Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume y necesita unos 2.400 millones de dólares anuales para pagarlos. Es una dependencia extraordinaria para un país tropical, que tiene tierras fértiles, lluvias frecuentes y poco más de diez millones de habitantes. Pero esta contradicción no nació con la crisis económica actual, exacerbada por las sanciones de la Administración Trump. En realidad, es el desenlace de un modelo económico que durante más de un siglo prefirió financiar las importaciones antes que invertir en el campo cubano, para construir una agricultura diversificada.
Antes de 1959, Cuba ya compraba una parte importante de su comida. Estados Unidos suministraba el 86% de sus importaciones agrícolas en 1958, especialmente arroz, manteca, carne de cerdo y harina de trigo. La diferencia es que la isla disponía del azúcar, como una poderosa fuente de ingresos.
Entre 1955 y 1959, además, producía anualmente unas 183.000 toneladas de carne vacuna, 39.000 de cerdo y 775.000 de leche. La cosecha nacional cubría casi la mitad de las 326.000 toneladas de arroz disponibles para el consumo, mientras la producción de papa rondaba las 108.000 toneladas.
Era una economía dependiente, pero capaz de pagar sus compras con las exportaciones azucareras. Esa fórmula sobrevivió a la Revolución, aunque cambió de socio.
Del mercado estadounidense al subsidio soviético
La Unión Soviética comenzó a comprar azúcar cubano por encima de los precios internacionales y suministró petróleo, maquinaria, fertilizantes, pesticidas y alimento animal. Cuba intentó inicialmente diversificar el campo, pero el azúcar cayó de 6,8 millones de toneladas en 1961 a 3,8 millones en 1963. El Gobierno volvió entonces a concentrar recursos en la caña.
La zafra de 1970 alcanzó 8,5 millones de toneladas, aunque quedó por debajo de la meta política de diez millones y desorganizó otros sectores. A finales de los años ochenta, el país todavía producía cerca de 8,5 millones de toneladas anuales y el azúcar aportaba alrededor del 75% de los ingresos por exportaciones.
La aparente seguridad alimentaria descansaba, sin embargo, sobre otra dependencia. Cuba importaba entre el 44% y el 57% de las calorías consumidas por su población. La libreta de abastecimiento funcionaba porque el subsidio soviético permitía completarla.
Cuando desapareció la URSS, también se evaporaron el mercado preferencial, los insumos y el financiamiento. La producción de los principales cultivos no azucareros cayó de 2,4 millones de toneladas en 1989 a 1,57 millones en 1994. El arroz bajó de 536.000 a 177.000 toneladas; las hortalizas, de 610.000 a 322.000, y otras frutas, de 219.000 a 68.000. Tres décadas después, el país todavía no ha corregido aquel derrumbe.
Producir alimentos dejó de ser rentable en el campo cubano
Entre 2018 y 2023, la producción cubana de carne de cerdo se desplomó un 95%; la de arroz, un 87%; la de frijoles, un 70%, y la de leche, un 58%, según el Programa Mundial de Alimentos. La zafra 2024–2025 quedó por debajo de 150.000 toneladas de azúcar, el peor resultado en más de un siglo.
La estructura de la propiedad ayuda a explicar el fracaso. El Estado controla el 79% de la superficie agrícola, frente al 13% en manos privadas y el 8% perteneciente a cooperativas. Sin embargo, más del 80% de los alimentos procede precisamente del sector campesino y cooperativo, incluido el que trabaja terrenos estatales en usufructo.
El sistema de Acopio obliga a entregar parte de las cosechas a precios que a menudo no cubren los costos. A cambio, promete combustible, fertilizantes y otros recursos que no siempre llegan. Los retrasos en los pagos, los topes de precios y la inflación terminan castigando al que produce.
En octubre de 2024, el Ministerio de Agricultura admitió que el sector recibía solo el 10% del combustible requerido y que apenas el 7% de la superficie agrícola disponía de riego. Ese mismo año, el 37,4% de la inversión estatal fue destinado al turismo y la hostelería; la agricultura recibió únicamente el 2,7%.
Las sanciones estadounidenses agravan el problema. Aunque Washington permite vender alimentos a Cuba, restringe el crédito y exige pagos en efectivo o mediante instituciones de terceros países. La escasez de combustible, las trabas bancarias y el encarecimiento de los suministros golpean toda la cadena agrícola.
Pero el embargo no explica por qué un proyecto vietnamita en Pinar del Río obtuvo 7,2 toneladas de arroz por hectárea frente al promedio cubano de 1,6. Con tecnología, insumos, gestión y autonomía, la misma tierra produjo cuatro veces más.
El Gobierno aprobó este año un paquete de 176 transformaciones, incluidas concesiones de usufructo más prolongadas y facilidades para importar combustible. El problema ya no es anunciar reformas, sino aplicarlas. Después de años destinando más recursos a levantar hoteles que a recuperar el campo, Cuba necesita reconstruir una agricultura descapitalizada mientras su economía acumula una contracción del 15% en seis años. Sin cambiar los incentivos, la propiedad efectiva y las prioridades de inversión, continuará importando la comida que su propia tierra podría producir.
