La nueva era de vigilancia global de criptomonedas ya es una realidad. En un mundo cada vez más digitalizado, donde los activos virtuales ganan terreno, los gobiernos no han tardado en responder con iniciativas para regular y monitorear este floreciente ecosistema. Para muchos, las criptomonedas se habían presentado como un refugio de privacidad y autonomía financiera. Sin embargo, con los últimos desarrollos en regulaciones internacionales, esta percepción está cambiando rápidamente.

Régimen de vigilancia global de criptomonedas

En los últimos años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha estado trabajando en un marco internacional que permita a los países intercambiar información sobre las transacciones realizadas con criptoactivos. Este esfuerzo se convirtió en el “Marco de Comunicación de Información sobre Criptoactivos (CARF)”, un sistema que será implementado por más de 40 países en 2027.

Este nuevo régimen permitirá que los gobiernos compartan de forma automática los datos fiscales relacionados con transacciones de criptomonedas. Si un ciudadano de un país realiza una transacción en otro, esa operación será registrada y reportada al fisco de su país de origen. Por ejemplo, si un residente en México compra o vende criptomonedas en un exchange de España, las autoridades fiscales españolas informarán a sus homólogas mexicanas.

Esta medida busca, supuestamente, aumentar la transparencia y reducir la evasión fiscal en el ámbito de los criptoactivos. Hasta ahora este ha sido un mercado notoriamente difícil de rastrear. Pero, en realidad, lo que quieren los gobiernos es aumentar la vigilancia global sobre criptomonedas. Con esto buscan obtener más impuestos y seguir despilfarrando ese dinero. En muchas ocasiones, lo recaudado en impuestos termina en cuentas bancarias de políticos corruptos. Países como Chile, Estados Unidos, México, Brasil, Portugal y España ya se han comprometido a participar en este sistema.

¿Qué es la «Travel Rule» y cómo afecta a las transacciones?

Además del CARF, existe otra regulación internacional clave para el seguimiento de las criptomonedas: la «Travel Rule». Esta es impulsada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La regla obliga a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (como los exchanges de criptomonedas) a compartir información sobre el remitente y el receptor de las transacciones que superen los US$1,000.

A pesar de su importancia, la implementación de esta norma ha sido desigual. Actualmente, solo un pequeño grupo de países, incluidos el Reino Unido, Japón, Suiza y Estados Unidos, han adoptado plenamente la Travel Rule. Sin embargo, a medida que más países se unan a este esfuerzo, es probable que se convierta en una norma global para cualquier operación con criptoactivos.

El Common Reporting Standard y su rol en la vigilancia global de criptomonedas

La vigilancia financiera no es exclusiva de los criptoactivos. Desde hace más de una década, la OCDE ha promovido el Estándar Común de Reportes (CRS), que obliga a los bancos y otras instituciones financieras a compartir información sobre las cuentas de sus clientes con las autoridades fiscales de otros países.

Este sistema ya es utilizado por una gran cantidad de naciones, aunque con una ausencia notable: Estados Unidos. Mientras que países como Argentina, España y México participan activamente, Estados Unidos ha optado por no formar parte de este estándar global, lo que ha generado críticas desde diferentes frentes.

A través del CRS, las autoridades fiscales pueden rastrear los activos de sus ciudadanos en el extranjero. Por ejemplo, si una persona residente en Perú tiene una cuenta bancaria en España, cada año las autoridades españolas enviarán esa información al fisco argentino. Más control gubernamental y más dinero para invertir en guerras…o lujosos yates y casas.

La privacidad de los criptoactivos: un mito que se desvanece

La era de las criptomonedas como un espacio de anonimato financiero está llegando a su fin. Con la implementación de normativas internacionales y nacionales cada vez más estrictas, los gobiernos están cerrando el cerco alrededor de las transacciones con criptoactivos. Aunque estas regulaciones buscan combatir la evasión fiscal y otros delitos financieros, también plantean interrogantes sobre el equilibrio entre la vigilancia globa de criptomonedas y la privacidad de los usuarios.

A medida que el 2027 se acerque y el CARF entre en funcionamiento, los usuarios de criptomonedas deberán acostumbrarse a un nuevo entorno donde sus operaciones serán observadas y compartidas a nivel global. Lo que alguna vez fue visto como un espacio de libertad económica podría convertirse en una red mundial de vigilancia financiera.