Panamá enfrenta un nuevo arbitraje internacional por la disputa sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, dos terminales estratégicamente ubicadas en los extremos del Canal. El conglomerado hongkonés CK Hutchison reclama más de 1.500 millones de dólares en daños y perjuicios, al considerar que el Estado panameño violó un tratado de protección de inversiones y destruyó el valor de sus activos en el país.
La nueva demanda se suma al arbitraje iniciado por Panama Ports Company, filial de CK Hutchison, que reclama más de 2.000 millones de dólares por la pérdida de las concesiones. Aunque ambos procesos están relacionados con los mismos puertos, responden a bases jurídicas diferentes.
Qué reclama CK Hutchison
CK Hutchison sostiene que Panamá adoptó entre 2025 y 2026 una serie de medidas que terminaron con la concesión que permitía operar Balboa, en la costa del Pacífico, y Cristóbal, en el Caribe.
Panama Ports Company administraba ambas instalaciones desde 1997 y había renovado la concesión por otros 25 años en 2021.
El escenario cambió cuando la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la concesión. Después de esa decisión, el Gobierno del presidente José Raúl Mulino tomó temporalmente el control de las terminales en febrero de este año.
La empresa considera que esas actuaciones no fueron una simple terminación contractual, sino una afectación directa de una inversión protegida internacionalmente.
El nuevo arbitraje estaría relacionado con el tratado bilateral de protección de inversiones firmado entre Reino Unido y Panamá en 1983. CK Hutchison está constituida en las Islas Caimán, territorio británico de ultramar, lo que explicaría la utilización de ese mecanismo.
Panama Ports Company ya reclama más de $2.000 millones
El nuevo procedimiento no sustituye al iniciado anteriormente por Panama Ports Company. La filial sostiene que el Estado panameño actuó ilegalmente al poner fin a las concesiones y asumir el control de los puertos. En marzo amplió su reclamación hasta superar los 2.000 millones de dólares.
De esta manera, las reclamaciones planteadas por CK Hutchison y Panama Ports Company superan nominalmente los 3.500 millones de dólares.
Eso no significa, sin embargo, que Panamá deba pagar esa cantidad. Cada tribunal arbitral tendrá que determinar si existieron violaciones de los derechos invocados y, en caso afirmativo, calcular el eventual daño económico.
Existe además un tercer procedimiento. Panama Ports Company llevó a arbitraje a A.P. Moller-Maersk después de que la compañía danesa asumiera operaciones relacionadas con Balboa. Maersk ha rechazado que tenga responsabilidad en esas reclamaciones.
Una disputa portuaria en medio del choque entre Estados Unidos y China
El conflicto adquirió una dimensión internacional por la ubicación de Balboa y Cristóbal.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump cuestionó la presencia china en los puertos situados alrededor del Canal y llegó a denunciar una supuesta influencia de Pekín sobre la ruta.
El Canal, sin embargo, pertenece a Panamá y está administrado por Panamá. Panama Ports Company operaba terminales próximas a sus entradas, no la vía interoceánica.
China reaccionó con dureza a la anulación de la concesión, mientras la disputa complicó también otro gran negocio de CK Hutchison que es la venta de decenas de puertos internacionales a un consorcio encabezado inicialmente por BlackRock.
Esa operación había sido valorada entre 19.000 millones y 23.000 millones de dólares, según las condiciones consideradas. La presión de Pekín llevó posteriormente a cambios en la estructura del consorcio, con la participación de MSC y COSCO Shipping.
La crisis panameña ya aparece en las cuentas de CK Hutchison. El conglomerado informó de un impacto de 496 millones de dólares de Hong Kong en su división portuaria relacionado con las perturbaciones en Panamá.
La disputa sobre Balboa y Cristóbal entra ahora en una fase más compleja. Panamá no solo tendrá que defender la constitucionalidad de sus decisiones internas, sino también responder ante tribunales internacionales por las consecuencias económicas de esas medidas. El resultado de los arbitrajes definirá el costo final de una de las controversias portuarias más importantes que ha enfrentado el país y podría tener efectos sobre la percepción de seguridad jurídica de futuras inversiones en su sector logístico.
