La caída del Gobierno cubano todavía pertenece al terreno de la incertidumbre, pero una parte del negocio que podría venir después ya comenzó a moverse. Empresarios estadounidenses, fondos de inversión, firmas de lobby y grupos del exilio están tomando posiciones alrededor de activos estratégicos de la Isla mientras las sanciones de Washington obligan a compañías extranjeras a retirarse o reducir operaciones.
El fenómeno alcanza sectores capaces de definir buena parte de la economía cubana en una transición como la minería, turismo, energía, transporte, alimentos y propiedades reclamadas desde hace décadas.
Las sanciones contra Cuba cambian también el mapa empresarial
La presión estadounidense ha golpeado a compañías que durante años hicieron negocios en Cuba. Sherritt International suspendió operaciones vinculadas al níquel y el cobalto; empresas turísticas extranjeras como Iberostar, Meliá, Blue Diamonds y grandes navieras dejaron de transportar mercancías hacia la Isla.
Ese repliegue está dejando espacios. Tras la salida de Sherritt, dos grupos estadounidenses comenzaron a disputar su participación en activos mineros cubanos. Uno está relacionado con Ray Washburne, figura vinculada durante años al Partido Republicano y al entorno político de Trump. Otro tiene entre sus protagonistas al empresario petrolero texano Albert Huddleston.
Algo parecido ocurre con Antilles Gold. Después de ser afectada por las sanciones estadounidenses debido a sus operaciones en Cuba, la compañía australiana recibió autorización para negociar la transferencia de sus intereses mineros al fondo neoyorquino Global Emerging Markets.
La consecuencia resulta significativa, pues las sanciones que dificultan la permanencia de determinados inversores extranjeros pueden abrir oportunidades para capital estadounidense dispuesto a entrar bajo nuevas condiciones.
El turismo también entra en las conversaciones
Ejecutivos relacionados con la Organización Trump habrían viajado a Cuba durante los últimos meses bajo el paraguas de Dominari Holdings para explorar negocios hoteleros.
Las conversaciones habrían incluido encuentros con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, mientras compañías españolas que controlaron el negocio hotelero durante décadas se apresuraban por salir del país, ante las presiones de Washington.
Dominari tiene además una conexión directa con el universo empresarial de Trump: entre sus asesores aparecen Eric Trump, Donald Trump Jr., Lawrence Glick y Ron Lieberman.
La información no demuestra que exista un acuerdo para transferir activos turísticos. Sí muestra que algunos de los actores mejor conectados con el poder estadounidense están estudiando oportunidades antes de que ocurra cualquier transición política.
El movimiento empresarial no termina en Wall Street. Organizaciones del exilio y figuras vinculadas durante años a la política estadounidense hacia Cuba trabajan también en proyectos destinados a atraer capital privado hacia una eventual economía poscomunista.
La recién creada Cuban-American National Chamber of Commerce aparece vinculada con esfuerzos para movilizar miles de millones de dólares procedentes de empresarios cubanoamericanos.
Otros grupos asesoran al Departamento de Estado sobre posibles planes de desarrollo económico, inversiones en energía y mecanismos de compensación para propietarios cuyos bienes fueron nacionalizados después de 1959.
Las reclamaciones históricas, por tanto, podrían convertirse en uno de los grandes campos de disputa económica de una transición.
Cuba todavía no ha cambiado de sistema. Pero recursos minerales, hoteles, energía, rutas comerciales y propiedades ya forman parte de conversaciones empresariales sobre el país que podría venir después. Y quienes logren llegar primero a esas negociaciones podrían ocupar posiciones privilegiadas cuando llegue el momento de decidir quién controla una parte importante de la economía cubana.
