El lawfare o guerra judicial es una estrategia que han seguido grupos de poder para perseguir, con herramientas jurídicas, a políticos

En América Latina, varios expresidentes aseguran haber sido víctimas del lawfare, una guerra que los sacó del poder o los colocó tras las rejas. De México a Argentina, pasando por Brasil, Ecuador, Bolivia, Panama, Perú o Colombia, dejar el poder en América Latina supone de forma casi automática acabar en el banquillo.

¿Qué es el “lawfare”?

Esta guerra la lleva a cabo un aparato judicial que se deja presionar por grupos de poder. Los abogados y jueces tienen mayor margen de maniobra, no son imparciales en sus acciones y reciben el apoyo de grandes conglomerados mediáticos. Estas empresas de comunicación se encargan de construir líneas de mensaje a favor o en contra de personalidades o partidos políticos y así facilitan el camino para que la ciudadanía acepte la decisión de los jueces.

En la “lawfare” intervienen diferentes actores que articulan intereses que nunca llegan a conocerse por la opinión pública. Entre los participantes sobresalen desde jueces y abogados, hasta funcionarios gubernamentales y grandes empresarios.

El término “lawfare” cobró fuerzas cuando, en diciembre de 2020, la ahora vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kichner, dijo que ello estuvo sometida todo el tiempo a esa guerra, por el gobierno de Mauricio Macri. No obstante, el caso más paradigmático de “lawfare”, en América Latina, fue el de Luiz Inácio Lula da Silva.

Lawfare, la guerra judicial que se expande por América Latina

Lawfare, la guerra judicial que se expande por América Latina

La prisión de Lula da Silva, la víctima más mediática del “lawfare”

El ex mandatario brasileño Lula da Silva fue expulsado de la política por el “lawfare”. Este político, del Partido de los Trabajadores, dirigió a Brasil durante dos períodos, entre 2003 y 2011. Tras la salida de Dilma Rousseff era favorito para ganar las elecciones presidenciales de 2018; sin embargo, su nombre quedó asociado con la causa judicial Lava Jato.

La justicia brasileña se dejó presionar. El tristemente célebre juez Moro, luego ministro de Justicia en un breve período con Jair Bolsonaro en la presidencia, se encargó de encarcelar a Silva, por supuestos actos de corrupción. Durante varios años la defensa del expresidente trató de demostrar su inocencia. En 2019, finalmente Lula salió de la prisión y, en 2021, quedaron restituidos todos sus derechos políticos, por lo que podrá presentarse a las próximas elecciones presidenciales.

Rafael Correa, un expresidente buscado por la Interpol

Otro de los expresidentes de izquierda de América Latina que ha reconocido ser víctima de la “lawfare” es el ecuatoriano Rafael Correa. Durante diez años, Correa impulsó la llamada “Revolución ciudadana”. Tras su salida del poder, su sucesor, Lenín Moreno, rompió con él y lanzó un violento “lawfare” contra el ex mandatario.

Moreno impulsó investigaciones judiciales que llevaron, primero, a la proscripción del movimiento Alianza País, creado por Correa. Luego, el Poder Judicial, amparado por el Ejecutivo, inició 40 procesos contra figuras políticas que trabajaron con Correa. Los medios de comunicación se sumaron a esta campaña y dañaron profundamente la imagen del ex presidente.

El siguiente paso fue incluir a Correa en el llamado “Caso soborno”. Esta investigación llevó a la cárcel al vicepresidente Jorge Glas. Además, la persecución personal contra Correa logró el objetivo final: perdió todos sus derechos políticos. No pudo presentarse como compañero de fórmula en las elecciones de 2021, ni tampoco podrá entrar a Ecuador. El gobierno de Moreno y, ahora, el de Guillermo Lasso han pedido a la Interpol que aplique la alerta roja con Correa, para que Bélgica, país donde reside, lo deporte a Ecuador.

La salud de la ex presidente de Bolivia, Jeanine Añez

La expresidenta interina Jeanine Añez, se ha convertido en emblema de unos y otros en su país. Se la acusa de autoflagelarse en prisión o se la victimiza con un supuesto intento de suicidio.

“Lamento informar al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez habría pretendido generarse una autolesión. Tiene unos pequeños rasguños en unos de sus brazos y no hay nada de qué preocuparse”. Fue el primer comentario público sobre el hecho, el del ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo.

Con sus declaraciones, minimizando el episodio sufrido por Añez en prisión, quien horas antes había sido encarcelada, puso fin a los rumores. Mismos que circularon insistentemente y que hablaban de la muerte de la exmandataria de facto.

La abogada de Añez, Norka Cuéllar, narró los hechos de otro modo. Dijo que tenía tres cortes en la muñeca izquierda y uno en el antebrazo y que todas las heridas necesitaron suturas. “A cada una se realizó tres puntos de sutura”, detalló.

Tres expresidentes bolivianos hicieron un llamado urgente a las autoridades judiciales y de la Fiscalía General del Estado. Esto para que se adopten las medidas necesarias para “preservar la vida e integridad física y psicológica de la expresidenta Añez”.

El viernes pasado, la fiscalía general de Bolivia había presentado una acusación formal contra Añez. Esto “por hechos calificados provisoriamente como genocidio, lesiones graves y lesión seguida de muerte”, por las masacres de Senkata y Sacaba. Mismas ocurridas luego de la forzada salida de Morales en noviembre de 2019.