La decisión del gobierno panameño de José Raúl Mulino de eliminar el Bono Solidario de Vivienda ha desatado una crisis en el sector de la construcción y ha afectado profundamente a miles de familias que sueñan con acceder a una vivienda digna.

Un beneficio vital para las familias de bajos ingresos

El Bono Solidario de Vivienda era un programa esencial que permitía a las familias de bajos ingresos recibir un subsidio de $10,000 para el abono inicial de viviendas valoradas en hasta $70,000. Este beneficio, que durante años facilitó la adquisición de aproximadamente ocho mil viviendas anuales, representaba una oportunidad para entre el 82% y el 87% de los panameños que dependían de este apoyo para alcanzar el sueño de tener un hogar propio.

Sin embargo, el programa llegó a su fin el 30 de junio de 2024, sin un marco legal que garantizara su continuidad. La justificación oficial señaló problemas como la alta morosidad y la sobreoferta de proyectos que superaban la capacidad de pago del Estado. Esta decisión ha generado un fuerte impacto tanto en los beneficiarios como en el sector de la construcción.

Caída en el sector construcción sin el Bono solidario de vivienda

La eliminación del bono ha tenido repercusiones inmediatas en el mercado inmobiliario. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el valor total de las construcciones en Panamá cayó un 23.2% en 2024 en comparación con el año anterior. Municipios clave como Colón y Panamá registraron caídas de 75% y 22% respectivamente en proyectos de construcción.

El municipio de Arraiján, conocido por su alta inversión en bienes raíces, también sufrió una disminución del 6.2% en el valor de las inversiones inmobiliarias. Estos descensos no solo afectan la economía local, sino que también ponen en peligro miles de empleos directos e indirectos.

Empleos y empresas en riesgo

Uno de los efectos más alarmantes de la eliminación del Bono solidario de vivienda es el impacto en el empleo. En el interior del país, entre 4,000 y 5,000 empleos directos han quedado paralizados. Además, empresas relacionadas con el transporte y la distribución de materiales de construcción también han sufrido pérdidas significativas.

La situación es particularmente crítica para las empresas constructoras y promotoras de viviendas. Al menos el 40% de estas empresas han cerrado operaciones debido a la falta de financiamiento para proyectos de viviendas de interés social. Esto no solo aumenta el desempleo, sino que también reduce la disponibilidad de viviendas accesibles en el mercado.

Proyectos paralizados y familias en incertidumbre sin el Bono solidario de vivienda

La mitad de los proyectos de vivienda en el país están paralizados, dejando a cientos de familias en el limbo. Muchas de estas familias habían iniciado trámites en el Banco Nacional para acceder al bono solidario de vivienda, pero ahora enfrentan un futuro incierto.

Alberto Nasta, vocero de promotores de viviendas, ha denunciado que el banco no solo detuvo los trámites, sino que también retiró las promesas de pago e inscripciones de registro público. Aunque el sector ha intentado trabajar con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los avances han sido limitados.

Alternativas y propuestas

Ante esta crisis, tanto el gobierno como el sector privado han comenzado a evaluar posibles soluciones. Una de las propuestas más discutidas es la transformación del bono en un subsidio de intereses preferenciales. Esta medida permitiría distribuir los $10,000 en tramos menores, facilitando su presupuestación y reduciendo la carga financiera inmediata para el Estado.

Otra opción es implementar un sistema de ponderación que ajuste el monto del bono según las características del proyecto habitacional, como infraestructura y acceso a servicios básicos. La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) también ha propuesto trasladar el beneficio a tasas de interés diferidas en el tiempo para mitigar el impacto.

Un desafío para el gobierno y la sociedad

El presidente de la Capac, Alejandro Ferrer, ha advertido que sin medidas urgentes es probable que el déficit habitacional continúe creciendo en los próximos meses. Además, la reducción en la construcción de viviendas de interés social podría exacerbar las desigualdades económicas en el país.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Jaime A. Jované, ha asegurado que el gobierno honrará los pagos pendientes de viviendas construidas antes de la eliminación del bono. Sin embargo, reconoció que la falta de presupuesto limita las acciones que pueden tomarse en el corto plazo.

Panorama desalentador sin Bono solidario de vivienda

A pesar del panorama desalentador, existe esperanza de que el diálogo entre el gobierno y el sector privado produzca soluciones viables. La eliminación del Bono Solidario de Vivienda representa un recordatorio de la importancia de las políticas públicas para garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente para las familias más vulnerables.

Mientras tanto, miles de panameños esperan con incertidumbre que se encuentren alternativas que les permitan alcanzar la estabilidad y seguridad que brinda un hogar propio. La solución a esta crisis no solo dependerá de decisiones políticas, del crecimiento económico en 2025, sino también de la colaboración y creatividad de todos los sectores involucrados.