drogas, sino de autonomía política. Petro cuestiona el modelo neoliberal, busca acercamientos con Caracas y apuesta por una agenda ambiental progresista. En la lógica de Washington, esa independencia lo coloca del lado equivocado del tablero.

Sanciones sin juez ni defensa

El mayor problema de la Lista Clinton no es su existencia, sino su uso discrecional. Quien ingresa en ella pierde acceso al sistema financiero internacional de manera inmediata, sin sentencia judicial, sin audiencia y sin derecho efectivo a la defensa. Bancos y empresas de todo el mundo acatan la sanción por temor a represalias. En la práctica, equivale a una muerte civil económica.

Si el nombre de un jefe de Estado como Petro apareciera allí, no solo sería una humillación diplomática, sino un golpe directo a la estabilidad financiera de Colombia. Las inversiones extranjeras, las transacciones bancarias y los créditos internacionales se verían comprometidos. La sanción, aunque se presente como castigo individual, tendría efectos estructurales sobre un país entero.

América Latina ante el espejo de la Lista Clinton

El posible uso de la Lista Clinton contra Petro confirma una tendencia que se repite en la política exterior estadounidense: la sustitución del diálogo por el castigo. Sancionar se ha vuelto más fácil que comprender, y Trump —que nunca ocultó su desprecio por América Latina— ve en esta herramienta un modo de reafirmar poder a bajo costo.

Pero ese enfoque tiene un efecto boomerang. Cada sanción unilateral fortalece la percepción de que Estados Unidos utiliza su sistema financiero como arma, y acelera los esfuerzos de muchos países por buscar alternativas fuera del dólar. En ese contexto, Petro no solo representa a Colombia, sino que encarna el desafío de una región que intenta pensar por sí misma.

Un precedente peligroso

Convertir una herramienta creada para combatir al narcotráfico en un instrumento para castigar gobiernos democráticamente electos es cruzar una línea roja. Si Washington decide incluir al presidente colombiano en la Lista Clinton, sentará un precedente devastador para la soberanía regional y para el propio sistema internacional de sanciones.

Trump puede creer que con una firma debilita a Petro, pero en realidad estaría debilitando el principio de igualdad entre naciones. Y quizá, sin saberlo, reactivando el sentimiento de cansancio ante el castigo, la humillación y la injerencia que recorre a América Latina.