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Últimas noticias de Nicaragua actualizadas al 06 de junio de 2021

Ortega impone arresto domiciliario a Cristiana Chamorro al acusarla de lavado de dinero

El presidente Daniel Ortega dirigió este miércoles un golpe a sus críticos. Ha mandado un mensaje inequívoco de que la prohibición contra cualquiera que trate de hacerle frente no va a cesar. Cristiana Chamorro, la principal candidata de la oposición en Nicaragua, ha quedado bajo arresto domiciliario. Esto según han informado sus familiares, después de una nueva jornada de tensión e incertidumbre. La policía ingresó a la vivienda de Chamorro con una orden de detención a primera hora de la tarde. El allanamiento se produjo antes de que la líder opositora diese una rueda de prensa para expresar su rechazo al bloqueo judicial de su candidatura presidencial. El Gobierno de Ortega recurrió a una acusación de la Fiscalía por supuesto lavado de dinero para torpedear la participación política de Chamorro.

“La jueza novena del Distrito Penal de Audiencia de Managua, ordenó este 2 de junio la orden de allanamiento y detención contra Cristiana María Chamorro Barrios”. También informó mediante un comunicado la dirección de prensa del Poder Judicial de Nicaragua. “Acusada por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”. “La solicitud de detención fue solicitada por el Ministerio Público en el escrito de acusación presentado este primero de junio en los juzgados capitalinos. También se solicitó la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada”, concluye.

El Ministerio Público de Nicaragua acusó a Chamorro de varios delitos. Solicitó que la inhabilitaran para cargos públicos “por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”.

Últimas noticias de Nicaragua actualizadas al 09 de mayo de 2021

La Mayoría afín a Ortega controlará el tribunal electoral en las elecciones de noviembre

El Congreso de Nicaragua nombró el 4 de mayo a un tribunal electoral afín al gobierno. Sancionó una reforma que obstaculiza la participación de opositores en las elecciones de noviembre, donde el presidente Daniel Ortega busca dominar una nueva reelección. El Consejo Supremo Electoral está compuesto por siete miembros de los cuales seis fueron propuestos por el gobernante Frente Sandinista. El séptimo fue postulado por el Partido Conservador, comunicó el presidente del legislativo Gustavo Porras. Mientras tanto, los tres cargos de magistrados suplentes fueron asignados a un sandinista y a dos candidatos propuestos por la opositora derecha liberal.

Los nombramientos, (que tienen vigencia de hasta cinco años) contaron con más de los 56 votos. Que se necesitan para elegir a los jueces electorales en el Parlamento, donde el partido de Ortega controla 70 de 91 puestos. Entre los jueces electorales sandinistas figuran dos reelectos: Lumberto Campbell y Mayra Salinas, considerados por la oposición como leales al gobierno. “La familia Ortega Murillo ha escogido el camino de imponer magistrados al CSE. Leales a sus intereses y con cero credibilidades para la inmensa mayoría del pueblo de nicaragua”, denunció en un comunicado la opositora Unión Democrática Renovadora.

La mayoría oficialista aprobó una reforma de la ley electoral criticada por la oposición. Esta prohíbe inscribir como candidatos a cargos de elección popular a opositores que apoyen las sanciones internacionales adoptadas contra el gobierno de Ortega. Esto por violaciones de los derechos humanos. Se celebrará el próximo 7 de noviembre elecciones legislativas y presidenciales en las que la oposición aspira a conformar un bloque unido para afrontar el FSLN.

Últimas noticias de Nicaragua actualizadas al 24 de diciembre de 2020

Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó polémica ley de defensa de la patria

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó, por mayoría ley de defensa de la patria. El nombre completo es “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”. Esta iniciativa jurídica inhabilita de cargos públicos a las personas que hayan “lesionado los intereses supremos de la nación”.

En su primer artículo, la nueva ley aclara que pierden sus derechos políticos los nicaragüenses que lideren o financien un Golpe de Estado y que alteren el orden constitucional del país. También priva de sus derechos a aquellos que “fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Y especialmente a los que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.

Los que propongan y gestionen bloqueos económicos serán inhabilitados

Entre los inhabilitados políticamente, según la ley, también están los que “propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones. Además serán sancionados aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.

Esta ley contó con el respaldo de la bancada del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tiene mayoría parlamentaria. Mientras, los partidos opositores mostraron su desacuerdo con el instrumento jurídico, porque consideran que limita las libertades políticas de los ciudadanos.

Varios pases y gobernantes han manifestado que esta ley tiene el objetivo de no permitir a la oposición de participar a las elecciones. Por otra parte este tipo de acusaciones son hechas solo contra los gobiernos de izquierda. Nadie, por ejemplo, hizo la misma acusación al Rey de España cuando encarceló los lideres catalanes.

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