Han transcurrido 60 días desde el cese de las multitudinarias manifestaciones ciudadanas en contra de la megaminería en Panamá. Estas protestas culminaron cuando la Corte Suprema de Justicia emitió un histórico fallo declarando inconstitucional el controversial contrato minero firmado entre el Estado panameño y la empresa canadiense First Quantum Minerals para la extracción de cobre a gran escala.
A dos meses de estos trascendentales hechos que marcaron un punto de inflexión en la sociedad panameña, es momento oportuno para analizar en profundidad el impacto económico que la megaminería y la acelerada deforestación asociada a esta actividad extractiva estaban ocasionando en Panamá.
Los falsos argumentos económicos esgrimidos por los defensores de la megaminería en Panamá
Uno de los principales argumentos esgrimidos insistentemente por las autoridades gubernamentales, legisladores y voceros empresariales que promovían la megaminería en Panamá, era que esta representaba importantes beneficios económicos para el país en términos de inversión, empleos, ingresos fiscales y crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, diversos análisis económicos realizados por expertos independientes revelaron que tales supuestos beneficios resultaban insignificantes frente a los enormes perjuicios ambientales, sociales y económicos que la megaminería y la deforestación asociada estaban ocasionando en extensas zonas del territorio nacional.
El verdadero impacto negativo de la megaminería en Panamá
Más allá de la escasa generación de empleos directos y los relativamente bajos ingresos fiscales para el Estado, la megaminería estaba pasando una enorme factura económica a los panameños en distintas formas.
Uno de los impactos económicos más significativos de la megaminería estaba relacionado con la afectación a la operación del Canal de Panamá, principal motor económico del país y fuente de miles de empleos directos e indirectos.
La acelerada deforestación promovida por la minería para abrir caminos e instalar campamentos estaba agravando la sequía estacional, reduciendo drásticamente los niveles de agua en los lagos que abastecen al Canal. Esta situación forzó a las autoridades del Canal a disminuir el tráfico diario de barcos por la vía acuática.
Según estimados de la propia Autoridad del Canal de Panamá, estas restricciones al tráfico marítimo provocaron pérdidas calculadas entre 150 y 200 millones de dólares anuales en ingresos por peajes. Dinero que dejó de percibir el Estado panameño.
Riesgo de pérdida de competitividad del Canal ante otras rutas
Más allá de la reducción de ingresos, la creciente escasez hídrica producto de la deforestación minera estaba poniendo en grave riesgo la competitividad del Canal de Panamá ante otras eventuales rutas marítimas globales.
El deterioro de la eficiencia de la principal industria de servicios de Panamá, hubiera tenido un efecto altamente perjudicial en la economía nacional en el mediano y largo plazo, al perder atractivo como ruta de transporte marítimo ante otras alternativas.
Daños ambientales irreparables
Además de los severos perjuicios económicos, la megaminería en Panamá estaba ocasionando enormes daños ecológicos prácticamente irreparables en extensas zonas del territorio nacional.
La deforestación, contaminación de ríos y acuíferos, sedimentación, pérdida de biodiversidad y graves afectaciones a comunidades campesinas e indígenas, estaban dañando de manera irreversible valiosos ecosistemas y sitios de importancia biológica que sostienen actividades económicas como el turismo.
Malbaratamiento del agua ante alternativas económicas de mayor valor
Otro importante costo económico asociado era el malbaratamiento y sobreexplotación del recurso hídrico, cada vez más escaso ante el cambio climático. La megaminería en Panamá demandaba enormes volúmenes de agua para sus operaciones, en desmedro del abastecimiento para actividades económicas de mayor valor en términos de empleo y aporte al PIB, como la agricultura y el turismo.
La necesidad de consolidar un nuevo modelo económico sostenible para Panamá
Tras dos meses sin la presión de la megaminería, Panamá tiene ante sí la oportunidad histórica de consolidar un nuevo modelo económico y productivo más sostenible, que valore y proteja sus recursos naturales estratégicos como el agua y los bosques.
Un modelo que fomente actividades económicas como el ecoturismo, la pequeña y mediana agricultura sostenible, la agroforestería y la producción orgánica, con gran potencial de generar empleos dignos en las áreas rurales, además de proteger los ecosistemas y recursos naturales para las futuras generaciones.
Recuperación del Canal de Panamá
Ahora las autoridades nacionales y del Canal pueden enfocarse en implementar las medidas necesarias para recuperar paulatinamente los niveles hídricos en los lagos Gatún y Alajuela que abastecen a la vía interoceánica, y retomar así el tráfico regular de buques y los consecuentes ingresos por peajes.
La recuperación del Canal y el retorno a su senda de crecimiento deben ser una prioridad de política pública para retomar su rol de principal motor de la economía panameña.
Acelerar la transición energética
La grave crisis hídrica vivida debe servir como punto de inflexión para que Panamá acelere su aún lenta transición hacia las fuentes renovables de energía. Optimizar y reducir el uso de agua para la generación hidroeléctrica, fomentando alternativas solares, eólica y otras, es indispensable ante la creciente variabilidad climática.
