El cierre de Cobre Panamá ha golpeado el empleo, reducido los ingresos fiscales y privado al país de aprovechar el auge internacional del cobre. Mientras el Gobierno de José Raúl Mulino evalúa una posible reapertura, crece la presión por recuperar una inversión de 10.000 millones de dólares.
La paralización de Cobre Panamá desde finales de 2023 continúa acumulando pérdidas para una economía que necesita nuevas fuentes de crecimiento. Un estudio de una asociación empresarial estima que el cierre de la mayor inversión privada de la historia panameña provocó la eliminación de más de 30.000 empleos directos e indirectos y pérdidas fiscales de 2.100 millones de dólares entre 2024 y 2026.
El proyecto, administrado por First Quantum Minerals, permanece detenido después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la ley que aprobó su contrato. La decisión llegó en medio de multitudinarias protestas contra la actividad minera y sus consecuencias ambientales.
Casi tres años después, el debate adquiere una dimensión económica más compleja. Panamá debe decidir qué hacer con una infraestructura valorada en aproximadamente 10.000 millones de dólares, mientras los precios internacionales del cobre han aumentado alrededor del 70 %.
Cuánto pierde Panamá por mantener cerrada su mayor mina de cobre
Antes de su paralización, Cobre Panamá representaba aproximadamente el 5 % del producto interno bruto nacional. Su capacidad productiva supera las 350.000 toneladas métricas anuales, una escala que explica su relevancia para el mercado internacional.
La pérdida de actividad también afecta a proveedores, servicios asociados y trabajadores que dependían de la operación minera. En términos fiscales, los recursos no percibidos reducen el margen del Estado para financiar inversiones y fortalecer las cuentas públicas.
El encarecimiento del cobre añade otra dimensión al problema. Mientras otros productores pueden beneficiarse de las cotizaciones, Panamá mantiene fuera de operación una instalación que podría contribuir a recuperar exportaciones y generar divisas.
El Gobierno de Mulino enfrenta una decisión políticamente delicada. Aunque la recuperación minera ofrecería oportunidades económicas, las preocupaciones ambientales y el rechazo social que acompañaron al cierre siguen presentes.
First Quantum ha manifestado disposición a negociar otro acuerdo y suspendió sus principales reclamaciones arbitrales contra Panamá.
Mientras tanto, la autorización para procesar material previamente extraído ha permitido realizar exportaciones hacia Europa e India y conservar aproximadamente 3.000 empleos.
La discusión financiera también incluye cuánto debería recibir el Estado ante una eventual reapertura.
Entre las propuestas aparecen una participación pública en la empresa minera, condiciones fiscales más favorables y una entidad independiente encargada de supervisar los activos del sector.
Otra alternativa consiste en crear un fondo soberano que permita invertir los ingresos mineros en educación, infraestructura y proyectos de largo plazo, con mecanismos transparentes de administración.
El cobre podría convertirse, además, en una herramienta para diversificar las exportaciones panameñas y atraer inversiones vinculadas al procesamiento, la logística y los servicios especializados.
Sin embargo, recuperar la actividad no garantiza automáticamente esos resultados. Las condiciones contractuales, los controles ambientales y la distribución de beneficios determinarán cuánto valor económico puede retener Panamá.
Con las elecciones presidenciales de 2029 en el horizonte, el Gobierno enfrenta una decisión de definir qué papel puede desempeñar el cobre en el crecimiento económico futuro del país.
