Estados Unidos amplió nuevamente su política de sanciones contra Cuba al incluir en sus listas restrictivas a nueve entidades y dos funcionarios relacionados con la salud pública, la cooperación médica, la energía, el transporte marítimo y el conglomerado empresarial GAESA. La decisión confirma que Washington continúa utilizando las sanciones económicas como una herramienta política para reducir los ingresos externos de la isla y dificultar sus operaciones comerciales.
Entre los sancionados aparecen el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y Gretza Sánchez Padrón, directora de la Unidad Central de Cooperación Médica. También fueron señaladas la propia unidad y la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, responsables de coordinar la presencia de profesionales sanitarios cubanos en otros países.
El Gobierno estadounidense acusa a Cuba de someter a médicos y otros trabajadores de la salud a condiciones coercitivas, retener parte de sus ingresos y utilizar las misiones internacionales como una fuente de financiamiento estatal. A partir de ese argumento, Washington ha presionado a diferentes gobiernos para que revisen o cancelen sus acuerdos con La Habana.
Las brigadas médicas, en el centro de las sanciones contra Cuba
Las misiones médicas representan uno de los principales ingresos de divisas de Cuba. En 2025 generaron unos 7.000 millones de dólares. Ese mismo año, aproximadamente 24.000 médicos y otros profesionales de la salud cubanos prestaban servicios en 56 países.
La magnitud económica de estos programas explica por qué se han convertido en un objetivo prioritario. Las sanciones contra Cuba no solo cuestionan las condiciones laborales de los profesionales, sino que buscan bloquear una fuente de ingresos esencial para el Gobierno que encabeza Miguel Díaz-Canel.
En los últimos meses, Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana terminaron acuerdos de cooperación médica con Cuba. Algunos de esos programas habían funcionado durante más de 25 años y permitían llevar personal sanitario a comunidades con dificultades para contratar médicos propios.
La Habana rechaza las acusaciones estadounidenses y defiende las brigadas como un servicio de cooperación internacional. También sostiene que su desmantelamiento puede reducir el acceso a la salud de cientos de miles de personas, especialmente en países con sistemas sanitarios debilitados.
Energía y comercio también quedan afectados
Las sanciones contra Cuba alcanzan además a tres entidades relacionadas con el sector energético: el Centro de Investigaciones del Petróleo, Empresa de Energía S.A. y Einarbo S.A. Estas organizaciones participan en actividades relacionadas con combustibles, gas, lubricantes, importaciones e infraestructura.
En medio de una crisis energética marcada por apagones, dificultades de generación eléctrica y escasez de combustible, limitar la capacidad financiera y comercial de estas empresas puede tener consecuencias directas sobre la economía y los servicios básicos.
Washington también sancionó a la Terminal de Contenedores de Mariel, operadora del principal puerto cubano para el tráfico de contenedores, junto con Coral Marítima, Ceiba Investments y Orbit. Estados Unidos considera que estas compañías están vinculadas a GAESA y fueron utilizadas para eludir restricciones anteriores.
La inclusión de la terminal de Mariel resulta especialmente sensible. Las operaciones portuarias son esenciales para la entrada de alimentos, materias primas, equipos y otros productos. Aunque las sanciones se presenten como selectivas, bancos, aseguradoras, proveedores y navieras extranjeras suelen evitar operaciones con entidades cubanas para no exponerse a problemas con el sistema financiero estadounidense.
El alcance real de las sanciones contra Cuba
Las medidas congelan los activos que las personas y entidades sancionadas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben que ciudadanos o instituciones de Estados Unidos realicen transacciones con ellas. Sin embargo, el efecto más amplio surge de la capacidad de Washington para condicionar a terceros países y empresas.
La nueva ofensiva se suma a sanciones anteriores contra Miguel Díaz-Canel, varios de sus familiares y Alejandro Castro Espín. De esta manera, la estrategia estadounidense combina castigos personales con restricciones dirigidas a sectores completos de la economía.
Washington presenta esta política como una defensa de los derechos humanos y una respuesta a las acciones del Gobierno cubano. No obstante, sancionar simultáneamente los ingresos médicos, el suministro energético, las operaciones portuarias y el acceso al sistema financiero termina afectando mucho más que a los funcionarios designados.
Las restricciones dificultan la importación de recursos, elevan los costos comerciales y reducen la entrada de divisas. El resultado es una presión económica que se traslada a la población mediante mayor escasez, deterioro de servicios y pérdida de oportunidades.
Más que provocar cambios políticos, seis décadas de sanciones contra Cuba han mantenido una relación basada en la confrontación. La nueva ronda confirma que Washington continúa apostando por el castigo económico como instrumento de política exterior, incluso cuando sus consecuencias terminan extendiéndose a la vida cotidiana de millones de cubanos.
