Panamá se prepara para un nuevo episodio de tensión social este viernes 21 de marzo, cuando profesores, trabajadores y sindicatos han convocado a una huelga nacional de 24 horas en rechazo a las reformas aprobadas a la Caja de Seguro Social (CSS).

Esta medida, impulsada por gremios magisteriales y la Alianza Pueblo Unido por la Vida, busca presionar al gobierno de José Raúl Mulino ante lo que consideran una “ley nefasta” que privatiza recursos y no resuelve los problemas estructurales del sistema de seguridad social. Pero, ¿cuál será el impacto económico de esta paralización en un país cuya economía depende del dinamismo comercial y los servicios?

El contexto de la huelga en Panamá

La aprobación del proyecto de ley 163, que reforma la CSS, ha desatado una ola de críticas desde diversos sectores. Los manifestantes argumentan que las modificaciones no garantizan mejoras en la atención médica ni en la entrega de medicamentos, y temen que los ahorros de los cotizantes queden en manos de bancos privados.

El anuncio de la huelga en Panamá incluye la paralización de obras de construcción y clases en el sector público. El gobierno, por su parte, defiende las reformas como una solución urgente para evitar la bancarrota de la CSS, un pilar financiero del país. Sin embargo, la falta de consenso con los gremios y la percepción de una imposición legislativa han avivado el conflicto, llevando a Panamá a un escenario de incertidumbre económica.

Impacto económico de la huelga en Panamá

El paro de 24 horas afectará directamente a miles de estudiantes del sistema público, donde los docentes suspenderán clases. Aunque un día sin lecciones no paraliza el calendario escolar, el efecto simbólico y logístico es significativo. Las escuelas privadas seguirán operando, lo que podría acentuar las desigualdades educativas, un tema sensible en el país. Además, los costos asociados a la reposición de clases o la movilización de recursos para mitigar el impacto podrían sumar miles de dólares al presupuesto estatal.

En el sector productivo, la construcción, liderada por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), será uno de los más golpeados. Con proyectos clave como edificaciones y obras de infraestructura en marcha, la detención de actividades por un día completo podría generar pérdidas estimadas entre 5 y 10 millones de dólares, según proyecciones basadas en paralizaciones previas. Este cálculo considera la interrupción de maquinaria, salarios no productivos y retrasos en cronogramas.

Efectos en el comercio y la logística

Panamá, con su economía centrada en el comercio y los servicios, es particularmente vulnerable a las interrupciones. Aunque la huelga no contempla cierres masivos de vías como en protestas pasadas, la reducción de la actividad laboral en sectores clave como el transporte y el comercio minorista podría traducirse en una caída de ingresos diaria de hasta 20 millones de dólares, según estimaciones conservadoras. El Canal de Panamá, vital para el PIB, no se verá afectado directamente, pero cualquier disturbio en la capital podría complicar la cadena de suministro local.

La visión del gobierno: ¿un mal necesario?

El presidente Mulino ha insistido en que las reformas son imprescindibles para salvar a la CSS de un colapso financiero proyectado para después de 2025. Según el gobierno, sin ajustes, el déficit actuarial podría superar los 50 mil millones de dólares en las próximas décadas. Las medidas aprobadas, como la contratación de intermediarios financieros y la evaluación futura de la edad de jubilación, buscan garantizar la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, el Ejecutivo no ha detallado públicamente un plan para mitigar las pérdidas económicas derivadas de la huelga, lo que genera dudas sobre su capacidad de respuesta.

Lecciones de pasadas huelgas en Panamá

Panamá no es ajeno a las movilizaciones sociales y sus costos. Las protestas antimineras de 2023, que duraron más de un mes, dejaron pérdidas superiores a los 1,700 millones de dólares, según el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). Aunque la huelga del 21 de marzo será más breve, su impacto podría sentar un precedente para acciones futuras si el descontento no se aborda. La combinación de un día perdido con la posibilidad de escalada a paros indefinidos plantea un riesgo económico que el país, aún en recuperación pospandemia, podría pagar caro.