En septiembre de 2021, Bitcoin en El Salvador hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en adoptar esa criptomoneda de curso legal. Casi cuatro años después, el gobierno de Nayib Bukele dio un giro inesperado: eliminó ese estatus mediante una reforma legislativa. La decisión, aprobada de manera exprés por una Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo, marca el final de un experimento económico audaz, pero plagado de contradicciones. ¿Qué llevó al país centroamericano a abandonar su apuesta por las criptomonedas?

Presión internacional: el FMI como actor clave

Uno de los factores decisivos para Bitcoin en El Salvador fue la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde 2022, el organismo había advertido sobre los riesgos de usar una criptomoneda volátil como moneda legal, especialmente en una economía frágil como la salvadoreña. En diciembre de 2024, ambas partes alcanzaron un acuerdo técnico para un préstamo de US$1.400 millones, condicionado a «mitigar los riesgos del Bitcoin». La reforma fue, en esencia, un requisito para acceder a esos fondos, vitales en un contexto de alta deuda pública y crecimiento económico estancado.

El Salvador también busca abrir las puertas a financiamiento adicional de otros organismos, como el Banco Mundial, que podrían aportar hasta US$3.500 millones. Sin embargo, expertos advierten que esto no resolverá problemas estructurales, como un déficit comercial de US$8.000 millones en 2023 o el hecho de que el 52% de la población enfrente estrés alimentario, según la FAO.

El sueño vs. la realidad: baja adopción ciudadana de Bitcoin en El Salvador

Bukele prometió que el Bitcoin traería «prosperidad económica y libertad financiera». La realidad fue muy distinta. Encuestas de 2024 revelaron que solo el 8.1% de los salvadoreños usó la billetera digital Chivo Wallet, creada por el gobierno con una inversión de más de US$200 millones. Incluso el propio Bukele admitió en una entrevista con la revista Time que la adopción fue menor a la esperada.

El escepticismo ciudadano no era nuevo: en 2021, el 71% de la población rechazó la medida. A esto se sumaron fallas técnicas, como un robo de US$840.000 debido a vulnerabilidades en Chivo Wallet, y casos de corrupción, como la duplicación de identidades para cobrar bonos gubernamentales. Para muchos, el Bitcoin se convirtió en un símbolo de opacidad, no de innovación.

Los cambios legales del Bitcoin en El Salvador

La reforma modificó seis artículos de la Ley Bitcoin y eliminó tres. Los ajustes más significativos fueron:

  • El Bitcoin dejó de ser «moneda de curso legal», aunque se mantuvo el término «de curso legal» para transacciones privadas voluntarias.
  • Prohibición de usar criptomonedas para pagar impuestos o deudas estatales.
  • Eliminación de la obligatoriedad para comercios de aceptar Bitcoin, salvo acuerdo mutuo.

La ambigüedad en la redacción generó críticas. «¿Qué significa que el Bitcoin sea «de curso legal» si ya no es una moneda?», cuestionó el abogado constitucionalista Enrique Anaya. Para la economista Julia Evelin Martínez, la clave es que desapareció el carácter coercitivo: «Ahora es como usar euros en El Salvador: opcional, pero no obligatorio».

Bitcoin en El Salvador como reserva: una estrategia contradictoria

A pesar del retroceso, el gobierno insiste en mantener al Bitcoin como parte de su estrategia. Según la Bitcoin Office, entidad estatal creada en 2023, El Salvador posee 6.049 bitcoins (valorados en US$637 millones) y planea aumentar sus reservas. La embajadora en Estados Unidos, Milena Mayorga, afirmó que el país sigue siendo «Bitcoin Country», aunque reconoció que la reforma busca «adaptarse a la coyuntura».

Esta postura genera escepticismo. «Es una contradicción promover el Bitcoin como reserva mientras se elimina su uso cotidiano», señala Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva. Además, persiste la opacidad: no hay claridad sobre cómo se gestionan las criptomonedas o si se han vendido parte de las reservas.

Turismo cripto: el único éxito relativo

Uno de los pocos resultados positivos de Bitcoin en El Salvador fue el turismo. Lugares como Bitcoin Beach, en El Zonte, se convirtieron en atracciones para entusiastas de las criptomonedas. Sin embargo, este fenómeno no se tradujo en beneficios económicos amplios. «Los visitantes gastan en Bitcoin, pero los locales prefieren dólares», explica un comerciante de la zona. Para la mayoría de los salvadoreños, la criptomoneda siguió siendo un concepto abstracto, lejano a sus necesidades diarias.

¿Adiós a las criptomonedas?

El experimento de El Salvador deja lecciones globales. Primero, que la adopción de criptomonedas como moneda legal requiere consenso social y estabilidad económica, algo ausente en un país con 55.000 nuevos pobres en 2024. Segundo, que los organismos internacionales aún tienen un poder decisivo en países con vulnerabilidades financieras.

¿Qué sigue para El Salvador? El gobierno insiste en que mantendrá al Bitcoin como activo, pero su credibilidad está en duda. Mientras, la población sigue dependiendo de las remesas y enfrenta una economía estancada. La reforma, aunque necesaria para acceder a fondos, no aborda problemas de fondo como la desigualdad o la falta de transparencia.

Bukele, conocido por su narrativa de «gobierno eficiente», guardó silencio ante este retroceso. Su silencio habla más que cualquier discurso: el Bitcoin pasó de ser un proyecto revolucionario a una herramienta negociable en la mesa del FMI. El Salvador, entre la innovación y la realidad, eligió lo segundo.