El Tribunal Supremo de Perú encontró una nueva forma de tensar todavía más la situación en ese país andino. Los jueces dictaminaron que las protestas en Perú constituyen un delito. Incluso las manifestaciones pacíficas pueden llevar a la cárcel. A partir de ahora, la huelga laboral y la huelga de hambre son las únicas formas legítimas de protestar. El fallo ha despertado enormes críticas, tanto dentro como fuera del país.
Los magistrados del Tribunal se apoyaron para tomar su decisión en que las protestas en Perú no están reconocidas en la Constitución, ni en ninguna otra ley. Por tanto, cualquier tipo de manifestación, “que afecte derechos de terceros o el sistema económico, degrada y deslegitima irremediablemente la protesta y se convierte en un delito”.
Además, el Tribunal Supremo estableció que bloquear carreteras o caminos en las protestas en Perú constituirá una agravante en el proceso penal. Organizaciones no gubernamentales y grupos sociales criticaron fuertemente el fallo del Tribunal.
Críticas a la decisión del Tribunal Supremo sobre protestas en Perú
De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, esa decisión “viola los estándares internacionales de protección del derecho a la protesta al equiparar bloqueo de carreteras con violencia”. Además, esa organización aseveró que las protestas en Perú eran un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas.
La sentencia del Tribunal llega en un momento muy convulso del Perú. En octubre pasado, la destitución forzosa del mandatario Pedro Castillo provocó una enorme ola de protestas en todo el país. Hubo casi 70 muertos y miles de detenidos.
La organización no gubernamental Human Rights Watch recogió en un informe que el ejército y la policía del Perú habían sido responsables de cometer abusos brutales y de asesinar a manifestantes y transeúntes durante las protestas en Perú, entre diciembre de 2022 y febrero de este año. Los reclamos de la ciudadanía aumentaron después que la presidenta interina, Dina Boluarte y el Congreso Nacional negaran, en reiteradas ocasiones, una convocatoria adelantada a elecciones generales.
