La captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos no solo reconfiguró el tablero geopolítico regional. En cuestión de horas, provocó un colapso visible en la economía cotidiana de Venezuela. No en los gráficos macroeconómicos ni en los informes técnicos, sino en las colas, en los anaqueles vacíos, en el silencio de los centros comerciales cerrados y en la presencia constante de militares y grupos paramilitares en las calles.
Consumo paralizado y compras nerviosas
Después de confirmarse la operación militar estadounidense, miles de venezolanos salieron a comprar lo que pudieran. Alimentos, medicinas, productos básicos. Las escenas recordaron los peores años de escasez, con filas extensas frente a supermercados que abrían a medias, restricciones en la cantidad de productos por persona y cierres preventivos de comercios.
No se trató de una ruptura real de las cadenas de suministro en esas primeras horas, sino de un fenómeno clásico de “compras de pánico”. En un país donde la memoria económica es traumática, la percepción de vacío suele anticiparse a la realidad. El resultado fue presión sobre inventarios, alza puntual de precios informales y desaparición temporal de proteínas, lácteos y medicamentos.
Las estaciones de servicio, muchas de ellas cerradas por razones de seguridad, se convirtieron en otro punto crítico. Aunque Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, la gasolina volvió a ser un bien incierto. Las colas se formaron incluso donde el despacho continuaba, y el transporte público prácticamente se paralizó en varias ciudades.
Con el Metro de Caracas fuera de servicio y el tránsito reducido al mínimo, miles de trabajadores no pudieron llegar a sus empleos. La economía urbana entró en un estado de pausa forzada.
La presencia de militares y grupos paramilitares en las calles no es neutral desde el punto de vista económico. Cada alcabala, cierre vial y patrullaje intimidante reduce la circulación de bienes y personas. La militarización genera desconfianza, paraliza decisiones y eleva el costo de hacer cualquier actividad productiva.
Además, el anuncio de un estado de conmoción exterior profundizó la percepción de que la economía quedó subordinada a la lógica de la seguridad. En ese marco, nadie invierte, nadie produce más de lo imprescindible y nadie planifica.
Una administración tutelada desde Washington y el petróleo como eje de control
La designación informal del secretario de Estado Marco Rubio como figura clave en el control que Washington pretende ejercer sobre Venezuela confirma que la operación no se limita al plano militar. Se trata de un esquema de administración externa, con el petróleo como principal variable económica y herramienta de presión política.
Aunque desde el exterior se proyecta la idea de una transición encabezada por figuras opositoras, en Washington existe una lectura más cruda. Estados Unidos no considera que María Corina Machado ni Edmundo González cuenten con el respaldo social suficiente para gobernar un país fracturado, empobrecido y militarizado.
Desde el discurso oficial estadounidense, tomar el control del petróleo aparece como la llave de la recuperación. Sin embargo, la realidad económica es menos optimista. La industria petrolera venezolana requiere inversiones multimillonarias, años de reconstrucción y estabilidad jurídica. Nada de eso existe hoy.
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela
Mientras el Tribunal Supremo venezolano transfirió de manera interina las funciones presidenciales a Delcy Rodríguez para garantizar la continuidad administrativa, Estados Unidos dejó claro que no reconoce autonomía real en esa estructura. La estrategia, según analistas, no apunta inicialmente a una ocupación masiva con tropas, sino a un control indirecto del poder mediante incentivos económicos, amenazas y la supervisión directa de las decisiones vinculadas a los recursos energéticos.
Las advertencias públicas del presidente Donald Trump sobre posibles nuevos ataques en caso de “falta de cooperación” refuerzan la idea de que el petróleo venezolano no será negociado, sino administrado bajo coerción. En términos económicos, esto convierte al Estado venezolano en un actor subordinado, sin capacidad soberana para definir el destino de su principal fuente de ingresos.
El golpe al derecho internacional y el silencio global
La operación contra Venezuela marca un precedente grave. La captura de un jefe de Estado y el anuncio de administración directa de un país soberano colocan a Naciones Unidas al borde de la irrelevancia. Hubo condenas, comunicados y protestas en diversas capitales, pero ninguna acción concreta.
El paralelismo con la invasión israelí en Gaza es inevitable. Mucha indignación desde Moscú, Beijing, Ciudad de México y La Habana, pero ningún freno real. El mensaje para los mercados y para los países periféricos es inquietante, ya que el Estado de Derecho Internacional no es una garantía.
Una economía intervenida en Venezuela sin hoja de ruta
Venezuela no enfrenta hoy una crisis económica tradicional. No hay una hiperinflación desatada ni una ruptura inmediata del sistema financiero. Lo que existe es una economía intervenida sin reglas claras ni horizonte político definido.
La administración Trump apuesta a que el control del territorio y del petróleo permitirá estabilizar el país y reconstruir su aparato productivo. Pero la historia económica muestra que ningún proceso de recuperación funciona sin legitimidad social interna, sin instituciones operativas y sin confianza mínima de la población.
Más allá del destino político de Venezuela, el daño ya está hecho. Se rompió un principio básico del sistema internacional: la idea de que la fuerza no puede sustituir al derecho. Cuando eso ocurre, las economías dejan de operar bajo reglas previsibles y pasan a depender del cálculo geopolítico de las grandes potencias.
