La comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados de Panamá pidió a los diputados no aprobar el proyecto de Ley 625 de 2021, nombrado Extinción de Dominio de bienes ilícitos. Desde el gremio consideran que este proyecto es inconstitucional y viola los derechos fundamentales del ciudadano. Mientras, el gobierno alega que la medida busca enfrentar la corrupción y delitos como el narcotráfico.

Carlos Herrera Morán, presidente de la comisión, envió una carta al titular de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames. En la misiva reconoció que el proyecto de ley era inviable. Entre las razones expuestas están que “viola las garantías constitucionales relacionadas con el derecho al debido proceso, a la propiedad, a la presunción de inocencia, y a los derechos humanos”.

¿Por qué es tan polémico el proyecto de ley sobre Extinción de Dominio?

La carta señala que la Constitución panameña prohíbe a la Asamblea Nacional expedir leyes que contradigan el espíritu o la letra de la Carta Magna. Por lo tanto, las leyes emitidas por el Poder Legislativo no pueden ser contrarias a los derechos fundamentales. Panamá siempre ha sido líder en Latinoamérica en temas legales. Este es un país que permite abrir una sociedad o una cuenta bancaria offshore, de manera rápida, aseguró el abogado Giovanni Caporaso.

La norma de Extinción de Dominio permitiría al juez dictar pruebas de oficio y establecer las que considere pertinentes. Esto representa un desequilibrio en el proceso. Además, el proyecto de ley permitiría declarar una actividad como delictiva sin una sentencia penal condenatoria en firme. Según los abogados, esto podría despojar al investigado de sus bienes, incluso sin una condena penal.

¿Qué puede suceder con el proyecto de ley?

La comisión del Colegio Nacional de Abogados asegura que el gobierno solo ha presentado el documento del modelo, sin haberlo adaptado adecuadamente a la legislación panameña. Los detractores del proyecto argumentan que esta norma extinguiría el dominio de los bienes de cualquier persona en poco tiempo. Ese dominio no se podría recuperar, porque la ley no hace distinción entre culpables e inocentes.

La extinción de dominio como figura jurídica está dirigida contra los bienes de origen o destinación ilícita. Esta extinición es considerada como un instrumento de política criminal que complementa las medidas institucionales y legales adoptadas por los países contra el crimen organizado.

El documento Modelo destaca que esta es una novedad en la lucha contra el crimen organizado. Esto es porque se enfoca únicamente en la persecución de toda clase de activos que conforman la riqueza derivada de la actividad criminal.

De acuerdo con el Ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, de aprobarse la ley, el 80 % de lo incautado será dedicado a obras sociales. Este es otro de los puntos esgrimidos por el gobierno para sustentar su muy polémico proyecto.