Comprar en Cuba a una MIPYME —un mueble, un equipo electrodoméstico, una pieza automotriz, o simplemente un helado artesanal— implica asumir un riesgo implícito: el de no tener a quién reclamar si lo estafan. En un mercado que se abre cada vez más a actores económicos no estatales, el consumidor cubano vive en un limbo donde sus derechos no están garantizados. Y lo más preocupante: el Estado lo sabe.

Facebook, el ministerio informal de defensa al comprar en Cuba

A falta de instituciones que amparen sus reclamos, los cubanos han encontrado en Facebook su propio ministerio de protección al consumidor. Grupos como Estafas y estafadores más buscados en Cuba (10 500 miembros) o Denuncia de estafadores en Cuba (más de 4 200 usuarios) se han convertido en espacios donde las víctimas cuentan sus historias, alertan sobre nuevos métodos de fraude y exhiben públicamente nombres, números de teléfono y hasta rostros de quienes los engañaron.

Uno de los casos más recientes fue denunciado por la reconocida actriz de televisión y empresaria Maikel Amelia, quien reveló que falsificadores estaban utilizando su imagen para solicitar donaciones en nombre de supuestas causas benéficas. A través de un perfil falso, pedían dinero “para niños y ancianos”, vendían productos inexistentes y luego desaparecían con el efectivo. Sin ley que castigue eficazmente estos actos, solo le quedó acudir a su perfil y advertir a sus seguidores.

Otro ejemplo muy actual que se ha posicionado en diferentes plataformas es el del emprendimiento “Puertas y Motores” que engaña a sus clientes con supuestas “políticas de garantías” sobre puertas mecánicas que incumplen totalmente.

Estafas comunes al comprar en Cuba: del saldo falso al “oro que no es oro”

Historias como la suya abundan en los grupos de denuncia. Un usuario contó cómo fue víctima del viejo truco del “saldo duplicado”, donde un número desconocido simula haber hecho una recarga por error y luego solicita el reembolso. Otros relatan cómo falsos coleccionistas de monedas y compradores de oro utilizan sustancias químicas para simular que una pieza valiosa no lo es, engañan a los propietarios y se quedan con joyas reales a precios ridículos.

¿Existe protección al consumidor en Cuba?

Desde 2018, Cuba cuenta con la Resolución 54 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), que regula el funcionamiento de la protección al consumidor… pero solo en el ámbito estatal. Este documento —publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria 26— establece principios y deberes para empresas del Estado. Allí se reconocen los derechos del consumidor, se definen las obligaciones de los proveedores, y se describen los mecanismos de queja. Eso sí: todo dentro del sector estatal.

Si el proveedor es una MIPYME, una cooperativa o un trabajador por cuenta propia, el consumidor queda completamente desprotegido. No hay oficinas de atención, ni teléfonos habilitados, ni autoridad reguladora. La única alternativa formal es acudir a la Fiscalía para interponer una denuncia: un proceso lento, costoso y con baja efectividad. Entre asesorías legales, tiempo perdido y frustración, la mayoría de los reclamos nunca llegan a nada.

El resultado es un vacío legal que favorece al más fuerte. Las MIPYMES crecen con incentivos, pero no están obligadas a cumplir normas de calidad, emitir facturas, ofrecer garantías o devolver el dinero. La “confianza” es el único contrato, y en un país con escasez y urgencias económicas, esa confianza suele romperse fácilmente.

Urge una ley real de protección al consumidor al comprar en Cuba

Cuba necesita con urgencia una ley integral de protección al consumidor que incluya a todos los actores económicos. Que establezca mecanismos claros, accesibles, gratuitos y eficaces para que las personas puedan reclamar sin miedo y sin necesidad de asesorías costosas.

Mientras eso no ocurra, el mensaje es claro y doloroso: en Cuba, el consumidor está solo. Y en un país donde comprar se ha vuelto un acto de fe, esa soledad se convierte en la antesala de la impunidad.