La decisión de Estados Unidos de designar como organizaciones terroristas a seis cárteles mexicanos ha desatado un intenso debate no solo sobre sus implicaciones políticas y de seguridad, sino también sobre su impacto económico. Al incluir al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana en la lista de organizaciones terroristas, EE.UU. amplía significativamente su capacidad para imponer sanciones financieras y operativos contra quienes apoyen a estos grupos, directa o indirectamente.

Impacto en el comercio y la inversión

Una de las primeras repercusiones económicas previstas es en el comercio internacional. La designación como organizaciones terroristas puede generar incertidumbre en los mercados financieros y afectar el flujo de inversión extranjera en México. Empresas y bancos internacionales podrían evitar transacciones con compañías mexicanas por temor a sanciones secundarias, lo que afectaría a sectores económicos clave.

Al etiquetar a los cárteles mexicanos como terroristas, EE.UU. amplía el alcance de sus sanciones no solo a los miembros directos de estas organizaciones, sino también a cualquier persona o entidad que les proporcione apoyo material. Esto incluye servicios financieros, logística, transporte, suministros o incluso asistencia legal.

Como resultado, empresas que operan en regiones controladas o influenciadas por estos cárteles mexicanos podrían enfrentar dificultades para acceder al financiamiento internacional. Además, bancos extranjeros podrían adoptar políticas más estrictas al procesar transacciones financieras provenientes de México, afectando la liquidez y aumentando los costos operativos para las empresas mexicanas.

Riesgos para las exportaciones mexicanas

México es el principal socio comercial de Estados Unidos en América Latina, con un intercambio bilateral que supera los 700 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas podría impactar negativamente las exportaciones.

Al considerar que los cárteles operan en diversas regiones del país, especialmente en zonas clave para la producción agrícola e industrial, la incertidumbre económica podría afectar a productores locales y exportadores que dependen del mercado estadounidense. Además, las sanciones financieras podrían dificultar el acceso a créditos y seguros de exportación, afectando la competitividad de los productos mexicanos en el extranjero.

Sectores como el agroalimentario, el automotriz y el de manufacturas, que dependen en gran medida del comercio transfronterizo, podrían verse particularmente afectados si los bancos estadounidenses adoptan medidas de “de-risking”, es decir, reducir o eliminar sus relaciones financieras con contrapartes mexicanas para evitar riesgos regulatorios.

Sanciones económicas y bloqueo de activos a cárteles mexicanos

La designación también permite a EE.UU. congelar activos y cuentas bancarias de individuos y entidades vinculadas directa o indirectamente con estos cárteles mexicanos. Esto podría afectar a empresas que, sin estar involucradas en actividades delictivas, operan en regiones controladas por los cárteles o que, de alguna manera, se ven forzadas a pagar extorsiones para continuar sus operaciones.

Por ejemplo, negocios en Michoacán, Sinaloa, Jalisco y Tamaulipas podrían enfrentar dificultades para acceder a servicios financieros internacionales o ver sus activos bloqueados bajo sospecha de vínculos indirectos con estas organizaciones. Esto aumentaría la presión económica en estas regiones, afectando la estabilidad financiera local y generando desempleo.

Afectación al turismo y la industria inmobiliaria

El turismo, uno de los principales motores económicos de México, también podría verse afectado. La percepción de inseguridad, amplificada por la designación de los cárteles mexicanos como terroristas, podría reducir el flujo de turistas internacionales, especialmente estadounidenses, quienes representan la mayor parte del turismo extranjero en México.

Estados como Quintana Roo y Baja California, conocidos por sus destinos turísticos de clase mundial como Cancún, Playa del Carmen y Los Cabos, podrían enfrentar una caída en la ocupación hotelera y en los ingresos generados por el turismo. Además, la incertidumbre económica podría desalentar la inversión extranjera en el sector inmobiliario en estas regiones, afectando el crecimiento y desarrollo local.

Impacto en remesas y sectores informales

Un aspecto menos evidente, pero de gran relevancia, es el impacto en las remesas enviadas desde Estados Unidos a México, que alcanzaron un récord de 58 mil millones de dólares en 2024. Las sanciones financieras podrían dificultar las transferencias de dinero hacia regiones consideradas de alto riesgo por su influencia criminal, afectando directamente a las familias que dependen de estos ingresos.

Además, la economía informal, que representa más del 50% del empleo en México, podría verse afectada por la falta de acceso a servicios financieros formales. Esto llevaría a una mayor dependencia de canales informales para la transferencia de dinero, aumentando el riesgo de lavado de activos y fortaleciendo el control económico de los cárteles en ciertas regiones.

Desafíos para terminar con los cárteles mexicanos

La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas representa un cambio significativo en la estrategia de seguridad de Estados Unidos, con profundas implicaciones económicas tanto para México como para América Latina.

Si bien la medida busca debilitar el poder financiero de los cárteles, su impacto en la economía formal e informal plantea serios desafíos. Desde la disminución de exportaciones y turismo, hasta el bloqueo de activos y el aumento de la incertidumbre financiera, los efectos podrían repercutir en toda la región.

México enfrenta el reto de mitigar estas repercusiones económicas mientras defiende su soberanía y busca una cooperación efectiva con Estados Unidos para combatir el crimen organizado. En este complejo panorama, la clave estará en encontrar un equilibrio entre la seguridad nacional y la estabilidad económica, no solo para México, sino para toda América Latina.