La entrada de decenas de miles de personas en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio desbordó en pocas horas una de las fronteras más vigiladas del Mediterráneo. Las estimaciones posteriores situaron el flujo por encima de 70.000 personas. Por su magnitud y velocidad, el episodio difícilmente puede explicarse como una oleada migratoria convencional. No pocos lo han llamado una invasion de Ceuta.

La principal incógnita es cómo pudo producirse. Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, remitido a la Audiencia Nacional, considera improbable que la movilización fuera completamente espontánea. El documento describe movimientos organizados por fases y recoge imágenes y mensajes en los que aparecen agentes marroquíes, uniformados y de paisano, orientando desplazamientos o siguiendo las concentraciones.

La investigación, sin embargo, no ha identificado públicamente al autor intelectual de la operación ni ha demostrado que existiera una orden directa del Gobierno marroquí o del Palacio Real.

Invasión a Ceuta, alimentada desde las redes

La desinformación tuvo un papel visible. En redes sociales circularon vídeos y mensajes que aseguraban que España permitiría quedarse a quienes consiguieran cruzar. Parte de esas publicaciones se apoyaba en interpretaciones falsas o exageradas de decisiones judiciales y de la política migratoria española.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez,  atribuyó parte de esa campaña a redes vinculadas con Rusia, Israel y grupos de extrema derecha. Moscú e Israel rechazaron las acusaciones. Otro dato alimenta las dudas. Según el informe policial, solo alrededor del 10% de quienes cruzaron intentó permanecer en España. La mayoría regresó a Marruecos. Ese comportamiento se aparta del patrón habitual de una migración cuyo objetivo principal es asentarse o continuar viaje hacia Europa.

La crisis recuerda inevitablemente mayo de 2021. Entonces, cerca de 9.000 personas entraron en Ceuta después de que Marruecos relajara los controles durante la disputa diplomática causada por la hospitalización en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. El Parlamento Europeo denunció después el uso de la migración como herramienta de presión política.

Cinco años más tarde, el Sáhara Occidental continúa condicionando la relación entre Madrid y Rabat. España respaldó en 2022 el plan marroquí de autonomía para el territorio, lo que mejoró sus vínculos con Marruecos y deterioró la relación con Argelia.

Poco antes de la nueva crisis, Sánchez había viajado a Argel para intentar normalizar esos vínculos. En España también avanzaba una iniciativa relacionada con la nacionalidad de descendientes saharauis, asunto especialmente sensible para Rabat. Marruecos, además, mantiene su reivindicación sobre Ceuta y Melilla.

Las preguntas de la invasion a Ceuta también apuntan a Madrid

La investigación no termina en la frontera marroquí. La Policía española había emitido alertas sobre el riesgo de entradas masivas antes del 30 de julio. Ahora se intenta determinar qué información recibieron Interior, Defensa, el CNI y los responsables políticos, y si las advertencias fueron gestionadas adecuadamente.

El Gobierno y la oposición han convertido el episodio en otro frente de disputa sobre inmigración, seguridad y política exterior. Pero las preguntas centrales siguen abiertas.

La evidencia disponible apunta a una combinación de desinformación, movimientos organizados y actuación o permisividad de agentes marroquíes. También revela fallos en la anticipación española. Todavía falta demostrar quién coordinó la operación y con qué objetivo. Hasta entonces, atribuir toda la responsabilidad a Rabat o reducir lo ocurrido a una simple avalancha migratoria sería ir más allá de lo que permiten probar los hechos.