La Corte Suprema de Estados Unidos le pasó la factura a Donald Trump. Y la respuesta del presidente no fue moderar su estrategia, sino ampliarla. Lo que comenzó como una disputa jurídica sobre los límites del poder ejecutivo ha terminado en una escalada de la guerra comercial con alcance planetario.

El alto tribunal invalidó los fundamentos legales utilizados por la Casa Blanca para imponer aranceles generalizados bajo una ley de emergencia nacional. La decisión fue que el poder de establecer impuestos —y los aranceles lo son— corresponde al Congreso. El presidente del Supremo recordó que la Constitución reserva al Legislativo la potestad de afectar directamente el bolsillo de los ciudadanos. En otras palabras, el Ejecutivo no puede convertir una emergencia en un atajo fiscal.

La sentencia no solo desmanteló los gravámenes asociados al combate del narcotráfico o a los llamados aranceles “recíprocos”, sino que cuestionó la arquitectura jurídica que sostenía buena parte del proteccionismo trumpista. Fue un golpe institucional de alto calibre.

Guerra comercial contra el mundo, la contraofensiva inmediata de Trump

Lejos de retroceder, Trump respondió con una maniobra de mayor alcance, porque anunció un arancel universal del 10 % a todas las importaciones, con entrada en vigor el 24 de febrero y vigencia inicial de 150 días. Poco después, elevó la tasa al 15 %. El mensaje político fue que si la Corte bloquea una vía, la Casa Blanca explorará otras.

La nueva medida excluye ciertos minerales estratégicos, recursos energéticos, fertilizantes, medicamentos y algunos productos electrónicos. Es decir, sectores donde la economía estadounidense es particularmente vulnerable o dependiente. La selectividad no elimina el impacto, ya que el grueso del comercio global con Estados Unidos quedará afectado.

Desde el punto de vista legal, la administración invocó otra herramienta de la Ley de Comercio de 1974, específicamente la Sección 122, diseñada para enfrentar desequilibrios graves en la balanza de pagos. Esta cláusula permite imponer aranceles temporales de hasta 15 % por un máximo de 150 días sin aprobación legislativa. Más allá de ese plazo, el Congreso debe intervenir.

El problema es que esta norma fue concebida como instrumento correctivo puntual, no como ariete geopolítico. Convertirla en base de una política arancelaria global tensiona nuevamente los límites entre poderes.

Un conflicto constitucional con efectos económicos

La disputa ya no es solo comercial. Es constitucional. La Corte ha marcado un límite explícito al uso expansivo de poderes de emergencia para rediseñar la política económica exterior. Trump, por su parte, sostiene que cuenta con otras herramientas legales para sostener su agenda.

Entre las opciones disponibles están la Sección 301 —que requiere investigaciones previas sobre prácticas comerciales consideradas injustas— y la Sección 232, vinculada a la seguridad nacional. También existe una disposición histórica de la Ley Smoot-Hawley de 1930 que permitiría aranceles de hasta 50 % frente a países que discriminen a Estados Unidos. Sin embargo, cada una de estas vías implica procedimientos, tiempos y restricciones.

El efecto inmediato es incertidumbre. Para los mercados, la volatilidad regulatoria es casi tan dañina como el arancel mismo. Empresas que dependen de cadenas globales de suministro enfrentan ahora un horizonte de costos más altos y posibles represalias.

El golpe judicial tuvo una derivada doméstica significativa. El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, envió una carta a la Casa Blanca reclamando la devolución de 8.600 millones de dólares que, según su cálculo, afectaron a 5,1 millones de hogares del estado. La cifra equivale a unos 1.700 dólares por familia. Más allá del simbolismo, el mensaje es político, porque los aranceles son impuestos indirectos que pagan consumidores y productores locales.

En sectores agrícolas, el malestar ha sido recurrente. Los gravámenes anteriores encarecieron insumos y generaron tensiones con socios comerciales estratégicos. El nuevo esquema universal amplifica el riesgo de represalias coordinadas.

La internacionalización de la guerra comercial

Con el anuncio de un arancel aplicado a todos los países, la guerra comercial deja de ser bilateral o focalizada. Se convierte en global por diseño. La lógica ya no es castigar a determinados actores por prácticas específicas, sino establecer una barrera general como instrumento de presión.

En términos macroeconómicos, un arancel universal actúa como un impuesto al consumo y a la inversión. Puede generar ingresos fiscales temporales, pero también encarece bienes importados, alimenta la inflación y reduce el poder adquisitivo. Además, en un contexto de cadenas de valor interconectadas, muchas importaciones son insumos para la producción nacional. Penalizarlas impacta la competitividad de las propias empresas estadounidenses.

El trasfondo político es evidente. Trump convierte el enfrentamiento con la Corte en narrativa de defensa nacional y reivindica su capacidad de actuar frente a lo que considera abusos comerciales históricos. El problema es que el choque entre poderes introduce un factor de riesgo institucional que trasciende la coyuntura electoral.

La decisión del Supremo marcó un límite constitucional. La respuesta del presidente transformó esa derrota jurídica en una ofensiva económica de mayor alcance. El resultado es una guerra comercial que ya no distingue entre aliados y rivales.

El mundo observa. Socios tradicionales evalúan contramedidas. Mercados financieros recalculan riesgos. Y el Congreso, inevitable árbitro de esta disputa, enfrenta la presión de definir hasta dónde está dispuesto a delegar su potestad impositiva.

La guerra comercial de Trump ha dejado de ser una estrategia puntual. Ahora es una política global en expansión. Y su desenlace dependerá tanto de los equilibrios internos de poder en Washington como de la capacidad del sistema internacional para absorber un nuevo shock proteccionista.