Más de 7.000 contenedores con mercancías destinadas a Cuba permanecen retenidos en distintos puertos del Caribe, una paralización que añade presión a una economía ya marcada por escasez, cortes prolongados de electricidad y dificultades para garantizar suministros básicos. Entre las cargas afectadas figuran alimentos, medicamentos, recursos para el abastecimiento de agua e insumos vinculados con el sistema energético y eléctrico.

La denuncia fue realizada a finales de julio por el vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien aseguró ante la Asamblea Nacional que se trata de mercancías adquiridas legalmente por Cuba conforme a las normas del comercio internacional. El Gobierno responsabiliza de la situación al endurecimiento de las medidas de Estados Unidos y a la decisión de varias navieras de reducir o interrumpir operaciones relacionadas con la isla.

Mercancías pagadas que no llegan a destino

El problema trasciende la demora habitual de una operación marítima. Cada contenedor inmovilizado puede generar gastos adicionales de almacenamiento, sobrestadía, manipulación portuaria, seguros y posibles pérdidas por deterioro de productos. Para importadores y propietarios de la carga, el costo aumenta a medida que la mercancía permanece detenida sin completar la ruta contratada.

Uno de los casos más sensibles ocurrió en Cartagena de Indias, Colombia. Medicuba denunció la inmovilización de dos contenedores que transportaban medicamentos para el tratamiento de la epilepsia. Según la versión de las autoridades cubanas, la naviera alemana Hapag-Lloyd se negó a continuar el traslado alegando el cumplimiento de las restricciones estadounidenses.

Un escenario similar se produjo en Jamaica, donde la francesa CMA CGM mantuvo retenidas decenas de cargas con destino a Cuba. Entre ellas se encontraba al menos un contenedor con insumos médicos.

Estos episodios muestran que la afectación no se concentra en un solo puerto ni en una única empresa. El problema alcanza diferentes puntos de tránsito del Caribe y compromete cadenas de suministro que dependen de conexiones internacionales para llegar a la isla.

La inmovilización ocurre en un momento crítico para Cuba. El sistema eléctrico atraviesa una situación de extrema fragilidad y los apagones prolongados forman parte de la vida cotidiana en buena parte del país.

El Gobierno cubano atribuye una parte importante del deterioro al denominado “cerco energético” de Estados Unidos, que, según La Habana, dificulta la entrada de combustibles, financiamiento, piezas y recursos necesarios para mantener la infraestructura eléctrica.

La retención de contenedores amplifica ese problema porque una parte de las cargas incluye precisamente suministros destinados al sector energético. La demora de componentes, equipos o insumos puede retrasar mantenimientos y reparaciones en un sistema que opera con un margen muy reducido.

También hay consecuencias para el abastecimiento de agua. Las autoridades cubanas han señalado que más de tres millones de personas enfrentan diariamente dificultades para acceder al servicio, mientras parte de los recursos destinados al sistema hidráulico permanece detenida fuera del país.

Posibles reclamaciones por los contenedores retenidos

La crisis logística se agravó después de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo. La orden permite adoptar medidas contra personas o entidades que hayan trabajado para el Gobierno cubano o le hayan ofrecido apoyo financiero, material o tecnológico. Después de su entrada en vigor, las dos navieras europeas que mantenían determinadas operaciones con Cuba dejaron de aceptar nuevos pedidos vinculados con la isla.

El resultado es un efecto de contención empresarial. Incluso cuando una operación comercial puede haber sido contratada con anterioridad, las compañías evalúan su exposición al sistema financiero estadounidense, la posibilidad de sanciones y el riesgo de perder acceso a determinados mercados.

La retención también abre un frente jurídico para importadores de mercancías, cubanos y extranjeros.

Empresas y propietarios afectados que necesiten analizar su situación pueden recurrir a asesoramiento especializado. El bufete Caporaso & Partners dispone de un servicio para estudiar posibles reclamaciones o procedimientos relacionados con el desbloqueo de mercancías por parte de empresas navieras europeas, a partir de la existencia de una ley vigente en la Unión Europea que posibilita que dichas compañías puedan operar en Cuba, sin verse afectadas por el embargo de Washington. Para conocer más detalles sobre este servicio se puede agendar una consulta con un abogado.

La acumulación de más de 7.000 contenedores convierte así un problema logístico en otro componente de la crisis económica cubana. Mientras las cargas permanezcan fuera del país, aumentan los costos para importadores y transportistas, se retrasan suministros esenciales y crece la posibilidad de disputas contractuales por mercancías que fueron compradas pero no lograron completar su viaje hasta Cuba.