El petróleo venezolano tiene una larga historia y una relación profundamente desigual con Estados Unidos. Cada vez que Washington necesita justificar más presión política, imponer sanciones o desplegar sus militares recurre al “argumento” de que el petróleo venezolano le pertenece. La más reciente versión de ese relato la ha sostenido el presidente Donald Trump. Esta afirmación, además de incendiaria, no resiste el menor análisis histórico ni jurídico.

Un siglo de concesiones favorables a empresas estadounidenses

Desde finales del siglo XIX y, sobre todo, a partir del auge petrolero del siglo XX, la industria energética venezolana se desarrolló bajo un esquema de concesiones extremadamente ventajoso para compañías extranjeras, en particular estadounidenses. No se trató de inversiones filantrópicas ni de un “regalo tecnológico”, sino de contratos que permitieron extraer millones de barriles pagando regalías mínimas y tributos simbólicos.

Las cifras son elocuentes. Durante las primeras décadas de explotación masiva, Venezuela recibió apenas una fracción de lo que generaba su propio subsuelo. Entre 1917 y finales de los años treinta, la participación fiscal del Estado fue marginal frente a la magnitud del negocio. Las carreteras de Washington y Nueva York, literalmente asfaltadas con recursos venezolanos, son una metáfora precisa de ese desequilibrio histórico.

Cuando los gobiernos venezolanos intentaron revisar concesiones o imponer condiciones menos lesivas, la respuesta no fue diplomática. Hubo presiones, litigios internacionales, financiamiento de conspiraciones internas y respaldo explícito de Washington a corporaciones afectadas. El petróleo no solo lubricó motores, también intervenciones políticas.

Esa lógica se mantuvo durante décadas. Cada intento por elevar impuestos, limitar concesiones o reforzar la autoridad del Estado fue leído por los intereses petroleros como una amenaza. La historia demuestra que el conflicto no surge cuando Venezuela “expropia”, sino cuando deja de ser un territorio sin control efectivo sobre su riqueza.

Nacionalizar el petróleo de Venezuela no fue robar

La nacionalización del petróleo en 1975 no fue un acto aislado ni ilegal. No tuvo nada que ver con Hugo Chávez, Nicolás Maduro o el “socialismo del siglo XXI”. Fue parte de una tendencia global en países productores y se realizó mediante compensaciones a las empresas extranjeras. Ningún tribunal internacional dictaminó que Venezuela hubiese “robado” su petróleo. Las compañías continuaron, de hecho, participando en negocios vinculados a Petróleos de Venezuela durante años.

El argumento de que Estados Unidos es dueño del petróleo venezolano porque “creó la industria” ignora una verdad elemental: las concesiones no transfieren la propiedad del recurso. El crudo siempre fue venezolano. Las empresas tenían derecho a explotarlo bajo condiciones pactadas, no a apropiarse del subsuelo ni de la renta nacional.

La retórica de Trump y el petróleo como botín

Las declaraciones de Donald Trump, en las que exige que Venezuela “devuelva” petróleo supuestamente robado, forman parte de una estrategia política más amplia. La incautación de buques petroleros, las sanciones financieras y el despliegue militar en el Caribe no responden a un litigio legal, sino a una lógica de fuerza.

El discurso se apoya en acusaciones no probadas, como la vinculación del Estado venezolano con el narcotráfico, para construir un marco de legitimación. Pero incluso especialistas críticos con el Gobierno de Caracas coinciden en que el petróleo venezolano nunca perteneció a empresas estadounidenses. Ni antes ni ahora.

Casos como los de ExxonMobil o ConocoPhillips terminaron en arbitrajes internacionales con compensaciones millonarias, pero muy por debajo de las cifras reclamadas. Los tribunales reconocieron disputas contractuales, no un despojo de recursos naturales. Incluso en esos fallos queda claro que la propiedad del petróleo no estaba en discusión.

Otras compañías, como Chevron, optaron por permanecer en el país bajo las nuevas reglas. Esa decisión, puramente empresarial, desmonta la idea de una expropiación arbitraria sin salida legal.

El trasfondo real del conflicto por el petróleo de Venezuela

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del planeta y es socio fundador de la OPEP. En un mundo donde la transición energética avanza más lento de lo prometido, ese recurso sigue siendo estratégico. Estados Unidos, pese a su alto nivel de producción actual, enfrenta límites de reservas a mediano plazo. El interés no es ideológico. Es geopolítico y económico.

Las sanciones y cercos militares no buscan “democratizar” a Venezuela, sino condicionar el control sobre su principal activo. Mientras tanto, el crudo venezolano sigue fluyendo hacia Asia, en especial China, lo que añade una capa de rivalidad global al conflicto.

Decir que Venezuela robó su propio petróleo es reescribir la historia al revés. Lo que ocurrió durante décadas fueuna transferencia masiva de riqueza desde el sur hacia el norte, amparada por concesiones desiguales y respaldos políticos externos. La nacionalización, con todos sus errores posteriores, fue un intento tardío de corregir esa asimetría.

El petróleo es de Venezuela. No por consigna, sino por derecho histórico y jurídico. Ninguna retórica presidencial ni ningún bloqueo naval cambia ese hecho esencial.