Europa discute hasta dónde puede llegar el Estado cuando una persona rechaza un tratamiento psiquiátrico. El Consejo de Europa trabaja en un Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo que pretende establecer garantías comunes para el internamiento y el tratamiento involuntarios en los servicios de salud mental. El objetivo declarado es proteger los derechos de los pacientes frente a posibles abusos. El problema jurídico aparece antes, porque el protocolo acepta que, bajo determinadas condiciones, una persona pueda ser hospitalizada o tratada sin consentimiento.

No se trata de una ley de la Unión Europea. El Consejo de Europa es una organización distinta, integrada por 46 Estados, y un eventual protocolo tendría que ser firmado y ratificado por cada país para generar obligaciones jurídicas. Pero su aprobación podría modificar el marco internacional desde el que se debate la coerción psiquiátrica en Europa.

Dos sistemas de derechos humanos frente a frente

La iniciativa tiene una historia larga. Surgió después de que organismos europeos detectaran que algunos países utilizaban medidas involuntarias sin suficientes garantías. En 2012, el Comité de Ministros encargó desarrollar un instrumento que limitara esas prácticas a circunstancias excepcionales y como último recurso.

El proyecto intenta fijar requisitos, controles y salvaguardas para situaciones en las que el paciente no consiente el internamiento o tratamiento. Sin embargo, esa fórmula choca con la interpretación que Naciones Unidas ha desarrollado de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Todos los Estados del Consejo de Europa han ratificado esa Convención. Los organismos de la ONU encargados de supervisarla han sostenido que una discapacidad, incluida la psicosocial, no debe servir como fundamento para privar de libertad a una persona o imponerle tratamiento.

El conflicto jurídico es profundo. El sistema europeo vigente admite determinadas intervenciones involuntarias cuando existen garantías, necesidad y proporcionalidad. La interpretación defendida desde Naciones Unidas exige, en cambio, avanzar hacia modelos basados en el consentimiento y reducir hasta eliminar las prácticas coercitivas.

La Asamblea Parlamentaria dijo no a la ley

La controversia llegó el 28 de enero de este año a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Su Opinión 310 fue negativa al proyecto y advirtió sobre sus posibles incompatibilidades con la Convención de la ONU. La votación final registró 63 votos a favor de esa posición, ninguno en contra y tres abstenciones.

La Asamblea pidió un estudio independiente sobre la compatibilidad entre ambos instrumentos y planteó la posibilidad de sustituir el protocolo vinculante por una recomendación que reforzara la autonomía de las personas y las alternativas voluntarias.

Carmen Leyte, relatora del informe, situó la discusión directamente en el terreno de los derechos humanos. El asunto afecta a la autonomía, la dignidad y la libertad personal de quienes reciben atención en salud mental.

La discusión va mucho más allá de la psiquiatría. El consentimiento informado constituye uno de los principios centrales del derecho sanitario, pues una intervención médica necesita, como regla general, la aceptación del paciente.

Las excepciones existen en los ordenamientos europeos, pero precisamente por afectar derechos fundamentales suelen estar sometidas a requisitos estrictos. El protocolo pretende armonizar parte de esas garantías. Sus críticos sostienen que convertir las excepciones en una categoría reconocida por un tratado internacional podría dificultar el tránsito hacia sistemas con menos coerción.

Tampoco puede afirmarse que la aprobación del protocolo vaya a imponer automáticamente internamientos o tratamientos médicos en los 46 países. Cada Estado conservaría sus procedimientos de firma y ratificación y su legislación interna seguiría siendo determinante.

La cuestión que queda abierta es qué estándar quiere fijar Europa para las próximas décadas. El debate enfrenta dos maneras de proteger a una persona en una situación extrema. Una admite la intervención sin consentimiento bajo controles estrictos. La otra considera que la protección de los derechos humanos exige sustituir progresivamente esas medidas por alternativas o una ley que preserven la voluntad y la autonomía del paciente.

El desacuerdo ya no gira solamente alrededor de cómo controlar la coerción. Europa debe decidir si convertirla en una excepción expresamente reconocida por su derecho internacional o continuar moviendo la frontera jurídica hacia su eliminación.