La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de quiebre en la historia reciente de América Latina. Estados Unidos ejecutó una operación militar directa en territorio venezolano, con bombardeos selectivos, sobrevuelo de aeronaves y una acción terrestre cuyo desenlace, según Washington, fue la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa. No se trata de una escaramuza ni de una amenaza retórica. Es una intervención en regla, una guerra en Venezuela que reabre viejas heridas regionales y plantea preguntas incómodas sobre soberanía, legalidad y poder.

Una operación sin precedentes recientes

Desde Washington, el presidente Donald Trump confirmó la autoría del ataque y lo calificó de “operación a gran escala”. La Casa Blanca sostuvo que el objetivo fue ejecutar una orden de arresto por cargos criminales en tribunales estadounidenses, protegida —según su narrativa— por la autoridad presidencial para salvaguardar a personal norteamericano ante amenazas inminentes. El secretario de Estado Marco Rubio reforzó esa versión al asegurar que no se prevén nuevas acciones militares ahora que el líder venezolano estaría bajo custodia.

Pero los hechos sobre el terreno dibujan otra escena. Explosiones en Caracas y estados cercanos, cortes eléctricos, instalaciones militares impactadas y víctimas civiles y castrenses reportadas por las autoridades venezolanas. El Gobierno decretó estado de conmoción exterior y denunció una agresión armada contra su población. La vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió prueba de vida del mandatario y acusó a Washington de violar de forma flagrante el derecho internacional.

La administración estadounidense intenta sostener la operación en una interpretación expansiva de la legítima defensa. Sin embargo, la Constitución de EE. UU. reserva al Congreso la facultad de declarar la guerra. La captura de un jefe de Estado extranjero mediante bombardeos en su país no encuentra amparo claro en el derecho internacional consuetudinario ni en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza salvo en casos muy acotados.

Venezuela invocó el artículo 51 para reservarse el derecho a la legítima defensa. Si se acepta la lógica de Washington, cualquier potencia podría justificar incursiones armadas con fines judiciales extraterritoriales. El precedente es peligroso.

Recursos, geopolítica y doctrina detrás de la guerra en Venezuela

El ataque no ocurre en el vacío. Se inscribe en una estrategia que devuelve a primer plano una versión actualizada del intervencionismo hemisférico. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. prioriza el continente americano, coloca el foco en migración, narcotráfico y la presencia de China y Rusia, y reivindica “despliegues selectivos” de fuerza letal. Venezuela, con vastos recursos energéticos y alianzas geopolíticas incómodas para Washington, aparece como el caso de prueba.

El despliegue naval en el Caribe, la retórica sobre “narcoestado” y las acciones previas contra supuestas rutas del narcotráfico prepararon el terreno. La captura del presidente sería el golpe más audaz de esa línea. También el más riesgoso.

La región respondió con una mezcla de alarma y condena. Gobiernos como Colombia, México, Brasil y Cuba rechazaron la operación y pidieron contención. Rusia calificó el ataque como agresión armada y llamó al diálogo. España ofreció mediación y pidió respeto al derecho internacional. En contraste, el presidente argentino celebró el hecho, evidenciando la fractura política regional.

Más allá de los comunicados, subyace el temor compartido de la normalización de la fuerza como herramienta de cambio de régimen. La historia latinoamericana ofrece demasiados ejemplos de cómo esas aventuras terminan en inestabilidad prolongada.

El riesgo del “día después” en la guerra de Venezuela

Incluso para quienes cuestionan la legitimidad del gobierno venezolano, la intervención abre un escenario incierto. El vacío de poder, la reacción de las fuerzas armadas, la cohesión social y el impacto humanitario son incógnitas críticas. Las transiciones impuestas desde fuera suelen ser costosas, largas y violentas. Irak sigue siendo una advertencia.

En el corto plazo, la prioridad es la protección de la población civil y la verificación independiente de los hechos, incluida la situación y el paradero de las personas capturadas. En el mediano, la región enfrenta el dilema de aceptar un nuevo estándar de intervención o reafirmar, con hechos, el principio de soberanía.

La guerra en Venezuela no es solo un episodio bilateral. Es un mensaje al continente. Si prospera sin consecuencias diplomáticas y legales, el umbral del uso de la fuerza habrá descendido peligrosamente. La paz regional depende de que la comunidad internacional actúe con claridad, exija rendición de cuentas y frene la escalada.