Un grupo de usuarios solicitó al Gobierno de España a modificar y proteger a quienes poseen tenencias de Bitcoins y criptoactivos

Alegando la protección a los inversionistas españoles de Bitcoins (BTC) y otras criptomonedas. Esto además, afecta algunos principios básicos del ordenamiento jurídico de ese país

El abogado Guzmán López publicó un escrito de petición al defensor del pueblo de España, Ángel Gabilondo. Esto para que intervenga y proteja a los inversionistas de BTC. Además de instar al Estado a modificar la Ley de Impuesto de la Renta de las Personas Física (LIRPF). De los cuales, según dice, atenta contra quienes son usuarios de activos digitales por sus cargas tributarias.

De acuerdo con López, la petición es para regular adecuadamente y en la mayor brevedad posible un nuevo régimen fiscal de los intercambios de monedas virtuales. Para que las permutas queden exentas de tributación, a menos que se vendan criptomonedas por euros u otro dinero FIAT.

Para López, el nuevo régimen fiscal facilitaría enormemente la simplificación y coste de la contabilidad y tributación al contribuyente. Esto al recordar que, ahora mismo, la agencia tributaria exige contabilizar todos y cada uno de los intercambios que se realicen entre criptomonedas. Lo que él califica de “demencial”.

Gobiernos tienen miedo a las criptomonedas

La modificación legal que pide facilitaría el control, la inspección, la contabilidad y la tributación. Además, evitaría, en gran parte, la defraudación fiscal “derivada del miedo a ser multado por cometer un error involuntario en un tema tan complejo”.

López argumenta que la tributación española a las permutas en criptomonedas violenta varios principios del ordenamiento jurídico. Uno de ellos es el principio de capacidad económica de las personas. “En bastantes ocasiones el impuesto puede ser superior al coste del software y del asesor fiscal que la ganancia obtenida operando en todo el año”.

El principio de justicia también es violado, en palabras de López. Esto dado a que no es justo exigir a las personas conocimientos fiscales, contables y técnicos para cumplir con la tributación.

En caso de que no se cumpla, adelantó que procederá a denunciar al Gobierno español ante la Comisión Europea. Esto para que proceda contra el país en el seno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea “por violación de diversos principios del derecho comunitario”.