Europa ha decidido que el dinero del siglo XXI no puede depender exclusivamente de infraestructuras privadas ni de redes extranjeras. En ese contexto, el euro digital se ha convertido en uno de los proyectos más estratégicos del Banco Central Europeo (BCE), con una fecha tentativa de lanzamiento en 2029 y un respaldo político que empieza a consolidarse en Bruselas.

No se trata simplemente de crear otra forma de pago. Lo que está en juego es la soberanía monetaria en una economía donde cada vez más transacciones pasan por una pantalla.

El diagnóstico del BCE es que Europa depende en exceso de redes internacionales para procesar sus pagos digitales. El 70% de las compras con tarjeta en la zona euro se liquidan a través de infraestructuras no europeas. En un entorno geopolítico marcado por tensiones crecientes y competencia entre grandes bloques económicos, esa dependencia se percibe como un riesgo estratégico.

El euro digital nace, por tanto, con una ambición que va más allá de la tecnología. Busca garantizar que los ciudadanos dispongan de un medio de pago público, gratuito y respaldado por el banco central en el entorno digital, del mismo modo que hoy cuentan con el efectivo en el mundo físico.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha insistido en que esta nueva forma de dinero no pretende sustituir billetes y monedas, sino complementarlos. Sin embargo, su dimensión política es innegable ya que busca reforzar la autonomía financiera europea frente al dominio de actores estadounidenses como Visa y Mastercard y frente al avance de plataformas tecnológicas globales.

Un respaldo político que acelera el calendario del euro digital

El proyecto llevaba años avanzando con discreción técnica, pero en febrero el Parlamento Europeo dio un espaldarazo relevante al aprobar enmiendas que apoyan explícitamente su introducción tanto en modalidad online como offline. La votación reflejó una mayoría amplia a favor de considerarlo esencial para fortalecer la soberanía monetaria y reducir la fragmentación de los pagos en el mercado único.

Este apoyo no implica aún una aprobación definitiva, pero acerca el objetivo de lanzamiento previsto para 2029. El BCE necesita el aval legislativo para emitir la moneda digital, y el alineamiento entre Parlamento, Consejo y Comisión reduce los márgenes de bloqueo político que habían frenado el proyecto durante años.

El impulso del euro digital no se entiende sin la transformación acelerada de los hábitos de pago. Aunque el efectivo sigue siendo relevante —representa el 52% de las transacciones en comercios físicos— su peso ha disminuido de forma sostenida en la última década. En paralelo, los pagos con tarjeta y dispositivos móviles han ganado terreno, especialmente tras la pandemia.

La digitalización del consumo ha generado un mosaico de soluciones nacionales y privadas desde tarjetas, billeteras electrónicas hasta aplicaciones instantáneas como Bizum. El resultado es un ecosistema fragmentado donde no todos los sistemas funcionan igual en todos los países de la eurozona.

Para el BCE, esa fragmentación erosiona la promesa original del euro como herramienta de integración. El euro digital aspira a convertirse en una solución paneuropea homogénea, aceptada en toda la zona euro y utilizable tanto en línea como sin conexión.

Privacidad y desintermediación, los temores sobre el euro digital

El entusiasmo institucional contrasta con las dudas de parte de la industria financiera y de algunos legisladores. Las críticas se concentran en dos grandes ejes.

El primero es la privacidad. Cuando el dinero se mueve por canales digitales, surgen preguntas inevitables sobre quién tendrá acceso a los datos, cuánto tiempo se almacenarán y bajo qué condiciones podrían consultarlos las autoridades. El BCE ha prometido garantizar la confidencialidad, especialmente en pagos pequeños, y ha asegurado que no tendrá acceso directo a los datos personales de los usuarios. Aun así, el escepticismo persiste.

El segundo temor es la desintermediación bancaria. Si los ciudadanos pudieran mantener saldos directamente en el banco central, parte de los depósitos podrían salir de las entidades comerciales. Para evitar ese riesgo, el diseño preliminar contempla límites de tenencia —entre 2.000 y 3.000 euros por usuario— y la ausencia de remuneración sobre esos saldos. El objetivo es impedir que el euro digital se convierta en un sustituto de los depósitos tradicionales.

No es Bitcoin ni una stablecoin

Uno de los desafíos comunicativos del proyecto es diferenciar el euro digital de otros activos digitales. No es una criptomoneda descentralizada como Bitcoin, cuyo valor es volátil y no está respaldado por una autoridad pública. Tampoco es una stablecoin emitida por una empresa privada y referenciada a una moneda oficial.

El euro digital sería dinero de curso legal, emitido y garantizado por el BCE. En términos de seguridad jurídica y respaldo institucional, estaría al mismo nivel que el efectivo. Esa diferencia es crucial en una era donde proliferan soluciones privadas que prometen rapidez, pero no siempre estabilidad.

Si el calendario se cumple, los ciudadanos accederán al euro digital a través de carteras integradas en las aplicaciones de sus bancos. Podrán transferir fondos desde su cuenta bancaria a esa cartera y pagar acercando el móvil al terminal, incluso sin conexión a Internet. También se habilitarán pagos entre particulares y compras online sin comisiones adicionales.

El debate sobre el euro digital no es puramente técnico. Es geoeconómico. En un mundo donde la infraestructura financiera puede convertirse en herramienta de presión política, controlar los canales por los que circula el dinero equivale a ejercer poder.

Europa ha decidido no quedarse atrás en esa carrera. La pregunta ya no es si el euro digital verá la luz, sino bajo qué reglas, con qué límites y con qué grado de aceptación social. Porque, al final, el éxito de esta moneda no dependerá solo del respaldo legislativo, sino de la confianza de los ciudadanos en que el dinero del futuro seguirá siendo, ante todo, suyo.