Las sanciones económicas son medidas coercitivas que los Estados o las organizaciones internacionales imponen a otros países con el objetivo de influir en su comportamiento político, económico o militar. Estas sanciones implican la restricción o interrupción de las relaciones económicas, comerciales y financieras como una forma de ejercer presión sin recurrir al uso de la fuerza militar. Los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, han empleado las sanciones económicas para dañar a gobiernos que no considera afines, como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde 2000, entre Washington y la Unión Europea han impuesto más de 26.000 sanciones.

Durante la Administración Trump, Estados Unidos sancionó a más de 1000 personas y empresas cada año. Luego, ya con Biden en la Casa Blanca y tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, la imposición de medidas unilaterales ha aumentado.

Los datos muestran que Estados Unidos es la nación que más sanciona a otras, con un 35% del total de medidas impuestas. Detrás aparece la Unión Europea, con un 18%. A continuación, Reino Unido, Canadá y Suiza combinan el 29%.

El uso de las sanciones económicas en la política internacional

Históricamente, las sanciones económicas han abarcado desde embargos comerciales generales hasta restricciones más específicas, como la prohibición de comerciar con determinados productos o la congelación de activos de personas, empresas o entidades vinculadas al gobierno sancionado.

El objetivo principal de las sanciones económicas es ejercer presión sobre el gobierno y la población del país sancionado. El fin  es el de provocar un cambio político o económico favorable a los intereses de los países sancionadores. Sin embargo, la efectividad de estas medidas ha sido ampliamente debatida.

Algunos casos, como las sanciones impuestas a Sudáfrica durante el apartheid o las sanciones contra Irán por su programa nuclear, han sido consideradas efectivas para lograr objetivos políticos específicos. No obstante, en otros casos, como las sanciones contra Cuba, Venezuela o Corea del Norte, las sanciones han tenido un éxito limitado o han fracasado en conseguir los cambios deseados.

Las sanciones económicas en el contexto actual

Las sanciones occidentales impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022 han sido las más amplias y severas aplicadas a una gran potencia desde la Segunda Guerra Mundial. Estas medidas han incluido la congelación de activos de oligarcas rusos. También la exclusión de Rusia del sistema financiero internacional SWIFT. Además, restricciones a las exportaciones e importaciones de bienes y tecnología. Sin embaargo, las sanciones impuestas por Occidente no han tenido los resultados esperados. La economía de Rusia ha continuado creciendo.

Retos y dilemas de las sanciones económicas

Aunque las sanciones económicas se presentan como una alternativa al uso de la fuerza militar, su efectividad y consecuencias no están exentas de complejidades y dilemas. A menudo, son las poblaciones civiles del país sancionado las que sufren las consecuencias más severas de las sanciones. Entre los daños están la escasez de bienes, inflación y deterioro de las condiciones de vida.

Los países sancionados suelen implementar estrategias para mitigar o eludir las sanciones. Entre esas estrategias están el comercio ilegal o la búsqueda de nuevos socios comerciales. Las sanciones económicas también implican costos y disrupciones para los países sancionadores. Así pierden oportunidades comerciales y pueden enfrentar aumentos en los precios de bienes y servicios.

En algunos casos, las sanciones económicas han desembocado, paradójicamente, en escaladas militares o conflictos armados.

El desafío del mantenimiento a largo plazo

Uno de los mayores retos que enfrentan las sanciones económicas es su mantenimiento a largo plazo. Las sociedades democráticas pueden ser sensibles a los costos económicos internos derivados de las sanciones. Esto puede generar presiones políticas para aliviar o levantar las medidas.

En un mundo cada vez más interconectado económicamente, el uso de las sanciones económicas seguirá siendo un tema controvertido y sujeto a debates sobre su efectividad, sus consecuencias humanitarias y su papel en la resolución de conflictos internacionales.