El Canal de Panamá cerró el año fiscal 2025 con ingresos cercanos a 5.700 millones de dólares. De ese volumen, aproximadamente 3.000 millones fueron transferidos al Estado panameño. La diferencia no desapareció ni quedó disponible para un reparto discrecional, sino que se destinó a cubrir la operación de la vía, su mantenimiento, inversiones, modernización y reservas financieras.

Esa separación resulta esencial para entender qué ocurre con el dinero. El Canal de Panamá no funciona como una alcancía nacional de la que el Gobierno puede retirar todos los ingresos generados por peajes, servicios marítimos o subastas de cupos. Primero debe financiar su continuidad. Solo después de cubrir sus obligaciones, la Autoridad del Canal de Panamá entrega los excedentes al Tesoro Nacional.

Las cifras acumuladas desde la reversión muestran la magnitud económica del Canal bajo control panameño. Entre 2000 y 2025, la vía interoceánica transfirió al Tesoro Nacional aproximadamente 27.760 millones de balboas (1 balboa equivale a 1 dólar estadounidense).

El crecimiento ha sido notable. En 2000, el aporte fue de 201 millones de balboas. En 2005 ascendió a 489 millones y en 2007 alcanzó 847 millones. Para 2011 ya había superado la barrera de los 1.000 millones. En 2017 llegó a 1.650 millones, mientras que en 2021 rebasó los 2.080 millones.

Los aportes más recientes consolidan esa tendencia. En 2022 fueron entregados 2.497 millones de balboas; en 2023, unos 2.544,6 millones; y en 2024, aproximadamente 2.470,8 millones. Para 2025 se estimó una transferencia de 2.789 millones.

La comparación histórica también es contundente. Durante 86 años de administración estadounidense, Panamá recibió apenas unos 255 millones de dólares. En cambio, bajo gestión panameña, los aportes superaron los 27.000 millones en apenas un cuarto de siglo.

La soberanía sobre el Canal, por tanto, no tuvo solamente un valor político. También produjo una transformación fiscal de enorme alcance.

El dinero del Canal de Panamá entra en una caja común

Una vez transferidos, los recursos canaleros ingresan al Tesoro Nacional. Allí se mezclan con los impuestos, préstamos y demás ingresos públicos.

Ese mecanismo explica por qué resulta difícil seguir el recorrido de cada dólar. No existe una cuenta separada que permita afirmar que una carretera, una escuela o un hospital fueron financiados exclusivamente con dinero del Canal. Los excedentes pasan a formar parte del presupuesto general y el Gobierno decide cómo distribuirlos.

En términos prácticos, esos recursos ayudan a sostener educación, salud, infraestructura, seguridad social, empleo y programas de apoyo económico. También financian subsidios dirigidos a hogares, estudiantes, jubilados, productores y empresas.

Entre los programas respaldados por el presupuesto aparecen 120 a los 65, Red de Oportunidades y Ángel Guardián. También figuran el Fondo Solidario de Vivienda, el PASE-U, el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación y los auxilios económicos.

La lista incluye, además, subsidios al gas licuado, la electricidad y el transporte público. El Estado cubre parte de las tarifas de Metrobus y sostiene tarifas reducidas para determinados usuarios del Metro de Panamá.

Una parte del gasto público también beneficia a sectores empresariales y productivos. Existen fondos para mipymes, seguros agrícolas, compensaciones de intereses y apoyos a productores de leche, cebolla, arroz, tomate y maíz.

También se contemplan certificados de fomento industrial y agroexportador, exoneraciones de importación y otros mecanismos destinados a estimular actividades privadas.

Esto introduce una dimensión que suele quedar fuera del debate. Cuando se habla del “dinero del Canal”, la atención suele concentrarse en subsidios sociales, obras públicas o transferencias a la población vulnerable. Sin embargo, una parte también sostiene incentivos económicos cuya eficacia debería ser evaluada con transparencia.

El Canal de Panamá no financia por sí solo al Estado

En 2024, el gasto estatal en subsidios superó los 3.300 millones de dólares. Esa cantidad fue mayor que el aporte anual realizado por el Canal.

Incluso si todo el dinero transferido hubiera sido destinado a subsidios, no habría alcanzado para cubrirlos. El Estado tuvo que completar sus obligaciones con impuestos, endeudamiento y otras fuentes de ingresos.

Este dato desmonta la idea de que los recursos canaleros bastan para resolver todas las necesidades nacionales. El Canal de Panamá es una fuente extraordinaria de ingresos, pero no puede compensar por sí solo un presupuesto costoso, una baja eficiencia recaudatoria o un crecimiento descontrolado del gasto.

El Canal ha demostrado capacidad para generar ingresos, financiar sus inversiones y transferir miles de millones al Estado. También ha sabido aprovechar coyunturas internacionales. El cierre y la inseguridad en el estrecho de Ormuz, una ruta esencial para el transporte internacional de combustibles, obligaron a navieras y compradores asiáticos a buscar trayectos alternativos. Parte del petróleo y del gas procedente de Estados Unidos comenzó a desplazarse hacia Asia a través del Canal de Panamá.

Tras el inicio del conflicto, el tránsito canalero aumentó cerca de 11 %. En los días de mayor demanda, el crecimiento alcanzó hasta 20 %. La presión también elevó los precios, pues un buque gasero llegó a pagar 4 millones de dólares por cruzar la vía y algunas tarifas se duplicaron mediante las subastas de cupos reservados para navieras que necesitaban adelantar su tránsito.

Los ingresos adicionales generados por el incremento del tránsito y las subastas podrían elevar la recaudación entre 10 % y 15 %, aunque el resultado final dependerá de cuánto se prolongue la crisis. La coyuntura demuestra que la posición geográfica de Panamá también funciona como un activo financiero, porque cuando una ruta marítima crítica falla, el Canal puede captar parte del tráfico desviado y convertir una disrupción global en mayores ingresos nacionales.

Los ciudadanos conocen cuánto aporta el Canal, pero no siempre pueden identificar con la misma claridad qué resultados concretos produce ese dinero. La falta de trazabilidad alimenta la percepción de que la riqueza canalera no llega a la vida cotidiana.

La respuesta a dónde va el dinero es amplia, desde subsidios, educación, transporte, vivienda, agricultura, empresas, municipios, infraestructura y otras obligaciones estatales. La pregunta más importante, sin embargo, es si esos recursos se administran con suficiente eficiencia y transparencia.

El Canal genera riqueza. Corresponde al Estado demostrar cómo la convierte en desarrollo.