Impedimento de salida para los directivos de Repsol por catástrofe ambiental por el derrame de petróleo en Perú
Un juez peruano ordenó este viernes 18 meses de impedimento de salida para cuatro directivos de la refinería La Pampilla, responsables por el derrame de petróleo en Perú.
Entre ellos el director ejecutivo en Repsol en el país, Jaime Fernández-Cuesta. Esto como parte de la investigación que se sigue por su presunta responsabilidad en el delito de contaminación ambiental.
La decisión fue anunciada por el juez Romualdo Aguedo y también comprendió al jefe del Terminal Marítimo 2 de La Pampilla, Renzo Tejada Mackenzie. También a los gerentes de Repsol en Perú para Calidad de Medio Ambiente, Cecilia Posadas Jhong; y para Producción, José Reyes Ruiz.
El magistrado, del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla, aceptó un pedido que hizo la Fiscalía. En este se allanaron los cuatro directivos de Repsol, cuyos abogados defendieron que han colaborado con la Justicia y no tenían intención de salir del país.
Fernández-Cuesta fue indiciado en «calidad de autor»
En esta etapa preliminar de la investigación, la Fiscalía consideró a Fernández-Cuesta en «calidad de autor». A los otros cuatro implicados como «cómplices» en la presunta comisión del delito de contaminación ambiental.
El Ministerio Público recordó que el Código Penal establece para este delito una condena no menor a 4 años ni mayor de 6 años de prisión. Además, remarcó en la necesidad de que los imputados permanezcan en el territorio nacional «para el esclarecimiento de los hechos».
La Fiscalía hizo la solicitud como parte de las investigaciones por el derrame producido el pasado 15 de enero de unos 6.000 barriles de combustible. Estos fueron procedentes de la refinería La Pampilla en el mar del puerto limeño del Callao.
El derrame se produjo en coincidencia con la llegada a las costas peruanas del tsunami causado por la erupción volcánica en Tonga. Lo que provocó un inusitado aumento del nivel del mar. Esto en el momento que el buque Mare Doricum descargaba casi un millón de barriles a la refinería La Pampilla.
El Gobierno peruano elevó este a 11.900 los barriles de crudo que se vertieron en el mar frente a las costa de Lima. Esto desde la refinería y afirmó que el país andino afronta «un escenario sin precedentes» en su historia ambiental.
El derrame de petróleo en Perú fue el doble de lo imaginado
El gobierno de Perú anunció que la cantidad de derrame de petróleo en el mar fue el doble de lo que se había informado hasta ahora. Esto mientras que la justicia prohibió salir del país por 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española Repsol. Además, ordenó la «incautación» del buque tanque involucrado.
Repsol confirmó que la cifra de crudo vertido al mar es superior, pero dio una cantidad menor a la indicada por el ministro.
El derrame ocurrió mientras el buque tanque «Mare Doricum», de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla, propiedad de Repsol. Esto en Ventanilla, 30 km al norte de Lima. La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga.
El derrame de petróleo ha sido arrastrado por las corrientes marinas a unos 140 km al norte de la refinería, según la fiscalía de Perú. Así provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces y aves marinas. Además, dejó sin trabajo a cientos de pescadores artesanales, que han protagonizado protestas contra la compañía española por el derrame de petróleo.
Repsol garantizó que continuará «cooperando plenamente»
Tras la decisión del juez, en Madrid la petrolera garantizó que continuará «cooperando plenamente» con la justicia peruana. Además, aseguró que su principal preocupación es la «limpieza del medio ambiente».
«Continuaremos cooperando plenamente con cualquier investigación criminal, como ya lo estamos haciendo con la investigación preliminar en curso», indicó Repsol. Esto en un correo electrónico enviado a la AFP en Madrid.
«Nuestra principal preocupación es la limpieza del medio ambiente. Repsol está poniendo todos sus esfuerzos en los trabajos de limpieza con la máxima rapidez para avanzar en la limpieza de las zonas afectadas», agregó.
«Se pueden advertir indicios de que se han contravenido normativas que exigen a la empresa cumplir con los mecanismos de seguridad y contención» de derrames. Esto dijo la fiscal Gonzales el jueves en la audiencia.
La fiscalía afirmó asimismo que «es necesario» indagar eventuales responsabilidades de funcionarios de instituciones públicas que fiscalizan operaciones marítimas y petroleras. Entre ellas la Dirección de Capitanías de Puertos de la Marina de Guerra. También a funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al ente técnico supervisa las inversiones en energía (Osinergmin).
