En un mercado cada vez más dinámico y complejo, los consumidores enfrentan diversas situaciones que pueden afectar sus derechos. Desde incumplimientos en garantías hasta falta de información en transacciones comerciales, reclamar en Panamá es una herramienta fundamental para exigir justicia. Sin embargo, muchas veces estos procesos pueden ser largos y complicados si no se cuenta con el debido respaldo legal. Por eso es clave realizar consultas con abogados especializados que ayuden a comprender mejor el proceso.
La orientación de expertos no solo aumenta las probabilidades de éxito en una reclamación, sino que también protege a los consumidores de prácticas abusivas por parte de empresas y prestadores de servicios.
Más de 3 millones en quejas: un problema creciente al reclamar en Panamá
Durante el primer bimestre del 2025, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) registró 452 quejas en Panamá, con un valor total que superó los $3.3 millones. Esta cifra refleja una realidad preocupante: el creciente número de consumidores afectados por irregularidades en diversas transacciones comerciales.
El sector inmobiliario encabeza la lista con 65 quejas y un monto total de $1.6 millones, lo que representa casi el 50 % del valor total de las denuncias. Las quejas contra almacenes por departamentos ocupan el segundo lugar, seguidas de sectores como electrodomésticos, autos nuevos y funerarias.
Principales motivos al reclamar en Panamá
Los consumidores que acuden a Acodeco lo hacen, principalmente, por cinco razones recurrentes:
1. Incumplimiento de garantía
Este fue el motivo más frecuente de reclamos, con 186 quejas por un monto total de $949,412.30. Muchos consumidores adquieren productos defectuosos y, al momento de exigir la reparación o el reemplazo, encuentran resistencia por parte de las empresas.
2. Falta de información
Las empresas tienen la obligación de proporcionar información clara y veraz sobre sus productos y servicios. Sin embargo, 81 consumidores denunciaron haber sido afectados por la omisión de detalles importantes en sus compras, lo que representa un valor de $924,355.32 en reclamaciones.
3. Devolución de dinero
En 51 casos, los consumidores exigieron la devolución de su dinero tras no recibir el producto o servicio pactado, lo que generó reclamos por más de $391,000.
4. Incumplimiento de servicio
Alrededor de 34 denuncias fueron interpuestas por servicios que no se prestaron conforme a lo prometido, acumulando un total de $44,392.46.
5. Resolución de contrato
Algunas empresas se niegan a respetar los términos establecidos en sus contratos, lo que llevó a 33 consumidores a exigir la resolución de sus acuerdos comerciales, con un valor total de $15,054.29 en reclamos.
La importancia de reclamar en Panamá
Si bien muchos consumidores se ven afectados por irregularidades comerciales, no todos presentan una queja formal.
Si bien Acodeco ofrece un mecanismo de resolución de conflictos, en muchos casos la asesoría de un abogado especializado es crucial para garantizar el éxito del reclamo. Firmas como OPM ofrecen orientación experta en derecho del consumidor, permitiendo que los afectados puedan estructurar su denuncia de manera adecuada y hacer valer sus derechos con mayor firmeza.
Además, contar con un abogado puede ser determinante en casos donde las empresas intentan dilatar los procesos o evadir su responsabilidad legal. Una consulta con un especialista permite conocer las mejores estrategias para abordar cada situación y, en algunos casos, llevar la reclamación a instancias judiciales si es necesario.
Un llamado a la cultura de reclamar en Panamá
El creciente número de quejas ante Acodeco demuestra que los consumidores están perdiendo el miedo a exigir sus derechos. Sin embargo, aún queda camino por recorrer para consolidar una cultura de reclamación efectiva.
Acudir a bufetes de abogados especializados y hacer uso de los canales disponibles para presentar quejas son pasos esenciales para equilibrar la relación entre empresas y consumidores. Un mercado más justo solo es posible cuando las personas ejercen sus derechos de manera informada y con el respaldo adecuado.
