La tensión entre Washington y Caracas ha vuelto a encenderse. En las últimas semanas, el gobierno de Donald Trump ha ordenado un despliegue militar de gran escala en el sur del mar Caribe, bajo el argumento de combatir a los cárteles de la droga. Pero la magnitud de la operación, el lenguaje beligerante hacia Nicolás Maduro y el secretismo que rodea las órdenes del Pentágono sugieren que estamos ante algo mucho más profundo: un intento de reeditar la vieja estrategia de “cambio de régimen” en América Latina.

Trump firmó una directiva clasificada que permite al Departamento de Defensa actuar contra organizaciones narcotraficantes declaradas como “terroristas”. Poco después, su administración dio un paso adicional al identificar a un grupo criminal venezolano como brazo del Estado y proclamó a Maduro como su líder. La ecuación era clara. Drogas, terrorismo y un gobierno extranjero al que Washington ya considera ilegítimo.

Un despliegue militar que supera la retórica antidrogas

El movimiento no se limita a patrullajes navales. Tres destructores de la clase Arleigh Burke, equipados con misiles Tomahawk, helicópteros avanzados y sofisticados sistemas de inteligencia, se dirigen a la zona. A ellos se suma un grupo anfibio de marines con miles de efectivos y capacidad de ataque terrestre. La escala es tal que incluso dentro del Pentágono algunos reconocen que se trata de algo que excede el habitual trabajo de interdicción marítima.

Un funcionario estadounidense comparó la operación con “llevar un obús a una pelea de navajas”. Y la comparación es pertinente. Nunca antes se había movilizado un dispositivo de semejante envergadura para interceptar lanchas de contrabando. La lógica indica que se prepara un escenario más amplio, donde Venezuela es el blanco central.

Maduro responde al despliegue militar y la sombra de Vietnam y Panamá

En Caracas, la reacción fue inmediata. Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos, apelando al discurso de defensa de la soberanía nacional. Cualquier incursión será considerada una agresión directa.

El ambiente recuerda a episodios pasados donde Washington utilizó provocaciones para justificar acciones militares. El incidente del golfo de Tonkín abrió la puerta a la guerra de Vietnam; en Panamá, en 1989, una supuesta amenaza sirvió de pretexto para una invasión que derrocó a Manuel Noriega. Hoy, las similitudes son inquietantes.

Contradicciones en Washington

Más allá del músculo militar, lo que llama la atención es la contradicción en los objetivos estadounidenses. Por un lado, la Casa Blanca asegura que busca cortar el flujo de fentanilo y desmantelar cárteles. Por otro, mantiene abierta la posibilidad de negociar con Maduro en temas de migración. Esa dualidad evidencia que el problema no es únicamente el narcotráfico, sino la incomodidad política que representa el gobierno venezolano.

Incluso la conexión entre Maduro y el Tren de Aragua, proclamada por Trump, ha sido cuestionada por sus propios servicios de inteligencia. Los informes desclasificados no encuentran evidencia de que Caracas dirija esa banda criminal. Aun así, el relato oficial insiste en vincular directamente al presidente venezolano con el crimen organizado.

Un marco legal difuso

La ofensiva también se libra en el terreno jurídico. Trump intentó aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, en desuso desde la Segunda Guerra Mundial, para deportar venezolanos sin proceso legal hacia cárceles en El Salvador. Paralelamente, Marco Rubio defendió la etiqueta de “terroristas” para cárteles, asegurando que eso habilita operaciones militares. Pero expertos en derecho recuerdan que ninguna de estas medidas sustituye la autorización del Congreso para iniciar una guerra.

El poder ejecutivo ha expandido además la vigilancia interna, justificando que la producción y distribución de drogas constituye una amenaza de seguridad nacional. Al mismo tiempo, se duplicó la recompensa por la captura de Maduro, ahora de 50 millones de dólares. Todo apunta a una estrategia integral de presión, que combina derecho penal, inteligencia y fuerza militar.

¿Antidrogas o despliegue militar para intervención?

Las intenciones operativas permanecen en secreto, incluso para sectores dentro del propio gobierno estadounidense. Esa opacidad alimenta la sospecha de que la narrativa antidrogas es solo una cobertura. Al observar la magnitud del despliegue, la retórica oficial y el historial de intervenciones pasadas, parece evidente que el objetivo real es preparar el terreno para forzar un cambio de régimen en Caracas.

La historia muestra que, cuando Washington etiqueta a un gobierno como narcoterrorista, lo que sigue rara vez se limita a sanciones o bloqueos. El guion se conoce: presión diplomática, operaciones encubiertas y, si es necesario, intervención militar. Hoy Venezuela se encuentra en esa encrucijada, con el riesgo de que la “guerra contra las drogas” sirva como el disfraz de una operación que busca redefinir, otra vez desde Washington, el destino político de un país latinoamericano.